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“La columna vertebral de todo este sistema de justicia es la protección de los derechos de las víctimas”.

“Solicitó un condicionamiento a la palabra “grave” en los términos del Estatuto de Roma para que con la expresión “graves crímenes de guerra” se entienda toda la infracción del Derecho Internacional Humanitario de forma sistémica”

  “No tiene sentido  forzar el cumplimiento de las condiciones de justiciabilidad ordinarias, cuando se ha diseñado una justicia transicional para finalizar el conflicto armado colombiano”.

“La protesta social constituye, desde el punto de vista histórico, un medio de reivindicación de los derechos de muy diversos sectores, y estos reclamos no tienen necesariamente una relación directa con el conflicto armado”.

“No es posible definir a priori cuáles son los tipos penales que tienen relación indirecta con el conflicto, dado que todos los delitos potencialmente podrían llegar a tenerla”.

Barranquilla, 4 de agosto de 2017.- El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, en su intervención en la Audiencia de la Corte Constitucional sobre la Ley de Amnistía e Indulto, aseguró que “si hay reclutamiento forzado entre los 15 y 18 años, es un crimen de guerra”.

El jefe del Ministerio Público pidió al alto tribunal ampliar la protección para los adolescentes y que este delito no sea contemplado como lo indica el Estatuto de Roma, sino que se ciña a los estándares internacionales del Derecho Internacional Humanitario y de la Unicef, con la Convención de los Derechos de los Niños, los cuales indican que la mayoría de edad llega hasta los 18 años.

Carrillo Flórez hizo un llamado a las Farc para que hagan un balance sobre si están cumpliendo con estos estándares y advirtió que “no se puede caer en la trampa de que esa norma no se puede aplicar. Yo estoy seguro de que la Corte va a tomar la mejor decisión en su sabiduría”.

Por otra parte, el Procurador General afirmó que el uso del Estatuto de Roma no viola la favorabilidad y legalidad de las garantías penales y “si garantiza la materialización de un elemento reparador para las víctimas”. Enfatizó en que la columna vertebral de este sistema de justicia debe ser la protección de sus derechos.

El jefe del órgano de control explicó que esta fuente permite evidenciar que “los victimarios serán enjuiciados conforme a los criterios que mejor se adecúan a la sanción de las más graves conductas”.

Carrillo Flórez sostuvo que para evitar un error interpretativo, el Ministerio Público solicitó un condicionamiento a la palabra “grave” en los términos del Estatuto de Roma para que la expresión “graves crímenes de guerra” se entienda como toda la infracción del Derecho Internacional Humanitario de forma sistémica.

Al referirse a la suspensión de procesos en los cuales se haya otorgado la libertad condicionada o el traslado de los miembros de las Farc a Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), el Procurador aseguró que deben entenderse como la materialización de sistema de justicia transicional para el fin del conflicto armado”.

“No tiene sentido  forzar el cumplimiento de las condiciones de justiciabilidad ordinarias, cuando se ha diseñado una justicia transicional para finalizar el conflicto armado colombiano”.

Protesta social

El Procurador General rechazó que se quiera vincular o relacionar el derecho a la protesta con el delito político o el conflicto armado.

 “La protesta social constituye, desde el punto de vista histórico, un medio de reivindicación de los derechos de muy diversos sectores, y estos reclamos no tienen necesariamente una relación directa con el conflicto armado”.

Explicó que partir de esta base, sin hacer ninguna diferencia supondría “una criticable estigmatización de quienes plantean, como es en la mayoría de los casos, sus divergencias y reclamos sobre la acción Estatal y las políticas públicas”.

Finalmente, afirmó que “no es posible definir a priori cuáles son los tipos penales que tienen relación indirecta con el conflicto, dado que todos los delitos potencialmente podrían llegar a tenerla”.