COLUMNISTAS

La opinión pública quizás olvidó que Piedad Córdoba, en 2005, tras un proceso judicial de dos años, perdió su mandato de senadora tras ser condenada por fraude electoral (por suplantación de electores, suplantación de jurados en mesas de votación y desaparición ilegal de votos). Los condenados fueron Piedad Córdoba, Gabriel Acosta Bendeck y José Renán Trujillo (Ver El Tiempo, 11 de julio de 2005).

Eso prueba que ya en esa época la subversión comunista empleaba el fraude electoral para infiltrar el poder legislativo y otras esferas del Estado. Hoy estamos viendo, en una dimensión cien veces mayor, como en las elecciones legislativas del 13 de marzo pasado, que una técnica especial de fraude, basado en la manipulación de jurados, en la adulteración de los formularios E-14, en la suplantación de electores, en la transmisión de cifras del llamado “preconteo”, en la desaparición y reaparición de votos, estuvo siendo experimentada desde esa época. Y que el sistema, pese a todo, lograba  detectar y sancionar a los avivatos de las urnas, como en el caso citado.

¿Está  hoy el Estado colombiano en capacidad de aplicar correctivos y de sancionar a los responsables de fraude electoral? Eso está por verse. La actitud de los poderes públicos ante el Registrador Nacional, Alexander Vega Rocha, es ambigua, si no turbia. Vega sigue en el cargo aunque él mismo admite que en las elecciones del 13 de marzo hubo miles de actuaciones dolosas que él no ha aclarado ni reparado pues las califica de simples “errores”.

El otro aspecto que es bueno recordar en estos momentos es el refinado arte mamerto de camuflar las inclinaciones políticas de algunos de sus miembros para hacer entrismo en las instituciones “burguesas”. Piedad Córdoba, por ejemplo, se presentó siempre como una “dirigente liberal”. Sin embargo, era desde el comienzo una activista marxista admiradora de las FARC. Ella misma lo dijo a su manera. Ella declaró en 1998 que su primer encuentro con “Tirofijo”, en la llamada zona desmilitarizada, durante el falso diálogo del Caguán, constituyó para ella el gran viraje de su vida, y que el “Mono Jojoy”, así como “Romaña”, y los otros jefes de las FARC, eran hombres de “diálogo” dotados de sanos “principios” que ella “comparte totalmente”. (Ver Voz Proletaria, órgano del PCC, del 14-27 de octubre de 1998).

Nadie olvida las relaciones privilegiadas que ella –personalidad central del dispositivo de Gustavo Petro y de su grupo Pacto Histórico–, tenía con Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, el número uno de hecho de las FARC durante los años anteriores a la muerte de Tirofijo. Piedad Córdoba es acusada desde entonces de  haber “gerenciado” la cautividad de los “rehenes políticos” de las FARC, organizando la liberación de unos, para alimentar operaciones de propaganda, y retrasando la liberación de otros. Tal crueldad buscaba mejorar la deteriorada imagen del dictador Hugo Chávez quien trataba de aparecer, gracias a Piedad Córdoba,  como un “mediador” humanitario.

El 10 de enero de 2008, en efecto, la senadora Piedad Córdoba intervino en la liberación y entrega a Venezuela de las rehenes Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo. Según el gobierno colombiano, en ese momento, otras 774 personas seguían en poder de las FARC.

El 27 de febrero de 2008, cuatro congresistas –Eduardo Géchem, Gloria Polanco,  Luis Eladio Pérez y Orlando Beltrán–, fueron a su vez liberados por las FARC,  con la anuencia del Ejército de Colombia. Este sabía dónde sería la extracción y suspendió  sus operaciones en la zona. Las FARC pusieron los rehenes en manos del gobierno venezolano. En Caracas, Gloria Polanco y Luis Eladio Pérez explicaron que tanto Íngrid Betancourt  como  el coronel Mendieta seguían cautivos y estaban en muy malas condiciones. Gloria Polanco precisó que Ingrid estaba “muy maltratada” y vivía en “condiciones infrahumanas”. Esas revelaciones sobre la barbaridad fariana generaron una ola de indignación en Colombia y en Francia.

