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Inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos ex congresista Aída Merlano

Barranquilla, 11 de diciembre de 2020.- El Ministerio Público luego de culminar el proceso de investigación contra la excongresista Aida Merlano Rebolledo calificó como gravísimo que la exsenadora hubiera recurrido a la compra de votos para elegirse como senadora en el año 2018, en que la Fiscalía General de la Nación la indició por este delito en que su sitio de campaña fue allanado.

Lo que terminó en una condena de 15 años de prisión contra Merlano por parte de la Corte Suprema de Justicia, quien la acuso de haber desarrollado un sofisticado sistema de compra y venta de votos que operó en las pasadas elecciones legislativas, condena que a la postre llevó a la excongresista a huir hacía Venezuela donde se encuentra al parecer, privada de su libertad, tras ser detenida el 27 de enero en Maracaibo, luego de un periplo para salir de Colombia, que inició cuando saltó de una cuerda por la ventana de un consultorio donde recibía atención odontólogica, y fue recogida por una motocicleta de la plataforma de domicilios Rappi.

La Procuraduría General de la Nación tomó la decisión de sancionar con destitución por 10 años para aspirar a cargos de elección popular, e inhabilidad de diez años para ejercer cargos públicos a la excongresista Aida Merlano Rebolledo por su participación directa en el plan para comprar votos para las elecciones que se celebraron en el 2018.

En el fallo firmado por el procurador General, Fernando Carrillo Flórez, se advierte que las pruebas recolectadas permiten inferir que la ex representante a la Cámara por el Atlántico tenía conocimiento claro sobre las actividades ilegales que se adelantaron en su sede de campaña en Barranquilla, conocida como la ‘Casa Blanca’. Merlano, según el fallo del Ministerio Público, dio instrucciones precisas a la hora de repartir dinero, recolectar cédulas y emitir certificados a los votantes el 11 de marzo de 2018, día de las elecciones. En uno de los videos recolectados por los agentes del CTI de la Fiscalía General se ve a la dirigente política repartir dinero en efectivo a sus subalternos para que se concretara la compra de los votos.

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