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Presuntos lavadores de activos al mando de Salomón Korn no aceptaron los cargos. Juez les dicta medida domiciliaria a 3 y cárcel a 4

Valledupar, 6 de agosto de 2019.- Estos últimos días posterior a las capturas de 10 personas presuntamente vinculadas al lavado de activos provenientes de Venezuela en audiencias concentradas cumplidas en Bogotá, la Fiscalía General de la Nación solicitó medidas de aseguramiento privativas de la libertad contra siete de los presuntos integrantes de esta red que habría creado presuntas empresas de papel para realizar exportaciones y blanquear recursos ilícitos del extranjero pagos 10 millones de dólares  por concepto de comercio exterior, y servicios profesionales y técnicos, dinero que posteriormente habría sido transferido a cuentas de bancos en Panamá, Taiwán, India y Hong Kong, entre otros.

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La Fiscalía respaldó su petición con material probatorio que demostraría la existencia de un esquema en el que, al parecer, se hicieron exportaciones a Venezuela de productos agroindustriales a precios muy por encima de los costos demercado. 

Los elementos recopilados en las investigaciones según la Fiscalía evidenciaron que las empresas exportadoras no tenían sede física ni la infraestructura para soportar transferencias comerciales millonarias como las que reportaron. 

Por lo anterior el juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento privativas de la libertad contra todos los procesados. No obstante algunos con detención domiciliaria fueron afectados: Salomón Korn Mitrani, Andrés Felipe Puyana, Gloria Andrea Pérez.

Otros cuatro investigados fueron enviados a centros carcelarios, ellos son: John Arias Giraldo, Fabián Esteban Gutiérrez, Alexander Cortés Lozano, Eliana Cortés Lozano.

El fiscal de conocimiento imputó lavado de activos y concierto para delinquir agravado cargos que fueron aceptados por dos de los procesados Salomón Korn Mitrani y Andrés Felipe Puyana, los demás rechazaron su participación en los delitos.

Según la investigación la Fiscalía dice que estableció como cabecilla de la red de lavado de activos al empresario Salamón Korn quien según el ente investigador tendría la capacidad de mover dinero desde y hacia empresas de papel y compañías subsidiadas, y garantizar el retorno de grandes cantidades de dinero.

Adicionalmente, las investigaciones evidenciaron que se habría constituido una fundación para supuestamente ayudar a niños de bajos recursos, de esta forma intentaban disminuir gastos fiscales y simular una acción filantrópica que, en realidad, no existía.

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