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La inseguridad urbano-rural es el mal a combatir. Por: José David Name

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Así como a una gran parte de colombianos, a mí me complace que estemos finalizando el año en un ambiente de paz caracterizado por el acuerdo entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC.

El conflicto aparentemente está calmado y mejora el optimismo en ese contexto. Lo cual es bueno para la economía y la confianza de los inversionistas en el extranjero.josedavidname

La esperanza es que todos los mecanismos constitucionales y jurídicos para refrendarlo culminen una etapa de éxito esta semana que inicia, de tal manera que en enero sea el mejor referente para negociar la paz con la guerrilla del ELN.

Colombia está entre los diez países a los que más les cuesta la violencia en el mundo. Ocupa el puesto 7. El primero es Siria seguido por Irak, Afganistán y Venezuela. De acuerdo con la décima edición del Global Peace Index (IGP), que es elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz creado por el filántropo y empresario de Australia Steve Killelea, en el 2015 el impacto económico de la violencia para el país fue de 139 mil 481 millones de dólares.

Hablamos de una cifra que supera el Presupuesto Nacional de 2017 y equivale al 30 por ciento de nuestro Producto Interno Bruto (PIB). Ello significa que cada colombiano aportó el año pasado en promedio 2 mil 919 dólares (algo más de 8 millones de pesos) para financiar la lucha contra la violencia.

Entre el 2008 y el 2015, Colombia incrementó en un 53 por ciento el gasto para combatir la violencia, aunque según el IGP mejoraron en más del 20 por ciento los 11 indicadores internos de paz que contempla el estudio.

De acuerdo con el IGP, “Hubo una mejoría en muertes por conflictos internos, inestabilidad política, el nivel de terror político y la lucha por conflictos internos. También se registraron mejoras en gastos militares y relaciones con los países vecinos”. El país más tranquilo del mundo es Islandia. La calificación general de Colombia, que se ubicó en el puesto 147 entre 163 países, según el informe, se ha mantenido bastante uniforme entre el 2008 y el 2016.

Si logramos terminar el conflicto armado que nos ha azotado en los últimos 55 años, el mal a combatir es la inseguridad ciudadana urbano-rural. Por ejemplo, casos como el de Barranquilla son motivo de profunda preocupación porque al lado de un desarrollo infraestructural se observa un deterioro del indicador de progreso social, que es caldo de cultivo para la proliferación de pandillas y las bandas criminales que flagelan a diario a la ciudadanía. Igual ocurre con Medellín. Cali vive un fenómeno igual de inquietante y así sucesivamente se va extendiendo el problema a otros centros urbanos y a las zonas rurales.

He escuchado decir a expertos internacionales que asesoran al país en estos temas que el siguiente paso, después de firmar la paz con la guerrilla, es perseguir y erradicar a las bandas criminales.

Unas se han venido irrigando por cuenta del narcotráfico, el proxenetismo, la trata de personas, el sicariato, el fleteo y la extorsión urbana, entre otros factores que presionan la delincuencialidad. Otras serán las bandas que nos quedarán con la firma del Acuerdo de Paz y la era del posconflicto.

Muchos acostumbrados a la riqueza del narcotráfico no se resignarán a dejar el negocio por el facilismo lucrativo. Ese será un tema al que tendrán que dedicarse de manera especial los organismos de seguridad y de inteligencia del Estado.

Para el Estado colombiano, además de luchar contra la desigualdad y darles nuevas oportunidades a los excombatientes rasos, es prioritario el manejo de la mano dura así como la inversión en inteligencia y mayor tecnología en el combate del delito urbano-rural.

Es claro que la inseguridad ya no podemos seguir mirándola como algo que afecta a una o tres ciudades en particular, sino como una amenaza propia del país. A los ciudadanos no están matando por un celular o el retiro de dinero de algún banco. Abusan de las mujeres y los niños. En cualquier ciudad escuchamos estas noticias.

Uno de los grandes problemas a resolver está en la justicia que no tiene ni los recursos ni el personal ni la preparación suficiente para enfrentar los enormes desafíos que surgen en esta nueva etapa de la vida nacional en el posconflicto.

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