COLUMNISTAS

*Senadora y precandidata presidencial

Más de 30 decretos para complacer a las Farc ha expedido -desde septiembre de 2016- el Gobierno de Juan Manuel Santos, sin los bombos ni platillos que acostumbra, pues sabe que si los colombianos conocen del peligro que estos representan, su favorabilidad terminaría en cifras de un dígito.

Son muchas las perlas que nos han metido por Decreto. Empecemos por el Decreto 1397, expedido el 1º de septiembre de 2016 en el cual se establecieron las condiciones para el funcionamiento de las zonas para la ubicación temporal de las Farc. Es decir, definieron la ubicación de los miembros de las Farc un mes antes del plebiscito donde se suponía que “los colombianos teníamos la última palabra” y “nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado”.

El 20 de octubre, cuando estaban “buscando un acuerdo nacional con los promotores del NO en el plebiscito” el Gobierno expidió el Decreto 1647 de 2016, donde estableció los puntos de Pre-agrupamiento como Zonas de Ubicación Temporal, y en diciembre a través de 25 decretos, estableció los seis Puntos Transitorios de Normalización y las 21 zonas veredales donde las Farc adelantarían el proceso de desarme y desmovilización. Importante recordar que en ese momento no se había votado si quiera el Proyecto de Ley de Amnistía.

En enero de 2017 se expidió el Decreto 062 de 2017 en donde el Gobierno designó representantes para la implementación y verificación del acuerdo final. Los representantes internacionales cuestionados por su claro sesgo contra el Estado Colombiano y proclives a las Farc.

No contento con todo lo anterior, por Decreto también –el 154 de 2017- el Gobierno de Juan Manuel Santos le dio la potestad al máximo grupo terrorista de las Farc de dirigir la política criminal del país, participando en la “Comisión Nacional de Garantías de seguridad-; y como para no creerlo, las Farc exigen que se deben revisar los antecedente de los servidores públicos en todas las instituciones del Estado “con el fin de verificar cualquier involucramiento que hayan tenido con grupos y/o actividades de paramilitarismo o violaciones de Derechos Humanos”.

Para rematar, con el Decreto 277 de 2017 el gobierno contraría incluso lo que se acordó en la primera ley expedida por mecanismo de ‘Fast Track’, esto es la Ley 1820 de 2016 ‘Ley de amnistía’, donde se establecía en el artículo 35 sobre Libertad condicionada que las personas que hayan cometido delitos políticos o conexos a ellos, quedarían en libertad condicionada siempre que hayan suscrito un acta de compromiso en diciembre. Sin embargo, en el artículo 21 del Decreto 277 se establece que la libertad condicionada se mantendrá aunque con posterioridad a su concesión se formulen nuevas imputaciones, acusaciones o condenas. Esto significa que ningún miembro de las Farc pagará si quiera un día de cárcel, así cometa crimines hoy o en los años venideros.

Y así, a espaldas de los colombianos, desconociendo la voluntad popular se le da cada día más impunidad a los máximos autores de crímenes atroces, se les permite andar a diestra y siniestra por territorios donde no hay imperio de la ley o institucionalidad y se les permite liderar la política criminal. ¿Para dónde vamos? Nos golearon a nuestras espaldas.