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Inversión Revolucionaria en los procesos judiciales. Por: María Fernanda Cabal

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Continuando en la misma línea de casos de ‘inversión revolucionaria’ en los procesos judiciales, otro caso que significó la oprobiosa condena de 40 años de cárcel al General Jaime Uscátegui, sucedió en el corregimiento de Mapiripán (Meta) entre el 15 y el 20 de julio de 1997.  maria-fda-cabal-columna                       

La noble causa de los Derechos Humanos, vilmente usada por el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, le mostró al país una masacre de más de 50 personas perpetrada por grupos paramilitares con la supuesta complicidad y apoyo de unidades del Ejército.                     

El general Uscátegui fue puesto preso en 1999 y absuelto de los cargos de responsabilidad en Noviembre de 2007, pero en noviembre de 2011 el Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión y lo condenó a 40 años de cárcel como “autor por omisión impropia de los homicidios agravados y secuestros simples ocurridos en Mapiripán”.

En el entretanto, en septiembre de 2005, la CIDH, condenó al Estado Colombiano por colaboración entre miembros del Ejército con integrantes de las autodefensas.

Lo irónico, triste y absolutamente repudiable de esto es que con la investigación adelantada por años se demostró que la inmensa mayoría de los supuestos asesinados no existían y que las muertes habían sido realmente siete. Todos los demás fueron producto de falsos testimonios.                  

El montaje fue armado para cobrar millonarias indemnizaciones a dolientes de ‘víctimas’ que están vivas, disfrutando de las millonarias erogaciones en su favor que tuvo que hacer el Estado, producto de los impuestos de todos los colombianos, como el caso de los hermanos Figueredo que fueron condenados a 8 años y 10 meses de cárcel por falso testimonio sobre el asesinato de su padre, difunto muy vivo que reside en Villavicencio.                

Falsos testigos arrepentidos, como la señora Mariela Contreras, quien recibió 3 mil millones de pesos, reconoció ante los fiscales de Justicia y Paz, que fue inducida por la desmovilizada María Bustos para mentir.

18 años estuvo preso el General Uscátegui quien nunca comandó la unidad militar, acusada de haber perpetrado una masacre.

Si para que esta gran mentira sucediera hubo un plan criminal orquestado ¿por qué no pasa nada? ¿Van a la cárcel solo los falsos testigos pero no los cerebros que los contrataron? Este es el reflejo de la  justicia colombiana que premia terroristas y condena inocentes.

El caso Santo Domingo ha sido también todo un derroche de injusticia, por el que fueron condenados dos pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana, por hechos ocurridos en Santo Domingo (Arauca) el 12 de diciembre de 1998, durante los cuales murieron 17 civiles y 9 integrantes del Ejército.                     

La FAC, en una operación legítima entró a la zona como parte de una acción de combate, para replegar a las Farc quienes esperaban una avioneta con droga y armas.                        

Se ha comprobado que el grupo terrorista tenía un camión lleno de anfo que explotó por las ráfagas de ametralladora M-60 que disparó alias Fercho durante el enfrentamiento.               

La CIDH declaró responsable al estado colombiano por no proteger a las víctimas y por, supuestamente, haber lanzado una bomba sobre el caserío, aun cuando Colombia aportó pruebas técnicas en torno a que la Fuerza Aérea nunca bombardeó civiles.                          Lo que sucedió en Santo Domingo fue un atentado terrorista utilizado, como siempre, por ONG afines a la ideología revolucionaria comunista, para revertir la realidad y ganar millonarias demandas a la Nación.

Después de revisadas las necropsias de las 17 víctimas civiles, se detectaron irregularidades en el proceso:                      

– Ausencia de cadena de custodia con las pruebas.                      

– Irregularidades procesales en recaudo y valoración de pruebas.

– Alteración de evidencias.                   

Un ejemplo claro, es la gran diferencia entre el dictamen de Medicina Legal y el del FBI sobre una esquirla extraída del cuerpo de una de las víctimas.                     

¿Hasta cuándo el complot sistemático contra la institucionalidad y la justicia en Colombia?

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