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Los opacos objetivos de “Defendamos la paz” Por Eduardo Mackenzie

duque-en-cartagena¿Qué ocurrió en Cartagena de Indias en viernes pasado? Si damos crédito a la prensa no pasó nada, salvo un acto cívico de rechazo, como en otras ciudades, “al asesinato de líderes sociales”. Artículos cortos y truncados disimularon el hecho esencial: la bella ciudad amurallada, conocida por su espíritu alegre y su tranquilidad política, esta vez mostró un rostro amenazante. “¡Asesino!”, “¡Fuera!” les gritaron al presidente Iván Duque y a la vice presidenta Marta Lucía Ramírez un centenar de energúmenos que agitaban pancartas rojas y banderas de la UP y de las Farc.

Los dos altos funcionarios habían llegado hasta el Parque San Antonio con la intención de desfilar con 30 “líderes sociales” que han sufrido amenazas de muerte. Sin embargo, ante el masivo estallido de odio, Duque y Ramírez fueron ex filtrados por el servicio de seguridad.

El petrismo está en plena efervescencia. En la Ciudad Heroica, los adoradores del señor de las bolsas de plástico quieren apoderarse, el 27 de octubre próximo, del principal destino turístico de Colombia. ¿Fueron ellos los que se amotinaron contra la visita de Duque y Ramírez? Entre los 15 candidatos para ocupar el cargo de alcalde de Cartagena figura Adelina Covo, una historiadora y ex juez del Consejo Nacional Electoral, que parece tener el apoyo de la coalición UP-Colombia Humana, corriente retrógrada y anticapitalista que hizo de las suyas en Bogotá durante 15 años. No hay señas de que Covo haya criticado lo que hicieron sus eventuales electores el viernes pasado.

Lo de Cartagena pone sobre el tapete las fallas del equipo encargado de la seguridad del Presidente de la República. ¿No podían prever que la mamertería trataría de sabotear el evento humanitario para transformarlo en manifestación contra el gobierno? ¿No podían anticipar que la subversión trataría de manipular a la gente? Duque y Ramírez esperaban que su presencia sería bien acogida y convertida en prueba de que la fraternidad ha regresado a Colombia. Los hechos indican lo contrario. Ni los aclamaron ni los toleraron. Los abuchearon y los agredieron verbalmente. Ese incidente mostró el error de análisis de los servicios oficiales sobre el clima político del país.
Acatar la tóxica herencia santista, sobre todo los pactos Santos/Timochenko, redactados en La Habana, no redujo en nada la agresividad de las Farc y sus aparatos contra el Estado y sus representantes.

La jornada del 27 de julio fue ideada por un grupo llamado “Defendamos la paz”, dirigido por figuras desgastadas del santismo más radical: Humberto De la Calle, Roy Barreras, María Ángela Holguín, Juan Fernando Cristo, Luis Carlos Villegas, Guillermo Rivera, Frank Pearl, Iván Cepeda y Alejo Vargas, entre otros, con varios jefes de las Farc, como Lozada, alias “tornillo”. El objetivo, según ellos, era “protestar contra las amenazas y asesinatos de dirigentes comunitarios”. La prensa transformó ese enfoque sectario en otra cosa: en “marchas en defensa de la vida”. La ciudadanía creyó que el llamado era generoso y apartidista. La opinión fue manipulada. El mismo presidente Duque cayó en la trampa. En Cartagena justificó de manera confusa su actitud: “Todos marchamos como simples gregarios en una sola voz, donde todos rechazamos la violencia contra líderes sociales, sin protagonismos, porque el verdadero protagonismo lo tienen los que han sido héroes en nuestro país y han entregado su vida”.

¿Por qué Iván Duque aceptó participar en una marcha organizada por la oposición? ¿Por qué fue a marchar con gente que excluye a otras personas amenazadas y asesinadas? ¿Por qué fue a marchar bajo las banderas de las Farc y de la “Colombia Humana” que no tuvieron una palabra de piedad por los militares y policías, los verdaderos héroes de nuestro país, asesinados y heridos en estos meses por el ELN, el EPL, las Farc (supuestamente disidentes)?

“Defendamos la Paz” tiene una sola meta: reencauchar a sus voceros y preservar hasta la última coma de las concesiones hechas en Cuba a las Farc. Para eso se arroga el papel de víctima, la única que habría en Colombia. Defiende a la JEP, dice que sus magistrados son “víctimas de presiones y atropellos”, señala que “los togados de la Corte Suprema de Justicia” son también “chantajeados” y objeto de “interceptaciones ilegales”.

Ese grupúsculo pide el refuerzo de la injerencia de la ONU en Bogotá, cómplice del falso desarme de las Farc, y pide que esa oficina espíe al gobierno de Duque, al cual le reprocha “no haberse pronunciado sobre lo ocurrido estas últimas semanas”.

A ese nuevo aparato le interesa la guerra. Se opone violentamente a todo aquel que pida la reforma o la abolición de la JEP y de los demás puntos dementes del acuerdo Santos/Farc. Su única preocupación es la protección de los “dirigentes comunitarios”, es decir los “comunes” de las Farc, y la imposición de los pactos habaneros que son rechazados por el país.