Y esa indignación se tradujo en hechos de victoria. El 4 de febrero, millones de colombianos, invitados por un grupo de jóvenes, realizaron la más grande manifestación de la historia del país contra las FARC, en 40 ciudades del país y en más de 30 ciudades del mundo. Dijeron: “¡No más FARC!”,  “¡No más secuestros!”.

A partir de ese momento, el Ejército desató la Operación Filipo que buscaba eliminar o capturar a Pedro Antonio Marín, alias Tirofijo. Quince días después, bombardearon el campamento de Raúl Reyes en Ecuador. Reyes y 16 insurgentes fueron abatidos. Un soldado murió. Nueve días más tarde, la Fuerza Omega atacó el caserío donde vivía Tirofijo, quien es exfiltrado por sus hombres. Pero el 26 de marzo éste muere “de un infarto” y es enterrado en un lugar sin nombre, según declaraciones dadas en mayo por voceros de las FARC.

Tales fueron los preparativos de la célebre Operación Jaque, culminada el 2 de julio de 2008, gracias a la cual el Ejército de Colombia, sin disparar un tiro, logró arrancarle a las FARC 15 rehenes “políticos”, en el Guaviare, incluida Ingrid Betancourt, los tres contratistas norteamericanos y 11 soldados colombianos.

Lo más interesante es que, un mes antes de la Operación Jaque, un periodista francés, Bertrand de la Grange, de Paris Match, acusó públicamente a Piedad Córdoba de haber intrigado ante las FARC para que Ingrid Betancourt no hiciera parte de las liberaciones de rehenes  controladas por Caracas. De la Grange escribió que, durante una reunión clandestina con un operador de las FARC en Buenos Aires, utilizando el alias de Teodora Bolívar,  ella lanzó: “sobre todo no liberar a Ingrid”. La prueba de esa infame intervención está en un mensaje encontrado en uno de los computadores de Raúl Reyes, dijo Paris Match. Un guerrillero, alias ‘César’, subrayó que Piedad Córdoba gritó: “Me importa una güeva la propuesta que haya hecho [Nicolas] Sarkozy para obtener la liberación de Ingrid”.

Otros detalles de ese siniestro conciliábulo de secuestradores en tierras gauchas  indica que la idea de privar a Ingrid Betancourt de toda posibilidad de hacer parte de las liberaciones de rehenes destinadas a remozar la imagen de Hugo Chávez venía del mismo Chávez pues una orden en ese sentido había sido enviada al jefe fariano Iván Márquez, en un mensaje del ministro del Interior venezolano Ramón  Rodríguez Chacín, quien no abría la boca sin autorización de su patrón. Chacín había dicho que de esas liberaciones debía ser “excluida la joya colombo-francesa”, es decir Ingrid Betancourt. Piedad Córdoba negó, el 9 de junio, que ella fuera Teodora Bolívar y amenazó a Paris Match con una demanda si no rectificaba lo dicho. En realidad, no hubo demanda, ni disculpas, ni rectificaciones y la revista Semana, de Bogotá, confirmó las afirmaciones de Bertrand de la Grange (1).

Es bueno volver sobre estos hechos pues Gustavo Petro simula ahora querer apartar a Piedad Córdoba de su movimiento, como si éste fuera una aglomeración de ángeles. Piedad Córdoba está en aprietos, una vez más, con la justicia colombiana e internacional. No solo por sus visitas a la cárcel La Picota, donde se entrevistó, según la prensa colombiana, con criminales como César Pérez García, instigador de la masacre de Segovia, con alias “Douglas” y alias “Gordo Lindo” (2), sino por lo que podría revelar el “Pollo Carvajal” en España, sobre la financiación del chavismo a Gustavo Petro y sobre los abusos y delitos cometidos por ella gracias a su relación con Hugo Chávez. También teme lo que revelará Álex Saab, detenido en Estados Unidos  por lavado de divisas, sobre sus negocios con Piedad Córdoba y los consejos de ésta para que Saab, cuando era un especialista financiero de Chávez,  frenara el pago de viejas deudas de Venezuela con empresarios colombianos.