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Fiscalía sobre el megaoperativo en Tierra Santa: 13 capturados, 7 imputados, entre sus propietarios, e incautados bienes por valor de 1,2 billones de pesos

Barranquilla, 14 de septiembre de 2022.- Este miércoles se pronunció la Fiscalía General de la Nación, sobre las diligencias llevadas a cabo en los almacenes Tierra Santa con varias sedes de las que da cuenta el ente investigador en 36 municipios ubicados en 17 departamentos del país, del que confirmó lo antes publicado la semana pasada respecto de la incautación de bienes de esa sociedad.

Señaló el ente investigador en un documento de prensa que en esas labores que fueron lideradas por la Delegada para las Finanzas Criminales articulada por las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía se impactó lo que ellos han considerado “una organización criminal” presuntamente dedicada a ingresar textiles de contrabando al país.

El mega operativo, contó con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, la Dijin de la Policía Nacional y la Dian, donde además fueron judicializados 20 presuntos integrantes de la red ilegal.

Labores de policía judicial como las búsquedas selectivas en bases de datos, interceptación de comunicaciones, inspecciones a procesos, labores físicas de verificación a empresas evidenciaron que los procesados, varios de ellos integrantes de una misma familia, habrían incurrido desde 2009 en actividades relacionadas con el contrabando de prendas y complementos (accesorios) de vestir.

Señaló el ente acusador que se llevaron a cabo “análisis contables, patrimoniales y financieros de los procesados”, que según ellos los llevaron a “establecer movimientos de dinero que podría estar relacionado con delitos como el lavado de activos y enriquecimiento ilícito, al parecer, cometidos por personas aparentemente relacionadas con la sociedad conocida como Tierra Santa”.

Según la investigación la red ilegal realizaba operaciones simuladas de importación y compra de mercancía proveniente principalmente de Panamá y Ecuador. También se logró establecer que la organización ilegal cuenta con una empresa en Barranquilla, 29 sucursales en el territorio nacional y 62 empresas asociadas.

Las autoridades durante el procedimiento judicial capturaron a varias personas de la misma familia, todos al parecer de origen libanés  identificados Ahmad Ibrahim Gebara, Bilal Gebara Karameddin, Khaled Ahmed Gebara Karameddin, Fayez Jebara Llach, Samir Jebara Llach, Khaled Saleh Sati, Hassan Feris Karameddine Mohmoud, Fayez Jbara, Eduardo Enrique Mejía Leguia, Jebara Abedal Mugden, Jamil Omais Birani, María Carolina Rodríguez Olivares, Arnaldo Villa Santana, Leonardo Antonio Bastidas Jalk, Yasaldes Joel Altamar Rojas, Orlando de Jesús Torres Sarmiento, Manuel Ignacio Villabón López, Fray José López De La Cruz, Elías José Yamhure Daccarett y Fabio León Álvarez Franco.

La Fiscalía los acusa por los presuntos responsables de los delitos de lavado de activos agravado, contrabando agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir agravado.

Por otra parte la Dirección de Extinsión del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 58 inmuebles, 20 sociedades, 65 establecimientos de comercio, 953 semovientes y 14 vehículos. El valor de los activos afectados superaría los 1,2 billones de pesos.

Los bienes están ubicados en Barranquilla, Malambo, Soledad, Galapa Atlántico; Apartadó, Caucasia Antioquia; Magangué, Cartagena, Carmen de Bolívar, San Juan De Nepomuceno Bolívar; Arauca; Palmira, Buenaventura, Cali, en el Valle del Cauca; Ipiales, Pasto, Tumaco Nariño; Neiva, Pitalito, departamento del Huila; Popayán, Plato, Fundación, Ciénaga, Santa Marta en el departamento del Magdalena; Maicao Guajira; Montelíbano, Sahagún, Montería, Lorica departamento de Córdoba; Valledupar y Aguachica en el Cesar; Calamar Guaviare; San Marcos Sucre; Ocaña Norte de Santander; Yopal Casanare y en Floridablanca departamento de Santander.

Los bienes incautados serán entregados por la Fiscalía General de la Nación a la Sociedad de Activos Especiales SAE para su administración.

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