CONGRESO

Barranquilla, 15 de diciembre de 2018.- La plenaria del Senado decidió este jueves acoger la acusación que la Cámara de Representantes elevó contra el magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández, por la presunta comisión de cinco delitos y enviar el caso a la Corte Suprema de Justicia para que lo investigue penalmente, el escandaloso caso que ha sido denominado “El Cartel de la Toga”.

Un boletín informativo del Senado señala que luego de levantarle el fuero al ex magistrado, “la Corte Suprema de Justicia lo investigará penalmente por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva”.

Por más de siete horas, la plenaria se ocupó del caso Malo, tiempo durante el cual negó las pretensiones judiciales del abogado del acusado, con las que buscaba torpedear el proceso ante el Senado; escuchó el informe de 48 hojas presentado por el congresista Roosevelt Rodríguez, en representación de la Comisión de Instrucción; prestó atención a la exposición del representante Edward Rodríguez, quien instruyó el caso en la Comisión de Acusación de la Cámara y aceptó un total de 39 impedimentos presentados por igual número de legisladores. Esto llevó a que el quórum se redujera a sólo 40 congresistas presentes en la sala de sesiones.

Los impedimentos se debieron a que Malo habría manejado algún proceso de investigación sobre los legisladores o familiares de los mismos. También, de quienes siendo representantes a la Cámara en su momento, ejercieron el derecho al voto sobre el proceso del acusado.

En el desarrollo de la sesión, el senador Roosevelt Rodríguez, dio a conocer los textos probatorios y descriptivos acerca de las acusaciones en contra del jurista Malo.

Se mencionaron casos de la presunta relación de Malo con sobornos que algunos dirigentes políticos le habrían cancelado para que las investigaciones en su contra no avanzaran en la Corte Suprema de Justicia.

Durante la sesión, intervinieron diferentes legisladores. La primera en hacerlo fue la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), quien expresó: “Será la plenaria la que finalmente decida si permite o no la intervención del abogado del magistrado para darle lugar en el recinto”. Aunque la Ley Quinta prohíbe que en el estadio en que se encontraba el caso no podía intervenir el defensor del acusado. Incluso un fallo de Corte Constitucional respalda los alcances de la norma citada.

Luego tomó la palabra el congresista Juan Diego Gómez, quien señaló: “Es la plenaria la máxima autoridad. Entendamos que la presencia del magistrado no causa ningún problema, pues siempre y cuando guarden la postura adecuada en la sala”.

La congresista Aida Avella (Decentes) instó para que hubiese agilidad en el curso de la plenaria al señalar: “El país está esperando una respuesta. Incluso, muchos hemos cancelado compromisos en las regiones para brindarle a los colombianos un aire de confianza con respecto a nuestra justicia”.

“Lo que no podemos tolerar es que se haya corrupción en la máxima autoridad como es la Corte Suprema de Justicia”. Manifestó el senador Gustavo Bolívar (Decentes).