JUDICIALES

Barranquilla, 21 de julio de 2017.- La Fiscalía General de la Nación, radicó en el Congreso de la República un proyecto de ley contra la corrupción, porque según señaló el Fiscal Néstor Humberto Martínez, la guerra contra este flagelo no da espera. El proyecto de ley presentado propone instrumentos para sancionar eficazmente la Corrupción.

En el proyecto de ley, presentado por la Fiscalía propone actualizar procedimientos para enfrentar y castigar formas de corrupción existentes propone que la corrupción debe ser combatida con la misma contundencia con que se combate el crimen organizado y el narcotráfico.

El proyecto de ley presentado por la entidad este jueves, entrega nuevos instrumentos y herramientas procesales con los que la Fiscalía propone combatir la Corrupción facilitando la investigación y judicialización del corrupto.

“Las nuevas normas contra la corrupción deben adoptarse de inmediato. Presentamos proyecto de ley para actuar sin dilación”, aseguró el Fiscal.

El proyecto de ley presentado por Fiscalía al Congreso de la República, el ente acusador propone también reformas con relación a la financiación de campañas políticas, por lo que también estaría encaminado al tema electoral para quienes 72 horas antes del día de las elecciones se les encuentre dinero en número que definirá la autoridad electoral, al igual que se fijan unos topes y donaciones. Tampoco podrán los elegidos contratar o subcontratar a quienes financien sus campañas políticas.

Al igual que incluye propuestas para contrarestar la corrupción en la administración de justicia. Además de unas propuestas para modificar el régimen sancionatorio y la penalización de nuevas modalidades de delitos, como la omisión de una persona que a sabiendas del delito no denuncia, como son también los casos de corrupción y sus testaferros.

Así mismo los jefes de control, los contadores, al igual que los revisores fiscales que se presten para ocultar los bienes adquiridos por cuenta de la corrupción, que enterados deben reportar a la UIAF, so pena de ser judicializados y pagar penas que van de los tres a los 6 años. Igualmente gozarán de penas quienes divulguen información privilegiada o que sea parte de la reserva de un documento judicial o de investigación, por ejemplo. De igual manera pagarán de 8 años y hasta 18 años de cárcel y sanciones pecuniarias a quienes afecten el patrimonio y la administración pública.