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¿Quién mueve los hilos de la detención de los investigadores de la Sijin? Por: EduardoMackenzie

Eduardo Mackenzie

¿Quién será el verdadero beneficiado con el derrumbe de la investigación sobre el “Ñeñe” Hernández? La investigación judicial en Colombia agrava su crisis si los investigadores son detenidos y acusados de “interceptar ilegalmente” a sospechosos aunque la fiscalía haya autorizado tales escuchas. El fiscal general Francisco Barbosa está en mora de aclarar este intrincado asunto al país.

No está muy claro por qué dos investigadores principales de la Sijín de la Policía Nacional, que trabajan en el asunto del controvertido empresario José Guillermo «Ñeñe» Hernández, asesinado en Brasil en 2019, fueron detenidos en Bogotá el 4 de junio pasado por la Fiscalía. Ellos son el mayor de la policía Jefferson Fabián Tocarruncho y el sargento Wadith Velásquez. Según la prensa, el fiscal Daniel Hernández les imputó los delitos de “violación ilícita de comunicaciones, fraude procesal y falsedad ideológica”. Un medio dice que los dos investigadores “habrían interceptado ilegalmente a cinco policías integrantes de su grupo de trabajo.” (1).

Todo indica que los dos agentes de la Sijin, interceptaron conversaciones telefónicas de Hernández en 2018 y 2019, pinchazos que eran perfectamente legales, pues habían sido autorizadas por la fiscalía. Hernández era investigado por el asesinato de Óscar Rodríguez Pomar, un negociante de la Costa Caribe. En marzo pasado, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, entregó a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Acusaciones del Congreso y al Consejo Nacional Electoral, los audios, mensajes de datos y ubicaciones, relacionados con el caso de Hernández. Esa documentación incluyó las llamadas interceptadas a Hernández, “entre el 26 de mayo y el 19 de noviembre de 2018”.

El matutino El Tiempo detalló que los dos policías durante la investigación citada, “habrían pedido que se incluyera, en la misma solicitud de interceptación, cinco teléfonos de miembros de la Policía que no estaban vinculados al caso”. Si no habían sido vistos, al principio, como vinculados “al caso”, poco después los investigadores vieron que había razones para pensar que sí estaban ligados a ese caso. Los funcionarios Tocarruncho y Velásquez sospecharon que los cinco oficiales interceptados eran agentes dobles que actuaban como policías y a su vez como miembros de una banda criminal. El fiscal Hernández que detuvo a los agentes de la Sijin les reprocha haber escuchado ilegalmente a los cinco. La prensa de Cali asegura que éstos habían participado en un operativo en esa ciudad en el que una suma de dinero de una aleta había sido escamoteada. En todo caso, uno de los policías interceptados, de apellido Calderón, alias ‘el caleño’, parece ser, según los agentes de la Sijin, un sicario de la organización de ‘Marquitos’ Figueroa, a la que estaba vinculado José Guillermo Hernández.

Tocarruncho y Velásquez, habrían informado a una fiscal que los números telefónicos de los cinco aparecían en las actividades de una banda que cometía asesinatos en la costa norte, y que los cinco hacían parte de la investigación sobre Hernández y Figueroa. La fiscal aprobó las nuevas intercepciones telefónicas. (2).

Luego es inexplicable que ahora la Fiscalía acuse a Tocarruncho y Velásquez de haber pinchado los celulares de gente “que nada tenían que ver con el proceso de Hernández”. Sin embargo, el grupo de Hernández sí estaba relacionado con el grupo de Figueroa. Como la fiscal ordenó interceptar esos celulares, esa operación fue totalmente legal. El hecho que esos celulares resultaran ser de policías no le quita el carácter legal de esos pinchazos. En cambio, si la fiscal llegara a establecer que los cinco son inocentes, el carácter abusivo e ilegal de esos pinchazos quedaría establecido, pero ese aspecto no ha sido establecido hasta ahora.

Ante esa actuación, Miguel Ángel del Río, abogado de los agentes de la Sijin, calificó la detención de sus defendidos como un “atentado contra la decencia de funcionarios que de manera honorable han actuado con el propósito de establecer las particularidades y las responsabilidades penales al interior de un proceso donde se establecen unas presuntas prácticas fraudulentas desde el punto de vista electoral”. ¿Por qué ese giro sorprendente en la investigación y por qué la Fiscalía quiere, además, “apartar del proceso” al abogado Miguel Ángel del Río? El asunto puede tener un trasfondo impensado.

