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La corrupción es una arma de la guerra híbrida. Por: Eduardo Mackenzie

El “perdón social” no es una noción jurídica. Es una impostura. ¿Qué hay detrás del “Pacto de la Picota?”

El llamado Pacto Histórico fue desde el primer día un engaño. Pues de “histórico” no tiene nada.  ¿Que habría de “histórico” en reunir a los grupúsculos de extrema izquierda que siempre estuvieron operando como patota depredadora?  ¿Qué habría de “histórico” en una convergencia de activistas para atrapar ingenuos durante una campaña electoral?

Ellos insisten en lo de “histórico” porque creen que están en la  “ofensiva final”, muy cerca de la toma del poder en Colombia, gracias a una larga combinación de marrullas violentas y politiqueras, cuyos entresijos más profundos no los conoce ni el mismo Gustavo Petro.

Éste pretende jugar el papel de gran timonel, de sabio maniobrero,  cuando, en realidad, es impotente ante fuerzas que no aparecen a la luz del día y que lo superan. Como ocurrió hace unos días. Le impusieron, de la noche a la mañana, la  sensible doctora Francia Márquez. Y él tuvo que tragarse la culebra. Mediante insultos y calumnias, ésta arruinó el pacto que Petro tejía hipócritamente, prometiendo el oro y el moro y hasta la vicepresidencia de Colombia al expresidente César Gaviria (a su hija para ser más exactos), para que éste le entregara en bandeja los millones de votos del Partido Liberal.

No lo logró y sin el aval del expresidente, el “Pacto Histórico” desembocó en algo más tenebroso todavía: en el “Pacto de la Picota”.

Sergio Fajardo, el candidato del Centro Esperanza, definió ese engendro así: “El pacto de La Picota es un regalo disfrazado de ‘perdón social’ que les ofrece Petro a los corruptos de nuestro país. Colombia está llena de miles de víctimas de esos corruptos. Víctimas que no se reconocen, que nunca han sido reparadas. Esto es mucho más serio de lo que parece.”

Días antes Juan Fernando Petro, el hermano del jefe del Pacto Histórico,  se introdujo en La Picota, una cárcel de Bogotá, para conversar con varios reclusos condenados por corrupción, homicidio y paramilitarismo, como Iván Moreno, el saqueador del Distrito Especial, y Álvaro García Romero, éste último condenado por la masacre de Macayepo, para anunciarles que Gustavo Petro, si gana la presidencia, les rebajaría las penas y hasta les concedería una amnistía si lo apoyan desde ahora y le hacen campaña dentro y desde la cárcel.

Federico Gutiérrez, Fico, el candidato que está desbaratando las ambiciones de Gustavo Petro,  también rechazó con fuerza eso del “perdón social” pero fue más allá. No se contentó con objetar tal aberración. Organizó el 18 de abril una conferencia de prensa cerca de La Picota donde denunció lo que los corruptos hacen en ese centro penitenciario. “Hay que pensar que esta alcahuetería no puede continuar. Hay pabellones como el llamado ‘pabellón rosa’, donde están los corruptos y asesinos, y en donde con whisky y con celulares hacen fiestas clandestinas y negocian hoy votos por rebajas de penas”, explicó.

“Hay que dar esa discusión alrededor de cómo están funcionando  las cárceles, que tienen que ser efectivas. No pueden seguir siendo centros del delito”, agregó. Pidió reformar o desmantelar el Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), organismo que ha estado manchado por escándalos de corrupción y donde trabaja buen número de desmovilizados de las Farc.

Petro lanzó lo del “perdón social” para dinamitar el Estado de derecho. Él lo justifica con un embuste ridículo: “El perdón social no lo ordena el presidente, sino la sociedad”. Falso. La sociedad no aprueba que sus victimarios salgan a seguir desangrándola. A través de los legisladores que ella designa mediante el voto, la sociedad crea leyes para castigar el crimen, no para disculpar a los corruptos y a los otros malhechores.

El “perdón social” es un pacto masivo de corrupción y de impunidad. Petro habla de un “inmenso perdón global”. Es un pacto de humillación adicional a las víctimas. La propuesta de Petro es un emanación de los pactos secretos Santos/Farc. No basta con dejar sin castigo a los cabecillas del narco-terrorismo FARC. Ahora hay que abrir el grifo a miles de otros.

El punto central es este: la corrupción en un elemento central de la guerra híbrida. Ésta no es solo una combinación de formas de criminalidad. No es sólo guerra económica, subversión, acción clandestina. Tiene también una dimensión psicológica y social. La corrupción mina la moral de los ciudadanos y busca el derrumbe del Estado de derecho. Una población humillada y sin derechos no está en capacidad de defenderse si es atacada.

Otros elementos de la guerra híbrida: la desinformación, el auge de mentiras enormes, la decadencia de la prensa, la imposibilidad de que los periodistas puedan establecer la verdad, la diabolización de la policía y el saboteo de la buena coordinación entre policías y militares, la crisis de los órganos de inteligencia, la politización de la justicia, los despidos de personal administrativo estimado y honesto. El resultado es una mezcla de polarización y apatía de la población ante los ataques. La corrupción es el instrumento clave para forjar tal decadencia.

Petro con su “pacto de la Picota” busca llevar a un clímax la impunidad y abrirle avenidas a la corrupción y al desorden. Su propósito no es la concordia. Es la derrota del Estado. Les dice: hagan lo que quieran, al final habrá un “perdón social”. Ese proyecto es letal: pretende lograr el derrumbe de la justicia, no solo el derrumbe del derecho.

“Desde la oscuridad de las cárceles no se puede llegar a la Presidencia de Colombia. Petro le debe una explicación clara a la nación por lo que está haciendo”, estima Fajardo.

Petro no dará explicación alguna. El miente al afirmar y miente al negar. Es lo habitual en él. Basta saber entonces que Petro maneja un engranaje esencial de la guerra híbrida que sufre Colombia. Y que él presenta eso como un acto de humanismo.

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