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En el aire por falta de quórum quedó otra vez la ley estatutaria de la JEP, del Acuerdo Santos Farc

senado-jep-3Valledupar, 8 de noviembre de 2017.- Este miércoles luego de que se retomara en el Senado el debate sobre la ley de Justicia Especial de Paz, luego de que este martes hablaran los voceros y se resolvieran los impedimentos, por lo que finalizado a las 10 de la noche, se citó para este miércoles en se iniciara con la discusión que terminó nuevamente dejando tambaleando la JEP, toda vez se volvió a aplazar sesión por falta de quórum.

Este miércoles el Centro Democrático solicitó debatir 160 proposiciones una por cada artículo, que según el senador Jaime Amín de suprema necesidad dada la importancia de lo que significa este nuevo Sistema de Justicia para el país.

Señaló textualmente el senador Amín, que debatir estas 160 proposiciones “Es la única manera de que el Congreso y el país conozca la trascendental e inconveniencia del proyecto y de su contenido, porque según afirmo han querido atropellar y sacar a los trancazos”, denunció.

Las proposiciones presentadas por el Centro Democrático, recibieron la contra proposición del senador ponente del proyecto Horacio Serpa con el objeto de tumbar las proposiciones presentadas por el Partido Uribista, y en el momento del conteo los votos no alcanzaron los 30 parlamentarios, a pesar de que ya el quórum bajó en número de parlamentarios, por lo que la sesión fue levantada por falta de poder para decidir y aplazada para este jueves a las 9:00 de la mañana.

Recordemos que con la votación de los 13 impedimentos que faltaban entre los que quedaron aprobados el del ex presidente Álvaro Uribe Vélez quien a última hora decidió someter su caso al análisis de los parlamentarios quienes decidieron aprobarlo.

Resolviendo durante el debate del martes en que se votaron los 13 impedimentos restantes, de los 34 radicados inicialmente. En total fueron aprobados 12. En este caso el quórum para la votación final habría quedado reducido a 45 asistentes, pues según explicó el Secretario General del Senado, Gregorio Eljach, de los 102 senadores de la corporación, hay dos sillas vacías, el cálculo se hace entonces sobre los 100 senadores facultados.Así las cuentas se restarían los 12 impedidos para un total de 88 senadores. El quórum se hace con la mitad más uno.

Fue necesario que el secretario Eljach leyera “El artículo 134 de la Constitución explica que para efectos de conformación de quórum se tendrá como número de miembros la totalidad de los integrantes de la Corporación con excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas. La misma regla se aplicará en los eventos de impedimentos o recusaciones aceptadas”, indicó.

Fue sorprendente ver este martes a “un senador Roberto Gerlein del partido Conservador completamente abyecto y pegado a la teoría del estado de Horacio Serpa”, ponente del proyecto quien recomendó votar todos los impedimentos en forma negativa, y así lo hizo, “el otrora senador que contaba con luz propia, no obstante hoy se ilumina con la luz de las Farc”, afirmó un senador costeño consultado.

El Proyecto de Ley Estatutaria busca reglamentar la JEP como modelo de juzgamiento transitorio para procesar a guerrilleros, militares y civiles señalados de delitos atroces en relación directa o indirecta del conflicto armado, a través de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, ofreciendo supuestas garantías a las el víctimas.

En este sentido el senador Juan Diego Gómez por el Partido Conservador, afirmó “Apoyamos la regulación de la Justicia Especial para la Paz, sin embargo señalaron tener muchas dudas. Además de reclamar las garantías jurídicas para los agentes del Estado que aún no están claros, afirmó.

Igualmente este miércoles se aprobó una proposición del senador Juan Manuel Corzo del partido Conservador, que adiciona a la exposición de motivos que los principios de la JEP sean los mismos del derecho internacional constitucional legal y procedimental del derecho colombiano internacional.

Por lo que se endurece el camino en la medida en que este miércoles el Partido Conservador, radicó una proposición en la que exige claridad y respuestas, además de modificar lo que tiene que ver respecto de las garantías jurídicas en la justicia para los militares, al igual que la participación política de las Farc. Otro aspecto es el referente a los empresarios y terceros civiles que el sector privado ha venido rechazando al igual que lo ha rechazado el Centro Democrático. Lo mismo que se disponen a negar lo relacionado con el narcotráfico como delito político. De no hacerse las modificaciones solicitadas los 18 senadores del Partido Conservador, dejaron claro que no votarán.

Por su parte en un documento informativo del Senado, señala en el caso del senador Carlos Fernando Galán, quien en representación de Cambio Radical, manifestó su preocupación frente a los escenarios en que se juzgarán a los grupos al margen de la ley, así como a los demás actores del conflicto, quienes hayan cometido delitos no amnistiables. “No puede haber impunidad política en la implementación. Se debe aclarar lo relacionado a las penas”, enfatizó el legislador.

No obstante todo lo que se ha dado a conocer respecto de las Fuerzas Armadas ubicadas en el mismo nivel de una guerrilla o grupo terroristas dentro de esta Justicia, el senador Roy Barreras del Partido de la U, con un juego de palabras manipuladoras, pidió aprobar el proyecto, porque según él, “los miembros de las Fuerzas Militares, están contentos con los acordado respecto de ellos”.

Otra fuerte opositora es la senadora Sofía Gaviria aseveró que “con el proyecto se representan a criminales de lesa humanidad”. “Si las FARC quisieran la paz, el Secretariado en pleno asumiría su culpa”, dijo.

Por la misma colectividad el senador Jimmy Chamorro presentó observaciones relacionadas al Estatuto de Roma y las implicaciones en la JEP. Quien aseguró que muchos puntos de la Jurisdicción presentan carácter internacional.

Finalmente por el Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia mostró su molestia sobre la implementación del acuerdo. “Se premia con política a los crímenes de lesa humanidad cometidos por las FARC, el secuestro sistemático, el reclutamiento forzado, la violación de niñas y mujeres. Estos delitos no pueden quedar impunes”. 

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