JUDICIALES

Barranquilla, 20 de septiembre de 2017.- Una investigación iniciada hace 6 años por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, contra varios senadores por los casos que tenían que ver con los bienes confiscados a la mafia y que los congresistas los habrían comprado de manera irregular, esto es, “que los congresistas de buenas a primera se habrían atrevido a apoderarse de manera fraudulenta y con presunto tráfico de influencias de los bienes o dineros que los narcotraficantes habían logrado con bala y con sangre y que había entrado a ser parte de activos de la nación pertenecientes al Fondo Nacional de Estupefacientes”, quiso explicar más claramente una fuente que señala que de ser cierto, y comprobarse, estos serían peores elementos que los mismos narcotraficantes. 

La investigación fue reactivada, y se realiza una etapa de pruebas y citaciones e investigaciones al senador liberal atlanticense Alvaro Ashton Giraldo, al senador del Partido Conservador, Hernán Andrade, especialmente por encontrarse en ejercicio y por ser nombrados en los audios de la DEA.

También hacen parte de aquella investigación los ex congresista, Lucero Córtez, Miguel Pinedo Vidal, Oscar Fernando Bravo, y Javier Cáceres. Se conoció que 3 de los procesos los tenía bajo su investigación el magistrado Gustavo Malo, 4 en el despacho del magistrado, Luis Guillermo Salazar y los demás en poder del magistrado Eyder Patiño. 

Cabe destacar que al parecer la Corte se interesó por los senadores, Alvaro Ashton Giraldo, al igual que el senador del Partido Conservador, Hernán Andrade,  y también les abrió indagación preliminar debido a que fueron nombrados desde que estalló el escándalo de corrupción en la Corte Suprema hace unas semanas, escándalo en que aparece involucrado el exfiscal Luis Gustavo Moreno, e implicados los exmagistrados, José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte quienes habrían engavetado los expedientes a cambio de coimas. El tema se conoció debido a que Caracol Radio reveló transcripciones de los audios. En el caso de estos senadores se han negado de plano, no sucede lo que en el caso del senador Musa Besaile, quien señaló que fue extorsionado por los magistrados a través del abogado y ex fiscal Luis Gustavo Moreno.

A Álvaro Asthon se le conocen 11 entradas al alto tribunal, para la época de los hechos criminales, desde enero de 2012 a febrero de 2014, de ellas 5 al despacho del ex magistrado Francisco Ricaurte y 6 a la de Leonidas Bustos. Asthon visitaba asiduamente a sabiendas que tenía el caso de investigación, afirmó un magistrado auxiliar testigo de los hechos. Este martes Álvaro Asthon estuvo en la Corte y se negó a entregar declaraciones, el próximo martes deberá rendir interrogatorio en audiencia a la que ha sido citado.

El objetivo de la Corte Suprema de Justicia es establecer si estos tres personajes pagaron sobornos para influenciar en la decisión de los magistrados como efectivamente al parecer sucedió, debido a que los casos quedaron ahí desde hace 6 años, sin saber que pasó con los personajes.

Por su parte el ex senador Luis Alfredo Ramos ha negado haber dado dinero para influir de algún modo en su caso, lo mismo que Ashton y Andrade, quienes no han querido reconocer que estos hechos hayan sucedido, pero que según los audios enviados por la DEA, son relacionados, debido a que el abogado Leonardo Pinilla, socio de Gustavo Moreno, así lo aseguraba: “Álvaro Ashton había pagado $300 millones a esta red de corrupción”.