JUSTICIA

La prueba piloto beneficiará a 32.134 arhuacos y a cinco centros en los que esta etnia soluciona  conflictos con la ley.

Santa Marta, 3 de abril de 2017. El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Medina Ramírez, firmó un convenio interadministrativo con el Gobernador del Cabildo Mayor del Resguardo Arhuaco, José María Arroyo Izquierdo, con el cual el Gobierno Nacional busca apoyar y fortalecer la justicia propia y los cinco centros de reflexión, sanación y armonización en los que esta etnia indígena soluciona sus conflictos con la ley.

Este proyecto piloto de la Dirección de Política Criminal del Minjusticia es una estrategia de resocialización diseñada para garantizar los derechos constitucionales y físicos de los pueblos indígenas, y para apoyarlos con herramientas que contribuyan en su proceso de resocialización sin dejar atrás su permanencia física y cultural. Así se da cumplimiento al apartado del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 referente al goce efectivo de los derechos de esta población.

“El proyecto se apoya en el establecimiento de vínculos y proyectos conjuntos entre el Gobierno y el pueblo arhuaco. Desde el Ministerio de Justicia buscamos apoyar y fortalecer su justicia propia, una justicia en la que creemos firmemente. El haber sacado adelante esta prueba piloto marca una ruta que nos llevará a finalizar con éxito este proyecto”, dijo el Viceministro Medina.

Este convenio también se firma por el deber que tiene el Estado de adoptar enfoques diferenciales para los pueblos étnicos con el fin de superar condiciones históricas de discriminación. Para el Ministerio resulta vital que en los territorios en los que habita esta etnia se fortalezca la  Jurisdicción Especial Indígena, pues así se solucionará la problemática que se presenta en los centros de reflexión y en el seno de las comunidades.

“Este es el primer aporte que hacemos respecto a un proyecto que nos permitirá pensar en la construcción y reglamentación de una justicia propia. Ahora los arhuacos podrán contar con instalaciones que les ofrezcan la seguridad y tranquilidad de aplicar su justicia con reglamentos recogidos y asimilados. Nuestro recurso técnico y financiero ya está listo y es lo que hoy ponemos sobre la mesa”, puntualizó Medina Ramírez.

Con la ejecución de este convenio, la cartera de Justicia le apunta a diseñar políticas públicas resocializadoras étnica y culturalmente diferenciales. También, a mejorar y brindar condiciones especiales de reclusión para la población indígena privada de la libertad, a disminuir el hacinamiento carcelario y a atender las cosas declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional.