JUSTICIA

Barranquilla, 17 de marzo de 2018.- Este viernes la Fiscalía General de la Nación informó de la acusación formal ante el Juzgado Décimo Penal de Conocimiento de Bogotá, contra el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez por presuntos hechos de corrupción en la Rama Judicial. Afirma el ente acusador que los delitos que le imputa son concierto para delinquir en calidad de autor, en concurso con cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada en calidad de interviniente, delitos por los que en juicio deberá responder el magistrado Francisco Ricaurte.

En el documento escrito la Fiscalía acusa al exfuncionario de conformar una organización criminal en la que estarían involucrados el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno Rivera, el abogado Leonardo Pinilla Gómez y otros juristas; asimismo, lo vincula a seis eventos en los que se habría favorecido con decisiones judiciales a congresistas y gobernadores procesados penalmente.

Así mismo argumenta su acusación en que el fiscal delegado advirtió que Ricaurte Gómez, en compañía de sus socios, supuestamente utilizó información privilegiada, habría manipulado testigos para cambiar versiones e instrumentalizaba a los medios de comunicación para desprestigiar o restar credibilidad a los testimonios.

En los hechos delictivos la Fiscalía relaciona el caso del exsenador Álvaro Ashton Giraldo, así como el caso del senador Musa Besaile, al igual que el del excongresista Julio Manzur, caso Fonade, exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, y el ex gobernador de Córdoba, Alejandro José Lyons Muskus, donde el magistrado habría intervenido de acuerdo a las coimas y que la Fiscalía explica caso por caso textualmente:

En el caso de Ashton Giraldo, la Corte Suprema adelanta varias investigaciones, según explica la Fiscalía, “una de ellas por presuntos nexos con el Bloque Norte de las Autodefensas en Atlántico. Y recuerda que “la indagación preliminar por este caso inició el 10 de octubre de 2012, y el defensor para esa época era el abogado Luis Ignacio Lyons España. En 2013, el proceso quedó en manos del magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández y su auxiliar, el doctor José Reyes”.

Afirma el ente acusador que Ashton tendría comunicación directa con Francisco Ricaurte. Y cabe destacar que esto no lo negó el parlamentario, en alguna de sus declaraciones afirmó que eran amigos. La Fiscalía señala que se reunieron luego citarse en diferentes ocasiones, es así como se vieron el Consejo Superior de la Judicatura, en el Congreso y en su apartamento, con el único propósito de impedir que fuera abierta oficialmente la investigación y evitar una inminente captura. Para lograr esa intermediación presuntamente acordaron el pago de $1.200’000.000.

Agregó el fiscal textualmente que: “…como consecuencia, cambiaron la estrategia y decidieron dilatar en el tiempo la investigación y con ello evitar la apertura formal de un proceso penal contra el congresista”.

“Francisco Ricaurte habría instruido a Luis Gustavo Moreno sobre el valor que debía cobrarse y la manera de repartir la cifra. Al parecer, recibió aproximadamente $400’000.000, el resto del dinero supuestamente quedó con José Leónidas Bustos, Lyons España, Gustavo Enrique Malo Fernández y el propio Moreno Rivera”, argumenta el ente investigador”.

Un segundo caso donde según acusa la Fiscalía habría intervenido el ex senador Musa Besaile Fayad, y que el fiscal del caso relacionó quien en las investigaciones preliminares aparece con presuntos nexos con grupos paramilitares, casos en los que el abogado defensor también era Lyons España, socio del ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno.

De acuerdo con las evidencias, que dice tener la Fiscalía, en el primer semestre de 2015, Musa Besaile habría entregado $390’000.000 en la oficina de Lyons España, en el norte de Bogotá. Se presume que de ese dinero Ricaurte recibió $290’000.000. Según el fiscal: “…la segunda entrega fue en la residencia del exfiscal Moreno Rivera, hasta donde llegó el abogado Lyons España con $300’000.000, suma de la que Moreno sacó $250’000.000 para Ricaurte”.

Todo indicaría que como no fue posible direccionar un auto inhibitorio a favor de Besaile, supuestamente se pactó sacar de la Corte al magistrado auxiliar José Reyes Rodríguez, quien se habría convertido en un obstáculo para los propósitos ilegales.

Sobre el caso del exgobernador de Córdoba, Alejandro José Lyons Muskus, afirma la Fiscalía que este “presuntamente se contactó con el exmagistrado de la Corte Suprema Camilo Tarquino Gallego, a través de una amiga en común, la exparlamentaria Muriel Benito Rebollo. En la acusación al respecto precisó: “Tarquino le aclaró a Muriel Benito Rebollo que no se trataba de un cobro de $30’000.000 para mejorar la imagen en los medios de comunicación, porque en realidad era algo más serio y que tenía un costo de $20.000’000.000, ya que se trataba de un equipo de magistrados dedicado a esta misión, es decir, intervenir por los intereses de los procesados en esta clase de investigaciones”.

Continúa en su documento escrito la Fiscalía con el caso del excongresista Julio Manzur, por hechos ocurridos en Bogotá a mediados de diciembre de 2014, días antes de ser capturado por parapolítica. La Fiscalía afirma que pudo establecer que el excongresista supuestamente recibió información privilegiada sobre su inminente captura. Al parecer, el ex fiscal Luis Gustavo Moreno Rivera le señaló que el único camino para evitar un acto tan bochornoso era el pago de $2.000’000.000, cifra que el ex parlamentario rechazó y, como consecuencia, fue capturado el 24 de enero de 2015″.

En el caso del exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, el ente acusador argumenta que entre los años 2015 y 2016, el entonces fiscal noveno delegado ante la Corte Suprema, Alfredo Betín Sierra, adelantaba varias investigaciones contra el exgobernador Juan Carlos Abadía, por presuntos actos de corrupción en Valle del Cauca, y le incrimina el Fiscal que “Usted señor Ricaurte y Betín Sierra acordaron, por un lado, orientar las investigaciones a decisiones de archivo, dos de la cuales se alcanzaron a proferir; y de otra parte, impedir que se hicieran imputaciones contra el exgobernador”, resaltó el fiscal del caso en la formulación de la acusación.

Y por último el sexto caso, según revela la Fiscalía está relacionado con Fonade, entre los años 2014 y 2015, tiempo en el que el magistrado Malo Fernández era ponente de los procesos de presuntas relaciones entre congresistas y grupos paramilitares.

Entre el equipo de trabajo de Malo Fernández se encontraba el abogado Carlos Andrés Bula Dumar, cuyo hermano, Alfredo Ramón Bula Dumar, fue nombrado como gerente del Fonade en abril de 2015. Esa designación habría sido sugerida por el magistrado Francisco Ricaurte Gómez y varios congresistas.

Para la Fiscalía: “esta entidad es reconocida como el fortín político de los congresistas Musa Besaile y Bernardo Elías”, por lo que se cree que el Fonade, para esa época, supuestamente fue utilizado para favores burocráticos.