COLUMNISTAS

El Vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence hizo un pronunciamiento en favor del expresidente Uribe, destacando que fue condecorado en los Estados Unidos; expresó el mismo deseo de millones de colombianos en el sentido de que recobre la libertad. Esto fue lo que dijo: “Pero como expresidente Álvaro Uribe Vélez está bajo arresto domiciliario, nos unimos a todas las voces amantes de la libertad en todo el mundo, para pedir a los funcionarios colombianos que este héroe, que ha recibido la Medalla Presidencial de la Libertad de los Estados Unidos, se defienda como un hombre libre”.

El pronunciamiento del Vicepresidente Pence fue aprovechado por dirigentes de la izquierda nacional e internacional para cuestionar lo que denominan una indebida injerencia extranjera del gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos de Colombia. Algo similar ocurrió con la llegada a Colombia del grupo de asesores militares que venían a brindar capacitación y formación al Ejército colombiano en la lucha antidrogas, de inmediato fue cuestionada por  varios dirigentes cercanos a la izquierda (instauraron una tutela para evitar que continuaran realizando su labor), a quienes les preocupa muchísimo cualquier acción en contra del narcotráfico; son los mismos que se oponen a la fumigación aérea y fueron quienes aprobaron todo lo que le ha facilitado el negocio al mayor cartel de drogas del mundo: Las FARC; violación a la soberanía y otros calificativos usaron para justificar sus posturas.

Lo particular es que son los mismos que cuando el director de Human Rights Watch, el chileno José Miguel Vivanco, hace todo tipo de pronunciamientos en contra del Ejército colombiano y en contra del Estado les parece adecuado que lo haga; fueron los mismos que permitieron y respaldaron que el abogado español Enrique Santiago fungiera como asesor de las FARC y fuera el artífice de la perversa Jurisdicción Especial para la Paz que fue implementada ilegalmente después del rechazo del pueblo en el plebiscito del 2016. Fueron los mismos que, producto del narco acuerdo Santos-FARC, respaldaron que en la comisión encargada de la selección de los magistrados de la JEP participarán el peruano Diego Garcia Sayan (muy cercano a Sendero Luminoso), el español (portugués de nacimiento) Alvaro Gil Robles (muy cercano a ETA) y el argentino Juan E Mendez (muy cercano al grupo guerrillero Montoneros). Es decir, respaldaron que tres extranjeros, además con un sesgo muy marcado, decidieran sobre un tema que involucra los tribunales de justicia en Colombia, eso no lo consideraron como una injerencia extranjera indebida en los asuntos de Colombia.

Frente a la injerencia, esa sí funesta y verificada, del gobierno de Cuba en asuntos de Colombia y por décadas; inicialmente financiando y entrenando grupos guerrilleros M-19, FARC y ELN (convertidos en narcoterroristas) que buscaban desestabilizar a Colombia y que generaron crímenes y violencia por más de 50 años y que ahora alberga y protege a narcoterroristas del ELN, frente a ello silencio total, incluso apoyo. Tampoco se les escucha cuestionar al dictador Nicolás Maduro, por recibir y cuidar en Venezuela a narcoterroristas FARC y ELN que continúan desestabilizando y generando violencia en el país. Además, Cuba y Venezuela protegen criminales solicitados por la justicia colombiana. Ninguno de los que protestó por lo dicho por el Vicepresidente Pence o por la presencia de los asesores militares norteamericanos (pero piden a gritos lleguen supuestos médicos cubanos a Colombia a adoctrinar políticamente en favor del socialismo) ha cuestionado, ni antes ni ahora, la funesta injerencia de Cuba en los asuntos de Colombia pese a las graves consecuencias que han significado para el país, menos la del dictador Maduro.

Como otros temas, con lo de la injerencia extranjera en Colombia, se confirma la selectividad de la izquierda a la hora de sus cuestionamientos; si favorece a sus amigos FARC y ELN no tienen ningún reparo en que los gobiernos extranjeros actúen directa e ilegalmente. Sí trata de aliados del gobierno que lo hacen de manera transparente y dentro de los mecanismos institucionales y legales les parece una intromisión indebida y es duramente cuestionada. ¿Así o más incoherentes?

EL COLMO 1: La defensa del ex Presidente Uribe solicitó a la C S J levantar la reserva sumarial del caso para que todas las piezas procesales sean públicas y de esta manera contrarrestar las filtraciones selectivas de elementos del mismo con lo cual se  viene perjudicando aun más al doctor Uribe. NO HAY DERECHO.

EL COLMO 2: La alcaldesa de Bogotá sigue empeñada en acabar con el aparato productivo con sus decisiones de cuarentena total en diferentes sectores, pasaron meses y no adecuó la infraestructura hospitalaria para responder al incremento de casos; además insiste en no permitir apertura del aeropuerto El Dorado con todo lo que eso implica. Por otro lado, el alcalde de Medellín, con sus decisiones, afecta la situación de EPM, empresa insignia de esa ciudad y una de las mas importantes de Colombia. Por esas decisiones calificadoras de riesgo pasaron factura afectando a EPM. Reitero, son los peligros de los populistas. NO HAY DERECHO.