JUDICIALES

Barranquilla, 2 de diciembre de 2019.- Continúa en Barranquilla la atención sobre el caso de la detención de el secretario de Educación Departamental del Atlántico Dagoberto Barraza quien fue detenido a las 9:30 de la mañana de este sábado en su casa ubicada en el perímetro urbano del municipio de Sabanalarga, posteriormente se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura otorgada por el juez de Palmar de Varela, excusa que quiso ser utilizada para que la captura se declarara ilegal, lo que no fue posible al negar el juez en la audiencia la solicitud. Enviando además a Dagoberto Barraza a una guarnición militar, lo que no se entienden el porqué de la consideración, teniendo en cuenta que se trata es de la comida de los niños. 

A este proceso le sigue la audiencia de imputación de cargos en que la Fiscalía le imputará a Dagoberto Barraza los delitos de Interés indebido en celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad en documento público y privado.

Cabe destacar que junto con Dagoberto Barraza fueron capturados también el sábado por orden proferida por un juez, Félix Barrios Ballestas, Uriel Reyes Pájaro y Emil Pacheco Jiménez.

El veedor Freddy Oñoro aseguró que a raíz de la situación de investigación del caso por los presuntos delitos cometidos, en el municipio de Tubará al norte del Atlántico este año no llegó la alimentación escolar.

Para este caso a pesar de que la investigación contra Dagoberto Barraza es llevada cabo por el fiscal 61 de delitos contra la administración pública en la ciudad de Barranquilla viajó desde Bogotá una comisión investigadora la que lo capturó sobre el presunto delito perpetrado con los dineros para la contratación del plan de alimentación escolar En este departamento.

Recordemos que esta investigación data del año de febrero de 2018 cuando la entonces vicefiscal del momento María Paulina Rivero así lo anunció señalaba la vicefiscal que esta investigación se estaba llevando a  cabo en 30 municipios del del país donde se habían presuntamente cometido actos de corrupción con los dineros del país. Riveros en aquel momento afirmó que en el caso de que hubieran personas en las que los hechos trascendieran lo penal, estas tendrían que ser capturadas.