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Se hundió el Acuerdo Escazú con el que se pretendía darle soberanía jurídica al globalismo en asuntos internos, y validar supuestos “derechos humanos ambientales”

Barranquilla, 20 de junio 2021.- Este sábado era el ultimo plazo en que aspiraba la izquierda radical que no se hundiera el proyecto presentado por el Gobierno de Iván Duque y defendido por el ministro de Ambiente, Carlos Correa, quien en defensa de la posición del Gobierno de buscar que el Congreso le aprobara el Acuerdo de Escazú, aun cuando en la bancada de su mismo Partido no tenía ninguna aceptación. Incluso el Consejo Gremial Nacional, le había enviado una carta al presidente Iván Duque solicitándole que no se ratificara el Acuerdo de Escazú en el Congreso de la República, pero tampoco fueron escuchados y el proyecto continuó su trámite.

El Acuerdo de Escazú, que obedece a una agenda ambiciosa del globalismo con la excusa de luchar contra los efectos de la degradación ambiental, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad entre otros, ya había sido suscrito por Colombia en diciembre de 2019, y 12 países más, aunque el Gobierno había manifestado, pocos meses antes, que ya existen instrumentos nacionales e internacionales que permiten cumplir con los objetivos del Acuerdo, y no obstante lo expresado y a sabiendas que Colombia cuenta con una normatividad amplia, buscaba que el proyecto presentado con un mico darle carta blanca a supuestos defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, al igual que entrada al globalismo para apoderarse en la toma de decisiones de la soberanía ambiental y territorial del país, además de darle entrada a tribunales internacionales por encima de la legislación colombiana. En tanto que las ONGs so pretexto de “derechos humanos ambientales” lo que en la realidad son toda una cantidad organizaciones que están además detrás del presupuesto que terminan gastándoselo en sus propias burocracia, pero que a la hora de prácticas ambientales, ninguna, así tal quedaron desenmascarados por Jair Bolsonaro en Brasil, y así es el mismo comportamiento a donde vayan!.

El Acuerdo Escazú por supuesto que tiene a la ultra izquierda como defensora también internamente en el país, entre ellos los Senadores afines a como el senador del Partido Liberal, Jaime Durán Barrera, Antonio Sanguino, a la mujer del fundador de las Farc Manuel Marulanda alias Tiro Fijo, quienes pretendían que este pasara en las comisiones segundas conjuntas, sin embargo en la Cámara de Representantes el congresista, Juan David Vélez, del Centro Democrático, invitó para que los temas relacionados en el marco de acuerdos, convenios y, tratados internacionales, se llevaran a cabo siempre con la suficiente responsabilidad y, no de manera rápida y desapercibida, no obstante el mensaje de urgencia por parte del Gobierno pero siendo un proyecto de iniciativa gubernamental no tienen la potestad para la modificarlo, por lo que se abstuvo de votarlo y el presidente de la Comisión 2da de Senado de convocar a la aprobación del mismo.

Otra de las congresistas que rechazó el proyecto fue la senadora Paola Holguín quien había advertido sobre las graves consecuencias que podría generar para Colombia, la aprobación del tratado de Escazú, especialmente, al momento en el cual no haya acuerdo entre las partes, dado que sería la Corte Internacional de Justicia, la encargada de dirimir esas diferencias. –  Instancia a la cual Colombia renunció.

“Reitero mi compromiso con el tema medio ambiental, creo que Colombia ha avanzado mucho en materia jurídica, para la protección del medio ambiente.  Sin embargo, me sumo a las enormes preocupaciones de los distintos sectores productores del país, sectores como el agropecuario, minero, energético y demás sectores que se han manifestado sobre este acuerdo”, dijo la Senadora del Centro Democrático.

Pero una de las más fervientes opositoras a que Colombia ratificara su firma al Acuerdo Escazú, ha sido la senadora María Fernanda Cabal quiense echó el tema al hombro, y varias veces se expresó sobre los peligros que generaría para el país, y solicitó desde hace muchos meses antes que se rechazara, en la misma forma en que la Mancomunidad Regional Amazónica de Perú solicitó negar la aprobación del Acuerdo de Escazú, por parte del Congreso de la República de ese país, por resultar “lesivo para la región Amazónica” y anunciaron que “defenderán la soberanía plena sobre sus recursos naturales, de modo que estén al servicio del desarrollo nacional y el bienestar de los pueblos”.

¿Por qué los gobernadores indígenas se manifestaron en contra de un Acuerdo que supone un “nuevo modelo de gobernanza” y “mejores estándares en democracia ambiental”?, preguntó la Senadora Cabal.

Y explicó que llegarse a ratificar Escazú, cualquier acción podrá ser judicializada no sólo internamente sino en tribunales internacionales, por afectar “los derechos humanos ambientales”.

La CEPAL, como organismo de la ONU, y promotor del Acuerdo, sabe que ésta fusión de derechos somete al país a la jurisdicción de instancias internacionales que decidirán sobre la gestión de nuestro territorio.

