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Por corrupción Juez 81 dictó medida de aseguramiento contra el Alcalde de Riohacha y su Secretaria de Educación

alcalde-de-riohacha-y-su-sec-de-edu-1Barranquilla, 2 de febrero de 2017.- Por corrupción Juzgado el 81 Penal de Bogotá con función de garantías, dictó medida de aseguramiento contra el Alcalde Fabio Velásquez Rivadeneira, y Secretaria de Educación de Riohacha,Dilcey Yensith Acosta Novelys.

El Juez envió a la cárcel a alcalde Velásquez Rivadeneira, y a su secretaria de Educación de acuerdo a la solicitud que le hizo la Fiscalía General de la Nación, como presuntos responsables de los delitos de peculado por apropiación, contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público, afirmó el ente acusador.

Los defensores no apelaron la decisión pero pedirán la revocatoria directa de la medida. Y aunque la Fiscalía solicitó que fueran recluidos, ella en la cárcel del Buen Pastor, y el alcalde en la cárcel La Picota, permanecen en el Bunker de la Fiscalía.

La audiencia pública de imputación de cargos se llevó a cabo este miércoles, donde los dos funcionarios se declararon inocentes de los delitos endilgados por el ente acusador.

Recordemos que este lunes la Fiscalía los capturó en la ciudad de Riohacha y fueron puestos a ordenes de un Juez en la capital de la República. Según  el ente acusador, los dos funcionarios habrían cometido irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), a través de un contrato con Asocar ejecutado mediante el convenio 002 de 2016 por un valor de 5.717 millones de pesos, dirigido a la población infantil indígena y vulnerable de esta municipalidad.alcalde-de-riohacha-favio-velasquez-3

Señaló el ente acusador a través de un pronunciamiento que “la delegada de la Fiscalía  argumentó el visible el grado de desnutrición de los menores de los estratos uno al tres, aportando elementos materiales que comprueban el ilícito”.

“Son delitos de la mayor gravedad por tratarse de dineros públicos, sagrados, los cuales tenían un deber de cuidado y resguardo constitucional”, sostuvo el fiscal al solicitar la medida privativa de la libertad.

Se cuestiona  la contratación de cerca de 5 mil almuerzos escolares por 900 millones de pesos, y un complemento alimentario para 16 mil niños por un valor cercano a los 3.100 millones de pesos.

“Los alimentos no son aptos para el consumo humano, de mala calidad o porciones insuficientes”, entre otras anomalías reveladas la Fiscalía.

De la misma manera, advirtió que los derechos de los menores de edad y  de los niños prevalecen sobre cualquier otra legislación amparados en la Carta Política y códigos de rango constitucional y en los tratados internacionales.

También aseguró que la privación de la libertad era urgente y necesaria porque existe un evidente riesgo de obstrucción a la justicia por el poder político que ellos tienen en la región.

La Fiscalía en concordancia con la Procuraduría afirmó que la sociedad civil no puede ver libres a quienes les hacen daño a los niños apropiándose de su dinero mediante maniobras corruptas que deberán demostrarse en juicio.

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