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MinJusticia adopta medidas para enfrentar hacinamiento en Bogotá

margarita-cabello-3Barranquilla, 24 de enero 2020.- Este miércoles la Ministra de , y del Derecho, Margarita Cabello Blanco, se pronunció frente a la crisis de hacinamiento que durante los últimos días se ha presentado en algunas estaciones de policía y unidades de reacción inmediata (URI) de Bogotá.

La alta funcionaria recordó que el Gobierno Nacional es responsable de las personas condenadas, pero que de quienes están sindicados o procesados deben encargarse los entes territoriales. Y en este caso específico, el Gobierno Distrital.

“De las 1.174 personas privadas de la libertad en Bogotá, en URI y estaciones de Policía hay 118 condenadas, que son nuestra responsabilidad. Y el Inpec ya inició su traslado a centros de reclusión del orden nacional, con lo que se liberarán cupos que quedarán a disposición de las autoridades distritales”, explicó la titular de la cartera de Justicia.

En este contexto, y para aportar a la solución de la problemática del Sistema Penitenciario y Carcelario, el MinJusticia continuará desarrollando un trabajo articulado con los entes territoriales en los siguientes apartados:

1. Manejo de pospenados (personas que han terminado de cumplir sus penas) en proceso de resocialización y alfabetización.

2. Fortalecimiento de programas y estrategias de prevención de la reincidencia criminal, como Casa Libertad, que se ha venido ejecutando en Bogotá y recientemente arrancó en Barranquilla. En 2020 se espera ponerlo en marcha en otras ciudades del país.

Por último, se debe indicar que esta compleja problemática no se puede reducir solo al tema de hacinamiento y a la construcción de nuevos establecimientos de reclusión, sino que se debe apuntar a una estrategia integral de prevención de la criminalidad en la que deben intervenir muchos actores bajo la articulación del Ministerio.Este miércoles la Ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco, se pronunció frente a la crisis de hacinamiento que durante los últimos días se ha presentado en algunas estaciones de policía y unidades de reacción inmediata (URI) de Bogotá.

La alta funcionaria recordó que el Gobierno Nacional es responsable de las personas condenadas, pero que de quienes están sindicados o procesados deben encargarse los entes territoriales. Y en este caso específico, el Gobierno Distrital.

“De las 1.174 personas privadas de la libertad en Bogotá, en URI y estaciones de Policía hay 118 condenadas, que son nuestra responsabilidad. Y el Inpec ya inició su traslado a centros de reclusión del orden nacional, con lo que se liberarán cupos que quedarán a disposición de las autoridades distritales”, explicó la titular de la cartera de Justicia.

En este contexto, y para aportar a la solución de la problemática del Sistema Penitenciario y Carcelario, el MinJusticia continuará desarrollando un trabajo articulado con los entes territoriales en los siguientes apartados:

1. Manejo de pospenados (personas que han terminado de cumplir sus penas) en proceso de resocialización y alfabetización.

2. Fortalecimiento de programas y estrategias de prevención de la reincidencia criminal, como Casa Libertad, que se ha venido ejecutando en Bogotá y recientemente arrancó en Barranquilla. En 2020 se espera ponerlo en marcha en otras ciudades del país.

Por último, se debe indicar que esta compleja problemática no se puede reducir solo al tema de hacinamiento y a la construcción de nuevos establecimientos de reclusión, sino que se debe apuntar a una estrategia integral de prevención de la criminalidad en la que deben intervenir muchos actores bajo la articulación del Ministerio. martes 21 y miércoles 22 de enero se desarrolla en Ciudad de México el ‘Primer diálogo de implementación regional de las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas’, evento en el que el Ministerio de Justicia y del Derecho, que lidera Margarita Cabello Blanco, está representado por la Directora de Política de Drogas y Actividades Relacionadas, Ana María Rueda Rodríguez.

La funcionaria intervino este martes con una presentación que giró en torno al enfoque de derechos humanos en la política de drogas y que tuvo lugar en el segmento de las experiencias nacionales.

“Ruta Futuro, política integral del gobierno de Colombia para enfrentar el problema de las drogas,  tiene un enfoque de derechos humanos que se ilustra a través de la identificación de los sujetos vulnerables a esta problemática. Para ellos la Política ha propuesto y está desarrollando intervenciones concretas. Un ejemplo es el Programa de Seguimiento Judicial para Jóvenes en el Sistema de Responsabilidad para Adolescentes”, indicó Ana María Rueda.

A continuación, destacó que Colombia cuenta por primera vez con un documento de política pública de drogas que incluye en sus principios el enfoque de Derechos Humanos y actividades para su implementación. “Las mujeres, los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes, las comunidades étnicas y el medio ambiente son prioridad en esta política”, puntualizó.

Y respecto a lo que viene, la Directora de Drogas del MinJusticia manifestó que con el fin de avanzar en la implementación efectiva de Ruta Futuro, la cartera que preside Margarita Cabello revisará las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas elaboradas por la Universidad de Essex y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el apoyo de los gobiernos de Alemania y Suiza.

El encuentro que se cumple en la capital mexicana, primero de su tipo, sigue un proceso consultivo de tres años para desarrollar las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas, lanzadas en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en marzo de 2019.

En el evento –que organizan el Centro Internacional de Derechos Humanos y Política de Drogas de la Universidad de Essex (Inglaterra), el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza y el Programa Global de Políticas de Drogas y Desarrollo de la Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo- se hacen presentes representantes de gobiernos, la academia y la sociedad civil de toda la región con el fin de discutir el papel de los derechos humanos en el avance de respuestas humanas y justas al problema mundial de las drogas.

La reunión proporciona un espacio informal para que actores nacionales y regionales discutan e identifiquen los desafíos y oportunidades para la implementación de las mencionadas directrices, y consta de varios paneles en los que se establecen contextos y se proporciona información para talleres participativos de lluvia de ideas.

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