CIUDADES Y DISTRITOS

Barranquilla, 11 de septiembre de 2020.- Este jueves se conoció que los organizadores de la fiesta ilegal en el edificio La Ría, pagaron por debajo de la mesa para que les dieran permiso para la celebración que contó con músicos y mariachis, y en la que luego de consumir licor, y droga según algunas denuncias, de redes, maltrataron y golpearon a dos mujeres Dalila Peñaranda, médico pediatra y Carmen Pérez empleada doméstica, vecinas del apartamento donde unos bailaban con altos decibeles, mientras otros perdían el sueño.

Es así como Martín Samir Caro Parra y Fanny Franco Pérez, salieron a defender su fiesta ilegal, alegando en un escrito enviado al Inspector Noveno de Policía, donde le informan al inspector que ellos pagaron la suma de 500 mil pesos a la administradora del edificio La Ría, Glenny Barranco Vargas, dinero que se habrían repartido entre ella y dos vigilantes más, y que se le hizo llegar a través de su vigilante de confianza de ella, razón por la que pudieron celebrar lo que califican como una “pequeña reunión social”.

Le repartija para la fiesta ilegal según la denunciante fue de 300 mil pesos para la administradora y  los otros 200 mil pesos repartidos de a 100 mil entre los dos vigilantes.

A raíz de la denuncia de los inquilinos organizadores de la fiesta ilegal, la administradora que se declara inocente, dijo que los demandara por calumnia e injuria, y que además ya antes tuvo que poner una querella policiva porque los inquilinos venían con un ritmo de 15 meses de fiestas seguidas.

Mientras la pareja Martín Caro Parra y Fanny Franco Pérez, reiteran su denuncia y además señalan, que no fue una sola vez, sino que “en todas las actividades que se realizaban en el apartamento dábamos dinero para que nos permitieran las actividades”.

Al finalizar la diligencia, se firmó un acta ante el Inspector, sin embargo la administradora negó de plano el haber recibido dinero alguno.

Finalmente hay que decir que la pareja no obstante que les pidieron el apartamento se niegan a desocuparlo, porque según ellos, “ni la administradora, ni el propietario del inmueble pueden solicitarles desocupar el apartamento porque el contrato de arrendamiento fue prorrogado hasta el próximo año, y de tener que mudarse, exigen indemnizarlos.