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El candor de Duque está matando a Colombia. Por: Eduardo Mackenzie

Si los vándalos son tan brutales no es porque sean valientes, son violentos porque saben que no serán sancionados.

Esta vez las “protestas pacíficas” del sindicalismo subversivo dieron un paso más hacia el cambio revolucionario: las manifestaciones del 28, 29 y 30 de abril, en medio y a pesar de la feroz pandemia de Covid-19 que ha matado a 73.720 colombianos, arrojan, tras tres días de violentas escaramuzas, 209 los policías heridos en diferentes ciudades, 71 de ellos sólo en Bogotá.

Cinco policías, además, fueron quemados en la ciudad de Pasto. 185 vándalos fueron capturados, entre esos 8 extranjeros. Lo nuevo es que esta vez un juez (el 33 de garantías) se las dio de vivo y mostró el camino: puso en libertad a 14 vándalos por “falta de pruebas” y acusó de malos tratos, pero sin investigación previa, a los policías que los habían detenido.

Nunca tal inversión de valores en la actuación institucional había sido tan flagrante y escandalosa. La pretendida justicia se pone así al lado del delincuente y se lanza con odio evidente contra quienes intentan proteger la sociedad de los fanáticos.

Las destrucciones producidas en Cali dentro y fuera de las marchas, dejaron pérdidas superiores a los 80 mil millones de pesos. 14 buses del sistema Mío fueron incinerados, otros 45 fueron dañados y 18 estaciones del sistema quedaron muy averiadas. En Bogotá, 16 estaciones del sistema Transmilenio quedaron fuera de servicio. Los vándalos rompieron y entraron a almacenes para robar, de preferencia licores y teléfonos portables. Los más fuertes saqueos en Bogotá contra almacenes ocurrieron en Usme, Bosa, Ciudad Bolívar y Suba. En esta última localidad, algunos vecinos tuvieron que salir a defender sus casas con palos y cuchillos para impedir que los saqueadores embistieran contra ellos y sus residencias.

Una radio habló de Bogotá como de “una ciudad post apocalíptica”.

Un diario narró un episodio revelador de cómo los civiles tuvieron que protegerse ante la ausencia del Esmad, en el sector de Tibabuyes: “Eran como unos cincuenta [los atacantes], nosotros salimos cómo 400 con palos y machetes, alcanzamos a reaccionar y no dejamos a entrar nadie. Iban a apuñalar al vigilante porque lo vieron solo y cuando vieron la comunidad empezaron a echar piedra mientras se volaron. El celador del conjunto y los vecinos hicieron unos disparos para espantarlos, la Policía llegó como a los 15 minutos cuando ya habían pasado los hechos”.

Según un estudio de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), las pérdidas dejadas por tres días de huelga, en solo cuatro ciudades de Colombia, fueron superiores a los 230 mil millones de pesos.

Estos datos son solo instantáneas aisladas y puntuales de lo que ocurrió en las principales ciudades de Colombia.

De hecho, en estos días, el gobierno fue incapaz de poner freno a esa movilización sediciosa, no hubo represión de los agresores, o ésta llegó a destiempo, pues no hubo Policía. En esta extraña época del país, la Policía, sin jefes y sin planes precisos de intervención, existe sólo como sujeto pasivo, puesto ahí ante las asonadas para que improvise y sufra emboscadas, golpizas y puñaladas de los energúmenos, como le ocurrió al Capitán Jesús Alberto Solano Beltrán, de 34 años, quien sucumbió tras las puñaladas que recibió por haber intentado impedir el saqueo de un cajero automático en Soacha (1).

En Cali, tres personas murieron durante los tumultos. Lo que fue aprovechado por un agitador petrista quien, en una red social, afirmó que los muertos eran siete, todos atribuibles a la policía, sin tener la menor prueba de eso, obviamente.

La prensa que calló la muerte del Capitán Solano, pretendió balancear esa tragedia con las heridas sufridas en la cara por un manifestante agresivo. Poner en un mismo plano las heridas recibidas por un individuo que salió a correr aventuras en la calle a pesar de las prohibiciones timoratas de las autoridades, con las cuchilladas que sufrió un policía que trataba de impedir los desmanes, es blanquear a los agresores.

Por eso resultó tan indignante la frase lanzada irresponsablemente por Claudia López, la alcaldesa verde de Bogotá, quien estimó que «El problema no es vandalizar, es vulnerar la salud y el trabajo». Para ella incendiar buses, romper supermercados, bloquear calles y carreteras, agredir vecinos y transeúntes, herir y matar policías “no es un problema”. Así piensa la persona que cree dirigir la capital de Colombia.

Otro que debe creer que “vandalizar no es un problema” es el senador extremista Gustavo Petro quien saludó el pretendido “paro pacífico” inventado por la CUT y Fecode. Ese personaje es sin duda el mayor responsable de esas jornadas infernales de muertes y depredaciones.
No hubo Policía pues no hay Estado. No puede haber Estado cuando el gobierno de una nación no toma decisiones ante las embestidas de violencia que las hordas narco-comunistas emprenden de manera ritual contra el país.

Iván Duque no ha pronunciado una sola palabra sobre lo que está ocurriendo. La Fuerza Pública que depende del jefe del poder ejecutivo, debe hacerle frente a una orquestada serie de asonadas en el país sin órdenes y sin plan de acción.

El Estado ha desaparecido en esos días sin pena ni gloria, y las calles siguen en poder de los violentos. Los colombianos están pagando muy caro, en vidas humanas y en bienes sociales e individuales, la actitud tediosa de Iván Duque.

No hay Estado, no hay seguridad, ni fuerzas de defensa, cuando el gobierno se niega a gobernar. Esa es la situación de Colombia. El presidente Duque, hacia quien se dirigen todas las miradas en estas inquietantes horas para pedirle que reaccione, que actúe, que dé instrucciones, que acuda a la legislación de excepción para restablecer el orden y castigar a los instigadores de tal barbarie, opta por desaparecer del escenario. Se contenta con observar los acontecimientos desde una pantalla de televisión. El jefe de Estado comenta a lo sumo con sus ministros y auxiliares en lugar de indicar un camino, en lugar de poner en juego las palancas y poderes del Estado para defender a los colombianos.

La conclusión que se impone es esta: el presidente no actúa en la crisis pues acata (ese es su verbo preferido) las decisiones previas de organismos que no están llamados a gobernar, ni a cogobernar, como la CSJ, la JEP, el Consejo de Estado, etc. El prefiere arrodillarse simbólicamente ante los jefes estalinistas de la CUT quienes lo han domesticado con su monserga de que ellos “tienen derecho” a organizar protestas violentas que ellos etiquetan, para tranquilizar al presidente, como “pacíficas”. Todo eso debe seguir su curso, al precio que sea, dicen entre ellos, pues hay que lograr la “implementación” de los “acuerdos de paz” Farc/Santos y preparar “las masas” para el asalto al poder. Ese es el telón de fondo de las actuales desdichas de la sociedad colombiana y de la indiferencia culpable de Iván Duque.

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