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¿Hasta dónde van las antenas de Iván Márquez? Por: Eduardo Mackenzie

eduardo-mackenzie-1El jefe del comunismo español, Enrique Santiago, no le pide a Iván Márquez que renuncie a su plan de matar colombianos. Quien debe cambiar, según el asesor de las Farc, es Colombia y el gobierno de Iván Duque.

No le pide a Márquez que respete el acuerdo que él mismo, Iván Márquez, había instigado, negociado y firmado en La Habana. Quien debe respetar ese papel es Duque, dice Santiago, ocultando que el actual presidente colombiano no negoció nada y que, por el contrario, llamó a votar contra ese adefesio y que la ciudadanía rechazó muy claramente, en el referendo de 2016, a pesar de las enormes presiones ejercidas por Santos y las Farc.

El consejero de las Farc no considera irresponsable a Márquez por declararle de nuevo la guerra a Colombia. El irresponsable es, para Santiago, el jefe de Estado Duque a quien acusa de “incumplir el acuerdo”. En ese punto el cabecilla del PC español coincide plenamente con Iván Márquez. Santiago es de los pocos cerebros de las Farc que han explícitamente respaldado, en estos días, la salida bárbara de Iván Márquez. La mayoría de miembros ese grupo tratan de deslindarse y de disimular su pensamiento. El mamerto español, no. Todo lo contrario. Santiago dice que todo eso era previsible, que “era algo que se veía que podía ocurrir”.

El artículo que publicó en un órgano de Izquierda Unida (1) prueba que el anuncio de Iván Márquez de insistir, con Santrich, “el paisa” y otros en la barbarie totalitaria, no solo tiene el aval de Caracas y La Habana sino que también cuenta con el respaldo público del PCE, partido ultra minoritario en España. Pese a ello, ese jefe aspira a jugar un papel cada vez más creciente en la dirección de los asuntos internos de la subversión en América Latina.

Santiago dice ser “optimista”, pero bajo una condición: si hay “un cambio de voluntad y de actitud”, no del pez gordo Márquez, sino del gobierno colombiano. Ese optimismo no depende, para Santiago, de que Márquez renuncie a la “lucha armada”, sino de que Duque cumpla con las aberrantes concesiones de JM Santos que dejaron a Colombia sin Constitución y sin Estado de derecho.

Enrique Santiago quiere que la declaratoria de guerra de Márquez sirva para lograr la famosa y desgraciada “implementación de los acuerdos” y hasta para ir más allá. Esa es la principal recomendación del hombre, tanto a la estructura clandestina de Márquez como al grupo de Timochenko.

El asesor le miente al público español sobre lo que ocurre en Colombia. Dice que el gobierno está “incumpliendo sistemáticamente con la obligación de implementación del acuerdo de paz e intentando desbaratar lo que se había acordado y comenzado a implementar”. La verdad es que Duque no ha modificado ni una coma de ese acuerdo. Duque dejó intacta la JEP, el órgano más importante del plan Farc/Santos. La JEP impidió las extradiciones a Estados Unidos de Santrich y Márquez y no ha logrado decir dónde están otros 724 “ex combatientes” de las Farc.

Enrique Santiago confunde a sus lectores. Dice que las zonas de desmovilización están siendo desmanteladas y que los “8.000 guerrilleros y guerrilleras” (para él no hay desmovilizados, esa palabra no aparece en su artículo) “no tienen otro sitio donde vivir, trabajar y reincorporarse a la sociedad, pueden quedarse sin cobertura legal, económica y jurídica a partir del 1 de septiembre”. Error. Esos costosos campamentos siguen sostenidos por el erario público. En su afán de endosar el otro eje central de la perorata de Márquez, Santiago califica de criminal el Estado colombiano. Afirma que éste “ha permitido el asesinato de más de 150 ex guerrilleros y sus familiares, así como de más de 500 líderes sociales”. Falso. Las autoridades, hasta finales de julio pasado, habían capturado a 52 presuntos asesinos de excombatientes de la guerrilla Farc y han emitido otras 110 órdenes de captura contra presuntos autores de ese tipo de homicidios. El gobierno de Duque lanzó, en junio pasado, un paquete de 23 medidas para evitar tales atentados. En agosto, la Fiscalía estableció que “la mayoría de crímenes” contra ex combatientes de las Farc “han sido cometidos por disidencias y grupos armados organizados”.

Después de echar abajo el Estado de derecho en Colombia, Enrique Santiago ha emprendido, pues, otra tarea: defender en Europa la nueva fase de atrocidades que reanudan las Farc. Es cierto que la declaración de guerra de Iván Márquez del 29 de agosto, ratificada por Santrich tres días después, en una arenga donde anuncia una misteriosa “nueva modalidad operativa”, desordenó brevemente el campo de la subversión. Las declaraciones contradictorias de los voceros de esa corriente reflejan ese desconcierto. Timochenko pidió disculpas por la decisión de Márquez y hasta dijo algo insólito: “necesitamos unirnos con el Gobierno (sic) para no darle munición a quienes quieren dañar el proceso”. Lisandro Lascarro, alias Pastor Alape, agregó que el partido Farc “no le ve futuro” al alzamiento en armas de Márquez. Gustavo Petro, el señor de las obscuras bolsas de dinero bajo la mesa, envió este cómico mensaje: “En el siglo que vivimos y en el país que vivimos las armas sólo llevan a una alianza con el narcotráfico y las economías oscuras.” Iván Cepeda, por su parte, siguió la línea de Santiago: que la ofensiva armada sirva para llegar a “un acuerdo con la guerrilla del Eln”.

Dato curioso: dos expresidentes también lanzaron propuestas chifladas. JM Santos quiere que Duque acepte a Felipe González y Pepe Mujica –dos ex mandatarios socialistas que son claves en la paralización de la oposición venezolana y en el mantenido en el poder de Nicolas Maduro–, como “supervisores de la implementación del acuerdo de paz” con las Farc. César Gaviria Trujillo, exige lo de la “implementación”, claro, pero lo que más lo irrita es la propuesta del expresidente Álvaro Uribe de excluir el “acuerdo de paz” de la Constitución y que la JEP sea suprimida.

El papel que juega Enrique Santiago muestra la extensión y complejidad de los apoyos de que disponen las Farc (el partido y la guerrilla). Pues no sólo concurren en este asunto los cubanos, los venezolanos, los carteles mexicanos y el Foro de Sao Paulo. JM Santos hace parte ahora, de manera abierta, de la galaxia Soros. Ver el bloque Farc como un aparato “residual” o como una simple “amenaza” local, y negar que hay conmoción interior, mientras esa gente está intrigando para que las cortes que dejaron libre a Santrich y a Márquez encarcelen, sin razón alguna, al ex presidente Uribe el 8 de octubre, sería cometer un acto de imbecilidad política que Colombia podría pagar muy caro.

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