Ello explica la algarada belicosa que protagonizaron en Cartagena. Lo de allí y lo del resto de ciudades fue un globo de ensayo. Querían ver hasta qué punto era posible manipular los sentimientos de las mayorías lanzando una propuesta estrecha que fuera leída como algo amplio y en defensa de la vida. Ese experimento tuvo sólo un éxito relativo (hubo manifestaciones pero no fueron unánimes sus consignas, ni fueron numéricamente comparables con las anteriores contra la violencia Farc). En todo caso, la exigua vigilancia ideológica de quienes ganaron el referendo de 2016, y que están llamados a distinguir y separar los objetivos subversivos de los sentimientos populares, le abrió al Farc-santismo una brecha.

En numerosos asesinatos de líderes sociales se ha visto la mano del Eln, del Epl, de las disidencias de las Farc y de otros grupos criminales “no identificados”, al lado de otras bandas de perfil incierto también relacionadas con la minería ilegal y el narcotráfico. Todos ellos buscan eliminar testigos de hechos pasados, arreglar cuentas pendientes, obstruir nuevas ambiciones y, sobre todo, imponer un clima de terror y de disciplina de perros entre los desmovilizados.

Alfonso Monsalve juzga como inadmisible el hecho de que gente que tiene lazos con grupos que están jugando doble pretendan dirigir un movimiento contra ese plan pistola. Él tiene razón. En un artículo sobre la jornada del 27 de julio, en el que hace un cotejo numérico de agresiones a líderes sociales desfavorable a Santos frente al periodo de Duque (1), denuncia “las intenciones ocultas de quienes conspiran y apoyan los asesinatos de los líderes en la noche y marchan para rechazarlos en el día”. Los agentes del odio, reitera Monsalve, se mezclaron a la ciudadanía pacifista “en muchos sitios del país y del exterior”.

Nadie ignora que Pastor Alape, otro jefe de las Farc (partido), tenía un escolta que había asesinado a dos policías. Peor, según la Fiscalía, ese escolta, alias ‘Bayron’, era miembro de las disidencias de las Farc, en el Meta.

Quienes gritaron en Cartagena que Duque es un “asesino” se sienten respaldados. Saben que esa organización no le perdona al jefe de Estado haber ordenado buscar a Walter Arizala, alias ‘Guacho’, un “disidente” de las Farc, dado de baja en diciembre pasado por militares colombianos cerca de Tumaco, tras el secuestro y asesinato de dos periodista ecuatorianos y su conductor.

Las Farc (partido) y sus falsos “congresistas” no han declarado que condenan sin equívocos el uso de la violencia. No han repudiado la famosa táctica de la “combinación de todas las formas de lucha” (léase la combinación de todo tipo de crímenes) para imponer el comunismo. Pese a ese silencio culpable, las “nuevas” Farc pretenden hacerse pasar por “defensores de la paz”.

Pero son ellos los que respaldan las normas absurdas que le impiden a los militares responder a los terroristas cuando estos disparan desde una casa; los mismos que hacen campañas psicológicas para que la fuerza pública acepte ser apaleada y apedreada por indígenas y “líderes sociales” que filman con gusto esas escenas de humillación.
Son los mismos que tratan de ocultar un hecho: hasta hoy las Farc y el Eln han asesinado a 2 202 paramilitares que se habían desmovilizado desde 2003, según Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación. Sobre esos muertos DLP no dice una palabra. Son los mismos que callan cuando un líder social del Centro Democrático es amenazado o ultimado. Son los mismos que miraron a otro lado cuando un grupo de Eln y disidencias Farc emboscó y mató a cinco militares en Nariño, el 11 de julio pasado. Ellos siguen mudos ante el aumento de secuestros y asesinatos de civiles en Catatumbo. Para Defendamos la Paz los únicos muertos que valen son los de sus toldas. Son los mismos que piden diálogo y concesiones al Eln sin exigirles que dejen de matar y secuestrar.

El carácter enigmático del grupo DLP le dio a la jornada del 27 de julio un carácter ambiguo. Hubo allí miles de colombianos sinceros que rechazaron las agresiones contra todos los líderes y defensores de los derechos humanos y contra todos los habitantes del país, incluyendo soldados y policías, pero algunos de ellos se dejaron embaucar por la propaganda marxista de que “solo nosotros somos el futuro” y el resto es, en consecuencia, un rebaño domesticable.

(1).- Desde la firma del acuerdo Santos/Farc, a finales de 2016, más de 210 000 personas han sido desplazadas por las guerrillas. Cerca de 436 activistas ambientales, activistas de restitución de tierras y promotores de la sustitución de cultivos ilícitos han sido asesinados (178 en 2018, 46 más que en 2017). Según la Fiscalía, 292 de esos asesinatos han sido reconocidos por la ONU y 175 fueron esclarecidos. Según Alfonso Monsalve, durante el mandato presidencial de Iván Duque, el número de esos homicidios ha disminuido un 35%.

3 agosto, 2019

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