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Fiscalía solicitó a Procuraduría un plan conjunto que concrete medidas cautelares a bienes en caso Odebrecht

otto-bulaBarranquilla, 6 de septiembre de 2017.- La Fiscalía General de la Nación informó este miércoles a primera hora, luego de que la Procuraduría emitiera un comunicado hablando de los bienes de las Farc, que fue precisamente el ente investigador quien instó a la Procuraduría a trabajar mancomunadamente en los trámites de extinción de dominio, con el fin de salvaguardar los bienes del Estado relacionados con el caso Odebrecht.

Cabe señalar que la respuesta obedece a la petición del Ministerio Público para iniciar la acción constitucional de extinción del derecho de dominio, sobre los bienes adquiridos de manera ilícita en el caso mencionado. Al respecto, la Fiscalía manifestó que se han adelantado las siguientes acciones:

En febrero de este año, fueron proferidas medidas cautelares sobre 34 inmuebles, 645 semovientes, 5 bienes muebles, 2 sociedades, para un total de 686 bienes por valor de 52.415.422.646 millones de pesos aproximadamente, propiedad de Otto Nicolás Bula Bula.

Igualmente, en marzo último, decretó medidas cautelares sobre 5 bienes inmuebles, 2 vehículos, y 4 millones de acciones de una empresa ubicada en las Islas Vírgenes Británicas, por un valor aproximado de 4 millones de dólares que harían parte de los 6.5 millones de dólares que recibió el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales.

Por otra parte, el ente acusador advirtió que sobre las cuentas bancarias y los dividendos obtenidos por las sociedades Concesionaria Ruta del Sol SAS, Constructora Norberto Odebrecht S.A; Odebrecht Latinvest Colombia SAS, Estudios y Proyectos del Sol SAS, y CSS Constructores S.A; así como sobre los bienes mencionados en la acción popular promovida por la Procuraduría, ya existen medidas cautelares proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Finalmente, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio indicó que el plan de acción conjunto no puede extenderse a bienes que son hoy de entidades públicas, como aquellos que pertenecen a la Agencia Nacional de Infraestructura y que aparecen vinculados con el proceso de Odebrecht.

Lo anterior con el fin de garantizar la protección y restablecimiento de los derechos colectivos, en defensa del interés público.

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