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Uber, taxis y el libre mercado. Por: María Fernanda Cabal

COLUMNA MARÍA FDAEs entendible el reclamo de los taxistas por la dura competencia que Uber les plantea en el mercado del trasporte individual interurbano. Lo es por cuanto el Estado, para permitirles ejercer libremente un oficio liberal, les hace una serie de exigencias tan injustificadas como lo puede ser su propio reclamo para impedir que otros ciudadanos a través de Uber, puedan competir por un servicio.

Aunque usted no lo crea, para conducir un taxi en Colombia, se les obliga a cada vehículo a pagar un “cupo”, cuyo valor aproximado oscila en los 81 millones de pesos. Lo cómico es que el Estado se reserva el derecho de admisión y literalmente, “roba” al ciudadano que escoge invertir en esta actividad como una opción de vida para generar ingresos. Pero además, como si lo anterior fuera poco, debe comprar una tarjeta de operación anual, que le cuesta un millón de pesos; trámites todos que no están exentos de corrupción.

Sin embargo, su pesadilla no para ahí.  Además de todo lo anterior, está obligado a afiliarse a una empresa para poder tener “representatividad”, pagando 70 mil pesos mensuales, dependiendo de la ciudad y de la empresa con la cual se opere.

Como usted comprenderá, podemos entender la rabia y frustración de todos aquellos que han hecho una gigantesca inversión para poder sobrevivir mientras otros, apoyados en nuevas plataformas tecnológicas, operan con menos restricciones y son capaces de prestar un mejor servicio a costos razonables.

¿Qué se puede hacer frente a la nueva realidad? ¿Cómo un gobierno abanderado de la “Economía Naranja” puede dirimir una situación de hecho, que supera el marco normativo?

La tecnología revolucionó la calidad de vida de las personas y es el mercado mismo -o sea los usuarios-, quienes deciden cuándo, dónde y cuánto pagan por un servicio al que se le exige calidad y, sobretodo, seguridad.

Enfrentar jurídicamente a plataformas como Uber, sólo detendrá temporalmente un problema que va a seguir sucediendo, porque los usuarios van a seguir consumiendo el servicio, a pesar de las sanciones y restricciones.

He ahí el meollo del asunto. Por eso yo me pregunto: ¿Por qué el Estado no propicia un equilibrio? No es sólo ceder a la presión de quienes hicieron inversiones millonarias en sus taxis o a las empresas que monopolizan el servicio y arriendan los vehículos a terceros no propietarios.

Soluciones hay múltiples. Por ejemplo, podría el Estado compensar a todos los que pagaron por estos cupos, para que con los reembolsos puedan ofrecer un servicio de mejor calidad y más próximo a la demanda del mercado.

¿Por qué el Estado no convierte a todos esos conductores de taxis en propietarios, organizando con las concesionarias de vehículos formas de pago razonables que les permita con su trabajo atender sus obligaciones financiadas y al mismo tiempo vivir decentemente?

La puja entre Uber y Cotech S.A nos obliga a entrar al debate con sentido común, apoyándonos en las reglas básicas de la  economía de mercado.

En el entretanto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó “el cese de la prestación del servicio de transporte a Uber” argumentando que la plataforma digital incurría  en “actos de competencia desleal por violación de normas y desviación de clientela (artículos 8 y 18 de la Ley 256 de 1996) al prestar irregularmente el servicio público individual de transporte” y entra a sumarse a otro funesto antecedente, el de penalizar a los conductores de Uber -desempleados en su mayoría- a perder su licencia por 25 años.

Evitar las plataformas es igual a decretar la prohibición del uso de teléfonos inteligentes porque afecta los ingresos de los viejos monopolios de telefonía tradicional y volver a cobrar por las aplicaciones de videollamada, por ejemplo. Y además, resulta ser un claro mensaje de restricción a la libre competencia, que es la expresión genuina de la economía de mercado en una democracia liberal.

Es momento de seguir el ejemplo de la provincia de Mendoza en Argentina o el de Ciudad de México, que en vez actuar en contra de una actividad liberal, decidieron actualizar sus regulaciones y generar un equilibrio en la oferta, en la que todos ganan.

La tecnología va de la mano del mercado. Y en Colombia hay suficiente para todos. Y más, en pleno gobierno promotor de la ‘Economía Naranja’.

8 enero, 2020

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