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Procuraduría pide a la alcaldía de Cartagena medidas urgentes y efectivas para frenar problemáticas en Tierra Bomba

Recomendó a la Administración Distrital replantear las políticas públicas trazadas para disponer de mecanismos efectivos que logren la defensa, promoción y garantía de los derechos de esa población vulnerable.

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Barranquilla, mayo 15 de 2017.- La Procuraduría General de la Nación solicitó este lunes al alcalde, Manuel Vicente Duque, debido a la problemática que presenta la isla Tierra Bomba en Cartagena, Bolívar, y sus corregimientos Punta Arena, Bocachica y Caño de Loro, por la escasez de agua para el consumo humano, falta de electricidad, consumo de sustancias psicoactivas, microtráfico, pandillismo, deserción, inseguridad, entre otras, adoptar medidas urgentes para evitar la vulneración de los derechos fundamentales de los habitantes que allí residen, especialmente de la población adolescente y joven.

El Ministerio Público informó que el organismo de control, en seguimiento a la aplicación  de la Ley 1257 de 2012 y de las acciones que se han desarrollado para proteger a los adolescentes y jóvenes de la isla, solicitó información sobre las medidas que adoptadas para evitar que en esa región se continúe con la venta de alucinógenos, competencias claramente establecidas de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia y que el ente debe cumplir a cabalidad sin tergiversar las leyes y el derecho.

Además, busca supuestamente “conocer las acciones que emprenderá a corto, mediano y largo plazo para superar los problemas de inseguridad que sufre la comunidad, la atención brindada a los jóvenes que han consumido estupefacientes y si se investiga a quienes se han dedicado al negocio del microtráfico”, según manifestó la entidad.

La Procuradora Delegada, Sonia Patricia Téllez Beltrán, advirtió que las necesidades básicas de los residentes en la isla todavía no se han resuelto y que las brechas existentes en el territorio aún no han sido superadas. En este sentido, recomendó a la Administración Distrital replantear las políticas públicas trazadas para disponer de mecanismos efectivos que logren la defensa, promoción y garantía de los derechos de esa población vulnerable.

Para el organismo de control “(…) la existencia de pandillas, de consumo de sustancias psicoactivas, y de microtráfico en ese sector, exige que el equipo de trabajo de la alcaldía se articule con las entidades competentes en temas de juventud, con la policía, y la Fiscalía para que articuladamente se propenda por la búsqueda de medidas de prevención, protección y promoción que redunden en el bienestar de los jóvenes, se disminuya la violencia y se evite la creación de nuevos grupos delincuenciales que atentan contra la seguridad ciudadana”.

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