COSTA NOTICIAS

La libertad de prensa no se puede cercenar, pues esa mordaza seguiría para libertad de expresión de los demás. Por: Carrillo Navas

Las #fakeNews de unos pocos no se combaten colocándole una mordaza a libertad de expresión de todos los demás. LGCN

Esta columna no pretende defender a ningún periodista o medio de comunicación, youtuber o influencer, pero sí quiere recalcar la defensa de la libertad de expresión, opinión y pensamiento.

El intento de censura, va más allá de la mordaza a los medios periodísticos dentro del proyecto de ley No. 369 de 2021 Cámara de Representantes y 341 de 2020 del Senado de la República “por medio del cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción” en su artículo 68 pretende adicionar una norma al Código Penal que implica una violación a la libertad de prensa de cualquiera y una clara persecución al periodismo investigativo y de denuncia.

Sé que muchos de ustedes detestan ciertos medios de comunicación como Caracol, o no pasan a ciertos periodistas que su deporte favorito es condenar a las personas por el chisme, el titular de prensa, o por hacerse viral.

Lo digo dentro de mi libertad de expresión, no tendría por ejemplo una entrevista, ni una declaración con personas como Catherine Juvinao, Ariel Ávila, Diana Calderón, Daniel Samper Ospina, Camila Zuluaga, Daniel Coronell, Paola Herrera, María Jimena Duzan, Vanessa de la Torre, entre otros; no por ser periodistas, sino por su sesgo y memoria selectiva. Pero a reglón seguido como me enseñó un profe de la Universidad Nacional de Colombia Jorge Arenas Salazar “Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa” y así no nos caigan bien, no podemos llegar al extremo de impedirles su labor, o divulgación comunicativa con sentido de responsabilidad social. Aclaro sin invadir la intimidad de las personas. Para lo cual desgloso los siguientes puntos:

  • Un proyecto de ley para adoptar medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, contra políticos y servidores públicos, resultó persiguiendo al periodismo.
  • Habla la norma de establecer un tipo penal de injuria y calumnia “debidamente comprobada” de quien pretenda atacar u obstruir funciones constitucionales o legales de algún funcionario público denunciando hechos falsos de él o su familia con pena de 60 a 120 meses (5 a 10 años) norma que si se estudia de fondo tiene muchos fallos.
  • La expresión (i) debidamente comprobada es gaseosa, peligrosa y con efecto rastrillo, es decir a quien caiga; prácticamente el medio periodístico o quien opina es “culpable, culpable y culpable hasta que demuestre que sea inocente,” seguidamente; (ii) se trata al sujeto activo prácticamente de terrorista de la información, ya sea por brindar una opinión, denunciar un acto de corrupción; (iii) cuando se dice frente a “algún funcionario público”, crea un tipo penal específico para blindar a los funcionarios públicos con el agravante que les da un poder mayor no de defensa sino de ataque frente a la réplica periodística o la denuncia ciudadana y viene la pregunta ¿mientras se comprueba debidamente los hechos si son falsos o no, los servidores pueden hacer y deshacer lo que se les venga en gana? y con lo lenta y congestionada que está la administración de justicia de este país, los funcionarios serían invulnerables.
  • Ataca más allá de la libertad de prensa, cercena la libertad de expresión, opinión y pensamiento, excepto la versión oficial del gobierno de turno o de sus amigos en los medios, entonces prácticamente estaría prohibido insinuar un hecho incluso evidente o notorio, de un mal proceder de un funcionario, ejemplos: (i) senador Eduardo Merlano quien borracho y sin licencia pretendió ocultar el hecho incluso tratando de sacar a los policiales que lo detuvieron; (ii) o del concejal de Chía, Carlos Enrique Martínez Gallego que evadió controles de embriaguez; (iii) o la Rappi fuga de Aida Merlano; (iv) la Petro Bolsa de Gustavo Petro y su falsa maestría, en el mismo sentido como los de Jennifer Arias, Enrique Peñalosa (v) los títulos exprés del concejal Alex Flórez o representante liberal Julián Bedoya; (vi) los 70.000 millones que aún están perdidos y que no han entrado a la arcas de Estado con comprobación de este hecho por la procuraduría o la contraloría, de Karen Abudinen, (vii) o el error de Katherine Miranda por publicar el video de Santiago Ochoa y el manejo que se le hizo.
  • No se podría mencionar, ni denunciar, ni con pruebas, porque te pondrían la mordaza, incluso con las cosas más graves Odebrecht, Isagen, Reficar, el puente Chirajara, o los muertos a los que se les pagó el ingreso solidario. “No hay nada más antidemocrático que el blindaje perfecto al poder, es decir, que no rinda cuentas a nadie” LGCN
  • Dicha normatividad abre una puerta de par en par, para la mordaza a medios digitales y opiniones en las redes sociales, de manera indiscriminada.
  • Además, surge otra pregunta ¿Quién determina la línea entre medio periodístico, digital y libertad de expresión? un juez que mientras investiga y amordaza a todo el que opina, por cuánto tiempo.
  • Es cierto que, los medios de comunicación y las redes sociales deben responder por su #FakeNews, pero para eso existe la denuncia penal de injuria y calumnia normalita, a la cual no se le debe hacer especificaciones.
  • Ese artículo del proyecto citado parece más una venganza de los políticos no sólo contra la prensa, sino contra las redes sociales, la dictadura a la libertad de expresión
  • Aquí no importaría quién gobierne sea izquierda o derecha o tibios. Literal te meterían a la cárcel si confrontas al gobierno, aniquilando la veeduría ciudadana, sin existir escrutinio la prensa o la opinión pública.
  • Desparecería el hecho de solicitar la rectificación, pues envías el mensaje, cambias la versión de los hechos o te callamos con la cárcel, desestimular la información falsa, no se hace amordazando a la verdad.
  • No podrías subir los videos sobre los crímenes perpetrados por las Farc, porque sale un congresista con curul regalada a decirle o quitas el video o te vas para la cárcel.
  • La responsabilidad penal desaparecería, pues cualquier funcionario tendría blindaje para no rendir cuentas por acción u omisión y el mejor medio de dilatar los procesos en su contra alegando prejudicialidad, el periodista o ciudadano demostrando que su información es cierta, para luego otro proceso en contra del funcionario por sus actos de corrupción. ¡bonito así! (Sarcasmo)

La conclusión de horror una norma para blindar a los corruptos amordazando a la prensa y la ciudadanía.

Comparte esta entrada

Facebook
Twitter
Pinterest

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore