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Procuraduría presentó el diagnóstico “La Pesca Ilegal Marina en Colombia” en Santa Marta

Barranquilla, noviembre 28 de 2016.- “La problemática de la pesca ilegal en nuestro país tiene como principales sujetos activos o infractores a particulares de otras nacionalidades”, fue una de las conclusiones socializadas el día de hoy en Santa Marta (Magdalena) durante la presentación de la publicación ‘La Pesca Ilegal Marina en Colombia’, trabajo investigativo realizado por la Procuraduría General de la Nación.

Otros resultados del diagnóstico señalan que en Colombia el desconocimiento de la norma ha generado confusión no solo entre los mismos pescadores sino también en las autoridades competentes del asunto y la gestión institucional no ha sido suficiente en algunas zonas del país.

De igual forma, los requisitos indispensables y obligatorios para ejercer la actividad de pesca en el país son costosos, confusos, dispendiosos y demorados de tramitar; la política social empresarial de las industrias costeras frente a la población de pescadores artesanales no ha sido implementada de manera adecuada; y es evidente, tanto en lo verificado en la información obtenida de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) y lo verificado en campo, que esta entidad no cuenta con los recursos humanos y económicos suficientes para ejercer y cumplir con sus funciones y obligaciones de acuerdo a la norma.

Finalmente, el procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Gilberto Augusto Blanco Zúñiga, junto con su equipo de trabajo, realizó algunas recomendaciones en la materia, entre otras, que es urgente que el Gobierno Nacional tome acciones contundentes para la regulación de la pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada (INDNR); para esto, una de las primeras acciones es la expedición de una norma que tenga como objetivo principal la lucha en contra de este flagelo económico y ambiental.

De igual forma, la institucionalidad pesquera, marítima y militar necesitan de un procedimiento especial que garantice no solo los derechos de los investigados sino la efectividad y seguridad jurídica en los procedimientos de interdicción judicial y disposición de los presuntos infractores ante las autoridades judiciales correspondientes.

También se recomendó implementar un sistema de monitoreo a la pesca artesanal e industrial, robusto y constante en el tiempo, que permita evaluar los eventos biológicos pesqueros importantes de los diferentes recursos pesqueros; educar, sensibilizar e informar suficientemente sobre la normatividad del sector, y sobre los problemas e impactos ambientales negativos que causa la pesca INDNR, específicamente como factor que genera agotamiento de los recursos pesqueros y deterioro de los ecosistemas asociados.

Por último, se sugirió formular y diseñar mecanismos de cooperación y coordinación interinstitucional entre la Armada Nacional y la AUNAP, con el fin de que las dos entidades puedan acceder de forma permanente y oportuna a la información de las embarcaciones pesqueras.

A la socialización del documento investigativo asistieron autoridades ambientales y marítimas de la región caribe. Este estudio realizado por la Procuraduría General de la Nación contó con el apoyo técnico y financiero de la Fundación MarViva.

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