Lo último

Un coronel del Ejército de Colombia le exige a la periodista Stephanie Bates adoptar el discurso del gobierno de Gustavo Petro. Pero éste no repudia tal abuso. Quien amenaza a Stephanie Bates es, sin embargo, miembro del alto gobierno. Si la periodista no acata tal orden tendrá que irse del país, anuncia el militar. El silencio del presidente Petro ante esas infracciones contra la libertad de la prensa y contra la libertad de expresión cometidas por el coronel Orlando Quiñones, funcionario del ministerio de Defensa, es inadmisible. Igual se debe decir de Iván Velásquez, el ministro de Defensa. Hasta el momento de redactar esta nota, ninguno de ellos, ni el militar, ni el ministro, ni el nuevo presidente de la República han pedido disculpas a la víctima de tales atropellos.

Luego estamos no ante un gesto de mal humor del coronel Quiñones sino ante una política gubernamental.

Orlando Quiñónez le anunció a la periodista Stephanie Bates, directora de Primera Voz, de la agencia Cable Noticias, que tendría que irse de Colombia si no cambia el contenido y el tono de su trabajo periodístico. Director del llamado grupo de desmovilización (GHAD) del ministerio de Defensa, el coronel Quiñónez viene ejerciendo desde hace meses una brutal presión psicológica sobre la periodista Bates.

Según Quiñones, ella debería “decir las cosas de manera diferente” y retomar lo que dice el gobierno de Petro, en lugar de “hablar de las víctimas de este país porque eso ya está mandado a recoger y los grupos armados ilegales están firmando la paz”. Excedida por esa conducta, la periodista reveló, este 10 de abril (1), los detalles de la fuerte coacción. Ella no solo declaró que no cederá ante tales llamados, sino que sacó al aire, en su cuenta Twitter, la grabación sonora donde el coronel Quiñones formula sus ilegales exigencias.

“Si ella quiere ser exitosa aquí tiene que adaptarse [al discurso oficial] porque ella no puede estar así”, insiste Quiñones. La razón de la ofensiva del funcionario militar es que ella, Stephanie Bates, se niega a adoptar el discurso oficial del gobierno de Petro sobre la llamada “Paz total”. Todo eso es “rebeldía”, dice el coronel, como si la periodista fuera un subordinado, un elemento más de un imaginario batallón en tiempo de guerra.

La situación creada por Quiñones es grotesca, pero el silencio de Gustavo Petro al respecto es aún más grave.

El coronel Quiñones no parece conocer las bases del derecho de prensa. El no entiende por qué la periodista Bates asume una actitud valiente ante sus presiones y por qué ella defiende la libertad y autonomía de los periodistas.

“A los periodistas no se les intimida”, explica Stephanie Bates. Ella le exige al militar respetar la actividad de la prensa y le advierte que él no tiene derecho a invitarla a salir de Colombia por el solo hecho de “hablar de la historia y de la realidad”. En su mensaje en Twitter ella denunció también el silencio del gobierno y de los altos mandos de las Fuerzas Armadas ante la conducta de Quiñones: “Mi pregunta ahora es: ¿el Gobierno y el Ejército saben que hay un coronel amenazando a una periodista que habla de víctimas?”. Y concluye: “Me cansé de trabajar en una oficina donde me hacían comentarios como esos. La libertad no tiene precio y preferí perder un trabajo que tener uno en donde un billete se convirtiera en mi mordaza”.

Es obvio que el coronel Quiñones no es sino el vocero de instancias de gobierno más altas que él. El gobierno de Petro le estaría cobrando a Stephanie Bates su actividad profesional en defensa de las víctimas ocasionadas por las FARC, sus denuncias sobre las atrocidades que cometieron y cometen las FARC y el ELN, en particular, mientras esas bandas dicen, al mismo tiempo, estar dispuestas a negociar la “paz total” con el nuevo gobierno.

Es incomprensible que un coronel del Ejército de Colombia se ensañe contra una periodista que mediatiza de manera leal las operaciones de soberanía nacional de la fuerza pública, como su célebre reportaje sobre el desminado humanitario del Ejército, realizado con Andrew Posse en abril de 2021, y como sus denuncias de los secuestros que sufren en esta coyuntura policías y soldados a manos de grupos de indígenas o disfrazados de “defensas campesinas”, y como sus informes audiovisuales donde le pide al gobierno cumplir la ley y atender las reclamaciones de las poblaciones desplazadas por los grupos violentos y de las mujeres que fueron secuestradas, torturadas y violadas, una y varias veces, por los jefes y algunas de las bases de las FARC en los años recientes y que piden justicia.

Los periodistas que trabajan en Colombia, sea cual sea su origen y posición, viven momentos muy difíciles. Las amenazas que envían los grupos ilegales aumentan. El 4 de abril pasado, por ejemplo, el jefe de la narcoguerrilla ELN, alias Antonio García, lanzó amenazas contra dos periodistas colombianas, María Alejandra Villamizar y Vicky Dávila, directora esta última de la revista Semana, de Bogotá. Alias Antonio García, cuyo nombre verdadero es Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, nacido en Mocoa, Colombia, afirmó que el ataque que realizó el ELN contra él Ejército en Tibú, Norte de Santander, donde asesinaron con explosivos a nueve militares, “es una respuesta” a las acciones que la fuerza pública ha realizado contra esa organización violenta y que, según Antonio García, “no son replicadas por los medios de comunicación”. Ese mensaje en Twitter ha sido interpretado, con razón, como una amenaza contra las citadas periodistas.

Lo nuevo es que los ataques contra los periodistas y contra la libertad de prensa y de expresión, vienen ahora también de funcionarios del gobierno, sin que el jefe de Estado, garante “de los derechos y libertades de todos los colombianos”, como dice la Constitución, no tome medidas efectivas contra tan peligrosa deriva. Si la prensa y las redes sociales son aplastadas, el régimen petrista tendrá manos libres para completar su labor de bárbara demolición de Colombia.