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El mal menor. Por: José Félix Lafaurie

lafaurieEl Gobierno publicó, para observaciones ciudadanas, el decreto para control de riesgos a la salud y la naturaleza por erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea, cumpliendo los requisitos de la Corte Constitucional en una sentencia que, me da mucha pena, pero fue una literal “lavada de manos”: abrimos la puerta a la aspersión y quedamos bien con unos, pero con requisitos que la conviertan en laberinto kafkiano y quedamos bien con otros.

Esa es mi percepción inicial del decreto, lleno de conceptos previos, auditorías internas y externas y participación ciudadana, “antes, durante y después de la ejecución de los programas de erradicación”. No se trata de evadir la veeduría ciudadana ni de expedir patentes de corso, pero no se puede olvidar tampoco que el narcotráfico es un delito y su persecución una acción policiva que obliga a la justicia.

La Aspersión aérea puede afectar la salud y se debe considerar ese riesgo. De hecho, quienes aplican herbicidas deben estar protegidos. Claro que tiene impacto ambiental, que debe ser mitigado, pero acaso no es peor el de la tala y la contaminación del narcotráfico, o la destrucción de los ríos por la minería ilegal, el negocio subsidiario del narcotráfico.

“De dos males el menor”, no solo es un proverbio atribuido a Fedro (20 a.C.), sino un asunto de sentido común y, en algunos casos, un dilema ético que enfrenta todos los días la medicina, por ejemplo (la vida de la madre o del niño; la amputación de un miembro o la vida), y que debe asumir también el gobernante frente a su mandato constitucional de preservar el interés general sobre el de unos pocos.

El tema de la lucha contra el narcotráfico es controversial, ideologizado. Según la postura frente a las estrategias para derrotarlo, se es imperialista y de ultraderecha -malo-, o libertario y socialista -bueno-. Hoy, además, los partidarios de la aspersión controlada son depredadores ambientales (malos), y los de la sustitución voluntaria y erradicación manual son “ambientalistas” (buenos). En esta narrativa perversa, el malo de Uribe utilizó la primera y redujo a 44.000 hectáreas los cultivos ilícitos, hasta cuando llegó el bueno de Santos y por la presión extorsiva de las Farc, disfrazada de preocupación en salud, la eliminó y nos dejó con 200.000 hectáreas, control territorial y crímenes.

Lo mismo pasó con la paz que, al final, nunca llegó: no era un asunto de buenos y malos; pero alrededor de esas narrativas da vueltas el país sin avanzar. Las legítimas preocupaciones por “lo social”, “lo ambiental” y la “participación ciudadana”, manipuladas por la izquierda y el centro- santismo, se atraviesan al fracking controlado, sin pensar en la pobreza que vendrá cuando toque importar todo el petróleo; como se atraviesan a la aspersión controlada, en un país tapizado de coca y manchado de sangre por el narcotráfico.

¿Quién asesino a Gloria Ocampo y a más de 600 líderes sociales? Todo el mundo lo sabe: las disidencias, el ELN, los Pelusos y un largo etcétera con un factor común: narcotráfico. ¿Por qué? Todo el mundo lo sabe: por la lucha feroz por territorios de cultivo y de rutas.

No obstante, la izquierda y el centro-santismo, ambos en paro, culpan al gobierno, como si el presidente fuera el perpetrador. Doble moral, mezquindad política y mentira mediática. El enemigo es el narcotráfico y, para combatirlo, el país tendrá que elegir, entre varios males el menor: aspersión aérea controlada, a partir de un decreto realista que podrá ser mejorado, que proteja la salud y la naturaleza, sin amarrar al Estado en su lucha legítima contra el narcotráfico.

¡Adelante Presidente!

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