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Fiscal Barbosa y Cifuentes de la JEP contra la Constitución de Colombia. Por: Eduardo Mackenzie

¿Ellos creen estar por encima de la Constitución? ¿Se creen exentos de respetar los principios esenciales de la democracia? Francisco Barbosa acaba de dar una clase de no Derecho, o de anti Derecho constitucional, sin que la prensa, ni el mismo gobierno de Iván Duque, ni los organismos de control constitucional, se percaten de la enormidad que ha lanzado, alegremente, el Fiscal General, ante los micrófonos. “Como fiscal general de la Nación, me opondré personalmente a cualquier modificación o alteración a la JEP (Justicia Especial para la Paz) y seré un opositor de grupos o partidos o movimientos que pretendan alterar el funcionamiento de la JEP” (1).

El nuevo presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, secundó ciegamente al Fiscal General y lanzó, sin gran originalidad, que “no permitirá que movimientos políticos quieran modificar la JEP de acuerdo a intereses privados”. Cifuentes culminó su frase con una advertencia digna de un maestro de escuela ante sus alumnos más traviesos: si hacen eso se les aparecerá el Coco. En palabras de Cifuentes: “si esto llega a suceder la CPI (Corte Penal Internacional) retomaría sus investigaciones preliminares en el país”.

Si alguien toma en serio las declaraciones de los dos altos funcionarios tendrá que admitir que en Colombia ya no es posible reformar ni la Constitución ni las normas aberrantes. Quedan pues, por fuera, o derogadas, por la sola proclama de esas dos eminencias, el título VI y el título XIII de la Constitución vigente que muestran los procedimientos a seguir para redactar o modificar las leyes y reformar la Constitución de Colombia.

La doctrina de estos dos funcionarios es grotesca: la JEP es intocable, no reformable ni derogable. La creencia de ellos dice que “los movimientos políticos” no pueden pedir la modificación de la JEP pues tal exigencia estaría motivada por “intereses privados”. La agresividad del doctor Barbosa es evidente: “Me opondré personalmente a cualquier modificación o alteración a la JEP (sic) y seré un opositor de grupos o partidos o movimientos que pretendan alterar el funcionamiento de la JEP”.

Es el mundo al revés.

Señores funcionarios: en una democracia los ciudadanos, incluso los grupos privados, los intereses privados, así como los partidos y grupos políticos, tienen el derecho de pedir cambios o reformas a la Constitución y tienen el derecho de pedir la creación, la reforma o la abolición de normas legales y constitucionales. Eso hace parte de la soberanía popular.

Ustedes deberían saber que la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Que las leyes y las constituciones se deshacen como se hacen. Que la soberanía popular hace del ciudadano el actor principal. “El soberano está formado de particulares que lo componen”, escribía Rousseau. En el preámbulo de la Constitución de 1991, y en el artículo 3 de la misma, quien ejerce el poder soberano es el pueblo de Colombia, no las autoridades, ni la nación. La idea roussoniana de la soberanía popular ha vertebrado las constituciones de Colombia. Los funcionarios, sobre todo los de la rama judicial, son los servidores del pueblo. No lo contrario.

Según nuestra Constitución, el único que puede hacer, interpretar, reformar y derogar las leyes es el Congreso de la República. En eso nada puede jugar el Fiscal General. Y mucho menos el presidente de una oficina sin legitimidad y sin legalidad como la JEP.

Si un grupo de congresistas quiere modificar o abolir la norma que creó, o que pretende haber creado, la JEP, ese grupo está plenamente autorizado a hacerlo. Ese es su derecho y esa es su función. Sólo el debate parlamentario y la votación tras ese debate decide la suerte de la norma que algunos quieren crear, reformar o abolir. En eso no tiene nada que hacer el Fiscal General, ni funcionario alguno de la rama judicial. El Fiscal General es un elemento central de otro poder, un poder público que no está llamado a elaborar las normas de derecho. El fiscal está para aplicar las normas, no para crearlas, ni interpretarlas, ni modificarlas, ni derogarlas.

Es muy insolente la actitud asumida por los funcionarios citados. Barbosa incursiona indebidamente en política al lanzar tal declaración. ¿Lo hace por razones ideológicas? En febrero pasado, una vocera del socialismo incrustado en el sistema de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, lanzó la consigna: nadie debe tocar la JEP ni con el pétalo de una rosa. De inmediato, Juliette de Rivero, representante en Colombia de la señora Bachelet, dijo que estaba “preocupada” porque algunos están proponiendo “reformas legislativas” para “terminar con la JEP” (2). ¿Desde cuando el Congreso colombiano perdió su facultad de proponer reformas legislativas?

La oficina de la señora Bachelet se arroga derechos que no tiene, como decirles a los congresistas colombianos cuándo y sobre qué temas pueden o no presentar reformas legislativas. Eso es inadmisible. Y lo peor es que el Fiscal General de Colombia acate tales consignas y deje de lado el ordenamiento jurídico colombiano.

La JEP es una aberración. Es el resultado de un pacto negociado en secreto, no en el Congreso de la República –salvo para dar un pupitrazo al final y en términos ilegales (el llamado fast-track), luego de que el referendo nacional de 2016 rechazara ese pacto entre JM Santos y las FARC–. La JEP fue creada para garantizar la impunidad de un cartel narco-comunista, las FARC. La JEP ha cumplido con ese triste objetivo y se ha burlado de los cientos de miles de víctimas de las FARC. Sobra aquí la enumeración de tales hechos. La JEP espera seguir en eso durante años. No existe un solo precedente en el mundo de un organismo con tales objetivos. Sin embargo, la izquierda internacional, que se preocupa más por los derechos de los victimarios que de las víctimas, defiende la JEP y pretende acomodarle unas cartas de nobleza que no merece.

El partido Centro Democrático radicó en el Senado, en octubre de 2020, un proyecto de reforma constitucional para derogar la JEP. El fiscal Barbosa no debe oponerse a eso. Ese no es su rol. Como ciudadano él puede pensar lo que quiera, pero como Fiscal General debe abstenerse de intervenir en ese debate. Eso no sería “proteger la institucionalidad”, como él dice. Sería romper la separación de poderes. Quien está llamado a “proteger la institucionalidad” es el jefe del poder ejecutivo.

Eduardo Cifuentes dice que el proyecto radicado por el CD en el Congreso para crear en la JEP una sala para militares “es una afrenta directa [al] acuerdo”. Puede ser. Pero ante eso Cifuentes nada tiene que decir. No tiene derecho para hacerlo. El CD, en cambio, tiene el pleno derecho de criticar y de intentar atacar legalmente, y en el Congreso, el acuerdo Santos/FARC. Aquí Cifuentes y Barbosa olvidan su rango y devienen activistas de base de una organización política. Pero no lo son. Son funcionarios de la rama judicial que no deben inmiscuirse en la actividad del poder legislativo.

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