El País, de Cali, informa que el fiscal Hernández recriminó así al oficial Tocarruncho: “Mayor, usted generó la idea criminal, usted quería que se interceptarán esos números, quería saber si sus compañeros eran corruptos, pero sabía que no era la manera de hacerlo. Se debía presentar una investigación, pero usted no lo hizo de tal manera” (2). El argumento del fiscal no es muy lógico. ¿No era indispensable para la Sijin verificar si los cinco operaban en el contexto de las operaciones ilícitas de José Guillermo Hernández y de Marcos Figueroa? ¿Por qué les reprocha “la manera de hacerlo”? ¿El mayor Tocarruncho no obtuvo acaso la autorización de la fiscal? No se vé por qué esa actuación es, como dice Daniel Hernández, “criminal”. Al calificar de “criminal” esa investigación el fiscal Hernández pone en peligro la totalidad de la investigación adelantada por el mayor Tocarruncho y el sargento Velásquez, sobre el tándem Figueroa/Hernández, a pesar de que el carácter ilegal de las escuchas a lo cinco no sea evidente. Es lo que la prensa llama la “posible estocada a Ñeñepolítica”. ¿Por qué ese cambiazo súbito y difícilmente explicable?

En mayo pasado, el fiscal general Francisco Barbosa había revelado que hubo una financiación ilegal de la campaña de Gustavo Petro en el departamento de La Guajira para los comicios de 2018. Anunció, además, que la Fiscalía abrió una investigación por el caso de ‘Ñeñe política’ que involucra al exganadero y narcotraficante José Guillermo Hernández. Éste, según un fiscal instructor y el fiscal Barbosa, aportó dinero ilegal a la campaña Gustavo Petro. (3).

Gustavo Petro niega ese punto y afirma que la financiaron inexplicada venía de “los trabajadores del carbón” que lo apoyaron en esa campaña pues él les había prometido “construir una economía descarbonizada”, es decir que él había recibido el apoyo de esos trabajadores al decirles que él destruiría alegremente sus empresas y sus empleos. Extraña manera de reaccionar habrían tenido los trabajadores del carbón ante esa idea loca. A menos de que éstos hayan tragado la mentira de Petro de que la tal “reconversión” hacia las “energías limpias”, es cosa fácil. Y que éstas dan mucho más empleos que el carbón. En la lógica engañosa de Gustavo Petro, una enorme mina como El Cerrejón, una de las mayores del continente, se puede cerrar y reemplaza, de la noche a la mañana, con “energías limpias” como pilones eólicos y con hectáreas de tableros solares que requieren poca mano de obra y son, ambas, altamente dañinos para el medio ambiente y deben ser compradas a China.

Petro pretende que los dineros que entraron sin explicación en su campaña de 2018, venían de sus futuras víctimas laborales y no del “señalado narcotraficante”, como define la prensa a José Guillermo Hernández.

Las detenciones del 4 de junio podrían tener, como dice El Tiempo, efectos favorables a las bandas de Hernández y Figueroa (4), pues los pinchazos telefónicos legales recogidos contra esos grupos serán ahora transformados en ilegales por arte de magia. Algo parecido a lo que ocurrió con los computadores del terrorista Raúl Reyes en marzo de 2008: un día son considerados pruebas legales y otro día son inhabilitados por ser “ilegales”. ¿A quién más beneficiará ese cambiazo de última hora? A Gustavo Petro quien sabe que hay una conversación telefónica del “Ñeñe” Hernández muy incómoda para él. Declarada ilegal esa grabación el señor de las bolsas podría respirar tranquilo.
En uno de los audios legales se escucha una conversación entre el “Ñeñe” y un desconocido sobre la financiación de la campaña de Petro en La Guajira. Por eso la Fiscalía anunció que llamará a las personas que gerenciaron la campaña de Petro en aquel momento. En esa conversación, revelada por el propio Petro en un tuit, Hernández habla de “los dineros esos” que le habrían dado a Petro, pero no dice que esos dineros hayan sido aportes de los trabajadores del carbón. (5) La voz habla de “los mineros”. ¿Quiénes son “los mineros”? Nada indica que, forzosamente, éstos sean los “los trabajadores del carbón”. Si esa grabación es retirada del expediente por haber sido “obtenida ilegalmente”, la acusación contra el señor de las bolsas se caerá sin que ese capítulo del expediente haya sido examinado realmente.

¿El fiscal general Francisco Barbosa valida los procedimientos del fiscal Daniel Hernández? Si ese es el caso, Barbosa debería explicarle al país muchos puntos de ese intrincado asunto, pues las consecuencias del giro de última hora que ha dado la Fiscalía podrían tener un impacto negativo que va más allá de lo judicial y se inmiscuye, sobre todo, en el terreno político-electoral.

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