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La arbitrariedad de la SAE con Barranquilla. Por: Jorge Vergara Carbó

En mis escritos de hace cuatro años, cuando le entregaron a la SAE el manejo del paquete accionario de INASSA, manifesté preocupación porque esa entidad estaba antecedida de malos manejos administrativos y estando la Triple A envuelta en actos de corrupción, la incertidumbre que generaba era muy grande. Debo reconocer que la presidencia de la SAE entendió en su momento, que esta empresa es vital para el desarrollo urbano no solo de Barranquilla, sino de 14 municipios del Atlántico, por ello la doctora Virginia Torres, decidió escoger a su gerente mediante un concurso, siendo designado Guillermo Peña Bernal, a quién le toco enderezar el rumbo de la empresa por el camino adecuado. Hoy desempeña el cargo el ingeniero Jairo De Castro siguiendo los lineamentos trazados, para continuar posicionando a la Triple A como una gran empresa de servicio público.

Lo sucedido este martes 7 de febrero de 2023, en la asamblea de accionistas de la empresa Triple A, en forma virtual, debe ser un motivo de alerta para los barranquilleros y atlanticenses de lo que pueda pasar en la empresa, al haber decidido la SAE de tomarse el manejo mediante el dominio absoluto de su junta directiva, al apropiarse de cuatro cargos principales con sus respectivos suplentes. Nombramientos que cayeron en manos de personas extrañas a la ciudad y sin experiencia en el manejo de este tipo de empresa, a excepción del doctor Cristóbal Padilla, que además es miembro de la junta directiva de Monómeros.

No hubo delicadeza alguna por parte del presidente de la SAE, de tener en cuenta a profesionales conocedores del tema oriundos del Departamento del Atlántico, y tampoco consultar con el señor alcalde y la gobernadora.

La presidencia de la SAE, con su decisión desconoció el valor de un contrato firmado y ejecutado como lo dijo hoy el señor Contralor General de la República en un audio publicado en varios medios de comunicación. Igualmente desconoció los acuerdos firmados con el Distrito que en la medida que se iba pagando el 50%, en efectivo se iba aumentando el número de miembros del ente territorial en la junta directiva.

Con su actuación el presidente de la SAE, volvió a extralimitarse en sus funciones al desconocer un contrato debidamente firmado, pagado y ejecutado. La asamblea del día de hoy, lo que tenía que hacer era entregarle las acciones a la empresa K-yena. Sobre ese particular escribí lo siguiente el 26 de enero del 2023, en el documento “NADA FUE CASUAL”

“Estos funcionarios, que se extralimitaron en sus funciones al suspender un contrato debidamente legalizado y debidamente pagado responderán por sus actos ante las autoridades competentes. Vulneraron el Estado de derecho al extralimitarse en sus funciones. De acuerdo a consultas hechas a jurisconsultos sobre el tema, sus respuestas coinciden que “es un juez de la república el que puede decidir si un contrato es legal o ilegal”.

Lo correcto y es lo que dice la ley, es que si un funcionario público cree que en un contrato se cometieron actos de corrupción que conlleva a un detrimento patrimonial de la entidad pública, deben presentar las denuncias respectivas con las pruebas que hayan acumulado, para que la entidad competente realice la investigación y la lleve hasta su destino final. No hacerlo resultaría en falta grave del funcionario público por omisión, y merece ser sancionado disciplinariamente por la PGR. Ahora quieren convertir a la CGR, en la entidad autorizada para que decida, si en esa compra venta de acciones hubo o no actos dolosos, o se vendió a un precio inferior al valor real de la concesión”

El Contralor dijo al respecto en sus declaraciones que la Contraloría lo que ejerce es el control posterior, y de encontrar hallazgos hace las investigaciones respectivas y comprobado el hecho la denuncia a la Fiscalía.

