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Un nuevo CONPES que asegure el financiamiento real de la política pública de atención a víctimas, pidió el Procurador

pgnBarranquilla, 30 de noviembre de 2018.- Este jueves durante la audiencia que convocó la Corte Constitucional para el seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, que declaró el estado de cosas inconstitucionales en materia de desplazamiento forzado, el jefe del Ministerio Público Fernando Carrillo Flórez, propuso un nuevo CONPES para el financiamiento de la política pública de atención a las víctimas en los próximos cuatro años.

El Procurador General de la Nación,enfatizó en la necesidad del “ajuste y prórroga de la Ley 1448 (Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras) para todas las comunidades, principalmente para las étnicas, creando un espacio técnico interinstitucional de participación de las víctimas”.

Carrillo Flórez agregó que ese nuevo CONPES deberá aportar a la superación de los problemas identificados en la caracterización de las víctimas y permitirá fortalecer su atención psicosocial.

Frente a estos retos sostuvo que se debe aprovechar al máximo la oportunidad que da la elaboración de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, para lograr materializar un esfuerzo presupuestal en el próximo cuatrienio, que según un informe de la  Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas -CSMLV, de la que hace parte la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, se requiere $129 billones pesos para financiar la ley en el periodo comprendido entre 2018 y 2021.

Pidió superar la mirada asistencialista en la atención a las víctimas, porque a su juicio tienen poca sostenibilidad en el tiempo.

“La necesidad de orientar sus esfuerzos, de dejar el asistencialismo al lado en relación con la oferta del Estado en materia de promoción social, con un enfoque específico y diferencial, como siempre se ha reclamado con la población víctima del desplazamiento forzado”.

Así mismo, explicó que se necesita la articulación de la reforma rural integral con los Planes de Desarrollo Territoriales (PDT), para que se dé retorno, reubicación, reparación colectiva y restitución de tierras; y armonizar la batería de indicadores de desempeño y resultados, con metas y productos para el seguimiento al universo total de personas desplazadas en Colombia.

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