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Ramón Navarro, reconoce el delito en el caso de la Triple A, y el juez lo manda para su casa

ramon-navarroBarranquilla, 22 de marzo de 2018.- Tal como lo había anunciado la Fiscalía General de la Nación, el proceso contra el ex gerente de la triple a Ramón Navarro Pereira capturado por el CTI en la ciudad de Barranquilla este martes continuó con las Audiencias. Es así como este miércoles en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Navarro Pereira quien aceptó los cargos que la Fiscalía le imputó por los delitos de falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito o de particulares en concurso homogéneo y heterogéneo.

La investigación contra Navarro Pereira tiene que ver con las presuntas irregularidades presentadas durante los años 2002 al año 2012 que dejó un detrimento estimado en 27,000 millones de pesos, afectando con la facturación a los ciudadanía barranquillera, para después repartirse la marrana, al parecer con los políticos locales y con los españoles, según trascendió luego de la Audiencia. 

A la Audiencia a cargo del Juez 15 Penal Municipal con funciones de control de garantías Daniel Corrales, se presentó de manera voluntaria Julia Margarita Serrano Monsalve luego de ser notificada, dado que también fue gerente de la empresa Triple A, sin embargo ella no aceptó los cargos por falsedad en documento público, enriquecimiento ilícito de particulares en concurso homogéneo y heterogéneo, por lo que una vez cumplió con lo que consideró su deber, se marchó de la sala de audiencias, quedando en libertad debido a que no hay una orden de captura contra ella por este caso y la Fiscalía tampoco solicitó medida de aseguramiento.

Ramón Ramón Navarro Pereira es acusado por el ente investigador por el desvío de de recursos económicos a través de unas 54 órdenes y cuatro contratos de asesoría órdenes con las que inflaban compras o decían haber hecho compras que no hicieron, recursos con los que se hacían presuntos pagos a políticos de esta ciudad.

Recordemos que este investigación nace en España con el escándalo de corrupción desatado en el grupo canal Isabel propietarios de la empresa filial en América Latina de Inassa y esta a su vez con la mayor participación accionaria de  la empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo Triple A, que presta sus servicios en la ciudad de Barranquilla.

Recordemos también que el distrito de Barranquilla involucrado en este asunto al inicio de la conversión de las llamadas Empresas Públicas tenía el 84% de participación accionaria de Triple A, para quedar finalmente en un 15% teniendo ahora otros propietarios. Este es otro tema que también tendrán que resolver las autoridades, mientras el proceso en España avanza y tiene tras las rejas a 12 empresarios y distinguidos políticos incluyendo el expresidente de la comunidad de Madrid, Ignacio González, en Colombia la Fiscalía General de la nación apenas acaba de abrir la investigación con Ramón Navarro y lo manda para su casa.

Cabe destacar que sin embargo el ente acusador venía trabajando e investigando en el tema, si tenemos en cuenta que a finales del año pasado el CTI, estuvo recogiendo material probatorio en las instalaciones del INASSA en la ciudad de Barranquilla ubicada en la carrera 54 con calle 72, información que habría llevado a la captura de Ramón Navarro Pereira no obstante cabe señalar que también están citados a indagatoria otros directivos y ex directivos involucrado entre ellos Julia Margarita Serrano Monsalve, quien se presentó de manera voluntaria.

Es importante señalar que uno de los contratos que más tiene afectado a los involucrados, es el que tiene que ver con lo suscrito el 4 de septiembre del año 2000 entre y INASA y la Triple a en el que se pactó el pago mensual de 4.5% del recaudo de servicios domiciliarios, así lo afirmó la Fiscalía General de la Nación en un comunicado en el que señala que las investigaciones lograron establecer que en 17 años de vigencia de este contrato se pagaron 237.836.823.242 pesos. Dineros con el que se beneficiaría la sociedad de Canal Isabel II y también la empresa del grupo español Canal Extensia S.A.

Según señaló textualmente en la Audiencia la Fiscalía General de la Nación, estos dineros fueron recaudados a través de la empresa Recaudos y Tributos R, dinero que era retirado posteriormente de las entidades bancarias por personal de seguridad de la misma empresa Triple A, y depositados en cajas fuertes en las oficinas de gerencia y de allí nadie sabe para donde cogian.

Así mismo trascendió en la Audiencia que estos dineros eran utilizados para las campañas políticas una para la Alcaldía de Barranquilla del año 2012 y otra para una campaña a la Presidencia, más no estableció el ente acusador los nombres de los personajes ni tampoco se refirió al tema de Presidencia más profundamente, por lo que se espera que en próximas audiencias se siga ampliando el tema y se dé más claridad sobre el asunto pero lo que sí señaló es que estos actos de corrupción se cometieron con la mirada cómplice de los funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla. Por lo que el Fiscal delegado para el caso solicitó medida de aseguramiento debido a que estas actitudes ocasionaron afectaciones a la calidad del servicio y de vida de los Barranquilleros, por lo que señala que no tuvieron en cuenta el daño que estaban causando a toda una ciudad y lo consideró un peligro para la sociedad por lo que debería estar tras las rejas.

Sin embargo el abogado Ramón Mauricio Marín, defensor de Ramón Navarro pidió derecho a la igualdad para Navarro Pereira y afirma que así como no se le dictó medida de aseguramiento Julia Margarita  Serrano Monsalve, tampoco se le dictara medida de aseguramiento a su defendido. Así mismo argumentó la edad de 66 años de Navarro Pereira y la supuesta voluntad de colaborar del indiciado. Según el abogado Ramón Navarro Pereira se ha presentado en múltiples ocasiones a la Fiscalía a rendir testimonio.

Por su parte el juez 15 penal municipal con funciones de control de garantías como medida resolutiva, acudiendo a la solicitud del abogado defensor le dictó a Ramón Navarro Pereira medida privativa de la libertad pero de carácter domiciliario teniendo en cuenta la supuesta colaboración con la justicia. Le corresponde ahora esperar el juicio condenatorio por parte de un juez del circuito mientras continúa en su casa. Y la justicia o la Fiscalía captura al resto de los implicados.

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