Como agravante, está el sentido del concepto de la palabra “público” -Artículo 2 del Acuerdo-, que define quiénes pueden ser destinatarios de dichos derechos establecidos en el Tratado. Éstos son personas físicas o jurídicas, asociaciones y organizaciones -ONGs- nacionales y extranjeras; que NO necesitan contar con personería jurídica, por considerar que podrían ser sujetos a persecución por parte de las autoridades del Estado.

Por ejemplo, si una empresa quisiera expandir su actividad económica en Colombia y realiza una considerable inversión de dinero, obtiene todos los permisos, cumple los requisitos que exige la Ley, adopta compromisos contractuales tanto con el Estado como con los socios comerciales y, además, coordina con las comunidades y autoridades locales competentes para la ejecución de dicha expansión; su actividad podría ser interrumpida en cualquier momento por una denuncia que invoque el “principio precautorio”, sin necesidad de mayor sustento probatorio, ante una autoridad jurisdiccional. De no lograr su cometido, podrá dirigirse a la Comisión Interamericana para frenar la actividad a través de una media cautelar, o a la Corte Interamericana a través de una medida provisional. Bloqueando indefinidamente el proyecto y ahuyentando cualquier inversión que implique una posible afectación al medio ambiente.

Los propietarios, empresarios o el Estado mismo, deberán responder contra estos ‘defensores’ en caso de ser condenados local o internacionalmente. Y con ello, se compromete cualquier capacidad de desarrollo del país.

Dicen sus defensores que “no es un Acuerdo globalista y mucho menos habrá una cesión de soberanía”. Sin embargo, no sólo la jurisdicción interamericana entra aquí, sino que además, en caso que un Estado parte demande a otro, terminará la disputa llegando hasta La Haya, a la Corte Internacional de Justicia.

En ambos escenarios, la última instancia será un tribunal supranacional. Basta ver el pésimo historial de Colombia en este tipo de litigios, donde no sólo hemos tenido que pagar multimillonarias indemnizaciones, sino que perdimos territorio, como en el caso de San Andrés y Providencia.

Bajo este esquema, las ONG cocaleras podrán utilizar el Acuerdo para argumentar que el Estado los perjudica en su prohibición respecto del cultivo de coca, hasta llegar a la CORIDH, y ahí el Gobierno Nacional no tendrá ninguna injerencia sobre asuntos tan importantes como la lucha contra el narcotráfico.

Peor aún, estas organizaciones podrán argüir que las Fuerzas Armadas obstaculizan la participación pública, y las decisiones no las adoptarán jueces colombianos, sino que será éste tribunal internacional el que dictará sentencias sobre nuestra soberanía.

En cuanto a la progresividad, como mecanismo de “protección a futuro”, se basa en la premisa de la ‘equidad intergeneracional’, que se convierte en un pretexto subjetivo para limitar las posibilidades de la innovación en materia de productividad, con la excusa de garantizar “el bienestar de las próximas generaciones”.  Desconociendo que toda acción humana genera una huella ambiental.

Finalmente, Escazú no permite que el Estado colombiano modifique, adicione o haga reservas en alguno de sus Artículos. Es todo o nada. Y, dadas las circunstancias particulares de nuestra nación, otorgar instrumentos formidables a organizaciones fundamentalistas es haber perdido la guerra sin haberla librado. Por algo será que ningún país desarrollado lo ha firmado.

El presidente ejecutivo de Fedegán también se había expresado sobre el tema en el que señaló que “”el acuerdo es una intromisión a la soberanía de los países, negociada por los que ayer eran de izquierda y hoy se desmarcaron del Socialismo del siglo XXI. Para entrar en vigencia debe ser ratificado por 11 países y hoy cuenta con nueve pequeños, incluido Bolivia, que lo ratificó en tiempos de Evo; pero los grandes de la región: Brasil, Argentina, Perú y, más recientemente, Chile, ya “escurrieron el bulto”, no solo porque ya existen instrumentos internos, sino por el riesgo de “judicializar” las decisiones ambientales, principalmente sobre recursos minero energéticos. Hasta Venezuela se ha hecho a un lado, seguramente presionada por el capital ruso y chino que controla su petróleo””.

Además de “ampliarle el campo de acción judicial ambiental a todas las actividades, incluida la ganadería, ya amenazada por la “extinción administrativa de dominio por incumplimiento de la función ecológica”, que desempolvó la reforma rural fariana. Con el acuerdo Escazú el asunto se vuelve “judicial” y un propietario no solo puede ser llevado ante un juez local, sino ante instancias internacionales con sesgos ideológicos. ¿Por qué, si no, la izquierda es defensora entusiasta del Proyecto de ratificación presentado por el Gobierno?”

““Hay que proteger la naturaleza, pero la realidad no es tan sencilla como pretenden los ambientalistas extremos, la izquierda y el “farcsantismo”. La solución apunta a la sensata recomendación del CGN, que esperamos acoja el Gobierno, de buscar en casa, sin injerencias externas, el equilibrio entre medio ambiente y desarrollo””.

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