Sobre el mismo tema, escribí, el 3 de febrero en el documento “LAS FALACIAS DE LA SAE Y SUPERSERVICOS” Palabras que coinciden con la declaración del 7 de febrero, del Contralor General de la República en un audio divulgado por los medios de comunicación.

“Lo otro, haberse sentado con las firmas contratadas por la SAE, para que le explicaran a la nueva administración de la entidad los pormenores de la negociación y la metodología y cifras utilizadas para llegar al valor de venta. Otro paso, es si se cree que en dicha negociación hubo violación a la ley, y presumen actos de corrupción, proceder a efectuar las demandas respectivas ante los organismos encargados de hacer este tipo de investigaciones. Era lo que debería haber hecho el señor Andrés Idárraga, como los otros funcionarios, porque ellos tienen que saber cómo funcionarios públicos de alto nivel, que el único que puede decretar que un contrato es legal o ilegal es un juez de la República, y el único que puede determinar si hay detrimento patrimonial es la FGR, dado que la CGR señala hallazgos, que deben ser después investigados por la FGR, al igual que la PGR se pronuncia sobre conductas disciplinarias y cuando encuentra sanciona, porque esa facultad la tiene”.

En el documento citado anteriormente, también le pedíamos al presidente Gustavo Petro que tuviera un gesto de amabilidad con la ciudad, y decidiera entregar en forma gratuita el 50%, de las acciones que le pertenecen a la Nación, o en su defecto le entregara al Distrito tres (3) puestos principales con sus suplentes para que sean los barranquilleros quienes manejen el destino de la empresa, y no unos extraños como los que hoy nombro.

Lástima, que el presidente de la SAE a la fecha no haya entendido que el anhelo de los barranquilleros es volver a manejar su empresa, la que justamente perdimos el control de ella por funcionarios que en su mayoría hoy hacen parte del Pacto Histórico pero que desde el 19 de septiembre del año 1.996, cuando le entregaron el 43.31%, de las acciones a INASSA guardaron silencio, y hoy salen a protestar porque se hizo una negociación del 86.12%, de las acciones con una empresa Distrital que tiene inversión privada en un 35%, porque hubo que comprar las acciones, porque el gobierno de Duque no las quiso regalar, y el actual no solo no las regala sino que quiere desconocer el contrato firmado y pagado, y no sabemos con que intenciones se apropio de cuatro puestos en la junta directiva con sus respectivos suplentes, es decir ocho miembros de junta, quedando el alcalde como un convidado de piedra en dicha junta.

Señor presidente Petro, el daño que se le hace a la empresa es grande y por ende a los usuarios, que somos los que terminamos pagando los platos rotos. Esta es una empresa que requiere manejo técnico, que necesita hacer inversiones tanto en agua potable, como en alcantarillado y aseo. Lo que sucedió hoy, que parece más un acto de soberbia, no conduce absolutamente a nada. Hay un contrato firmado y pagado, cuyo dinero $282.500 millones, lo tiene la SAE en su poder, ganando intereses. Hay unas clausulas contractuales que no se están cumpliendo al no entregar el paquete accionario, lo que implica una sanción a la SAE por $59.000 millones, y jurídicamente una posible demanda de parte del Distrito y los socios privados contra la SAE por incumplimiento.

¿Cree usted presidente, que el camino correcto es tener el Distrito que enfrentarse al gobierno nacional por este contrato, cuando hay formulas viables para poder solucionar este problema? Si el gobierno cree, que los funcionarios anteriores de la SAE actuaron incorrectamente, denúncielos como se lo dice el Contralor, para que los investiguen y sancionen, pero mientras sale un fallo de un juez, el contrato sigue siendo válido y por lo tanto debe ejecutarse.

Los barranquilleros queremos entenderlo señor presidente, por eso votamos por usted la mayoría, si en verdad desea que la empresa sea manejada por los atlanticenses, usted lo podría haber hecho hoy, dándole tres puestos en la junta al Distrito y a la gobernación, pero no lo hizo.

Todos tenemos que defender a la TRIPLE A

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