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La indignación selectiva de algunos ambientalistas. Por: Carlos Alberto Leal Niño*

*Presidente de la Junta Directiva de Acipet

carlos-alberto-lealEs preocupante que el método de presión de los grupos al margen de la ley sea a través de los atentados terroristas contra la infraestructura petrolera, porque estos actos violentos generan perjuicios incalculables contra el medio ambiente, las comunidades, la economía del país y pone en riesgo la integridad de los trabajadores de la industria. En lo corrido del 2019 se han registrado 22 atentados al oleoducto Caño Limón-Coveñas, nueve en el departamento de Norte de Santander y 13 en Arauca.

De acuerdo con Ecopetrol, en los últimos 18 años se han presentado 2.100 atentados, pero además han ocurrido múltiples perforaciones a las tuberías para el robo de combustibles. Desde que se inició la operación del Oleoducto Caño Limón-Coveñas, hace cerca de 33 años, las voladuras suman más de 1400.

Y es que en el 2018, la infraestructura petrolera colombiana sufrió 107 atentados, de los que 89 afectaron al oleoducto Caño Limón-Coveñas y 18 al Transandino, lo que ocasionó el derrame de más de 20.000 barriles de crudo, según cifras de la Procuraduría General de Colombia.

Los costos asociados a los atentados contra el sector de hidrocarburos han representado, en el año 2018 y lo que va del 2019, más de 200 mil millones de pesos en pérdidas, que asumimos todos los colombianos. Por eso, desde Acipet hacemos un llamado a las autoridades y al país en general, para que se manifiesten en contra de los múltiples atentados, que han venido azotando a la industria petrolera, y por las millonarias pérdidas que se han registrado en los últimos 18 meses; esta situación debe denunciarse permanentemente y no puede naturalizarse.

Ante estos casos solo escuchamos el silencio fruto de la indignación selectiva de los influenciadores y ambientalistas de escritorio, que luchan con vehemencia contra el fracturamiento hidráulico y son capaces de desinformar con tal de agrupar más adeptos, pero cuando el daño está hecho por parte de grupos al margen de la ley solo ignoran el agua contaminada con hidrocarburo, la fauna inerte y las comunidades afectadas, sin pronunciarse al respecto.

Como lo dije en otra columna: “Si se tratase de una verdadera manifestación de rechazo a los efectos de actividades que generan contaminación y destrucción del medio ambiente, me surge la duda: ¿Por qué no marchan en rechazo a los actos de voladuras de oleoductos, o a la tala de árboles criminal para cultivar coca, o la ganadería extensiva de latifundios que devoran nuestras selvas?”

La tragedia que vivimos los colombianos por el flagelo de los atentados contra el sector de hidrocarburos, una industria que genera los mayores ingresos del país, no se justifica de ninguna manera. Además de todos los efectos ya mencionados, esta situación puede afectar de manera importante la inversión extranjera en el sector petrolero, por la pérdida de la confianza e interés en el país.

Nuestro llamado es a que las partes en conflicto encuentren un camino de solución a esta encrucijada con un plazo definido, de modo que cese este mecanismo de lucha como medio de presión para la negociación y cumplido el plazo, caiga todo el peso de la ley sobre aquellos que generan estas tragedias tan funestas.

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