GOBIERNO

Barranquilla, 6 de julio de 2019.- Como un respaldo de las tres ramas del poder público a los procesos de meritocracia y las vacantes de empleos en el Estado, se firmó el pacto de la Mesa de Meritocracia, que busca reducir la provisionalidad en el empleo público.

Durante la firma de los acuerdos y compromisos de la Mesa, la Comisionada Presidente, Luz Amparo Cardoso Canizalez, indicó que “la construcción del mérito ha sido conjunta entre las diferentes ramas del poder público y esta mesa de meritocracia busca dotar a la Administración Pública de los mejores profesionales”.

Así mismo afirmó que la Comisión Nacional del Servicio Civil, en el transcurso de sus 15 años, ha generado 244.000 vacantes para el ingreso de los colombianos al empleo público, como un compromiso permanente con la meritocracia en el país.

Por su parte el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Fernando Grillo, manifestó que “el Gobierno del presidente Iván Duque está comprometido con el mérito y con la búsqueda constante de mecanismos que promuevan que las personas más idóneas, competentes e íntegras hagan parte de la administración pública.  En este sentido, quiero destacar que, desde agosto de 2018, en Función Pública hemos evaluado a más de 4.700 candidatos a cargos de Libre Nombramiento y Remoción, a los cuales se les aplicaron pruebas de competencias e integridad”.

A su turno, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, planteó que “nuestro compromiso es darle seguimiento a todos los acuerdos para vigilar los ajustes de los empleos y la reducción de los contratos de prestación de servicios”.

Sobre las inquietudes legales o demandas que han presentado los concursos, Max Alejandro Flórez Rodríguez, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, aclaró que “con la elaboración del curso virtual de empleo público sobre los trámites administrativos referentes a la carrera judicial, la consulta de la jurisprudencia y su divulgación para que sean conocidos por los jueces y quienes aspiran a ocupar cargos en el Estado servirá para que disminuyan los conflictos”.

Por su parte, la Viceministra de Relaciones Exteriores, Luz Stella Jara Portilla informó que iniciará un proceso de selección en coordinación con la Comisión Nacional del Servicio Civil, para 151 empleos del Ministerio.

Acuerdos y compromisos

1. Durante el periodo 2019 – 2022 en el orden nacional se reducirá la provisionalidad en el empleo público, según la planeación de los concursos presentada por la CNSC.

2. La Función Pública, como líder de la política de empleo público, brindará asesoría en los temas relacionados con las convocatorias a las entidades para garantizar que cuenten con manuales de funciones y competencias laborales actualizadas.

3. La Cancillería, ratifica que, con corte a 11 de junio de 2019, se incrementó al 30% el porcentaje de los cargos de embajador provistos por servidores de Carrera Diplomática y Consular (20 cargos). En 2022 la Cancillería espera que dicho porcentaje aumente al 50%.

4. La Comisión Nacional del Servicio Civil y la Función Pública elaborarán y pondrán a disposición de magistrados y jueces, un curso virtual de empleo público, que facilite el conocimiento de los trámites administrativos y la consulta de jurisprudencia y de disposiciones vigentes.

5. Trabajo coordinado de todas las entidades competentes del Gobierno Nacional, firmantes de esta Acta, para revisar contratos de prestación de servicios en el Estado y la promoción de la formalización del empleo público a costo cero.

6. Bajo el liderazgo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y con la participación de Función Pública y de la PGN se adelantará un programa de prevención del daño antijurídico en materia de Empleo Público.

Este logro, es el resultado de 10 sesiones de la Mesa para la Meritocracia del Empleo Público, en la cual participaron la Comisión Nacional del Servicio Civil,  la Procuraduría General, la Función Pública, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, los ministerios de Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.