CIUDADES Y DISTRITOS

Por: Jorge Vergara Carbó

Barranquilla, 16 de octubre de 2018.- La primera se impetro el  10 de mayo del  2.010, por el ciudadano Víctor Díaz Restrepo, coadyuvando a la misma Helena Restrepo viuda de Uscategui, Hugo Rosanía y Jorge Vergara Carbó, cayendo el proceso en el Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla, de ahí paso de juzgado en juzgado hasta llegar al Tribunal Administrativo del Atlántico que por tener tres de sus magistrados  vínculos de tipo personal con la empresa Triple A, se declararon impedidos pasando el proceso a la  Juez 13 Administrativa para estudio y fallo. Ocho años seis meses y no hubo respuesta, no ha habido sentencia.

Con esa Acción Popular que es bastante extensa se pretende que se declaren vulnerados los derechos colectivos de la moralidad administrativa, el patrimonio público, el acceso a los servicios públicos domiciliarios y a la libre competencia. Por otra parte se solicita la devolución de los dineros por el exceso en el cobro de la tarifa al incluir en su costo las inversiones que hicieran la Nación y las entidades territoriales, como también lo de la asesoría por “gestión gerencial” del 4.5% con la empresa Inassa S,A.

En vista del escándalo que se originó en Madrid, España por la compra por parte de Canal Isabel II, del 75% de las acciones de Inassa, en la ciudad de Panamá a través de la constitución de  “Canal Extencia” por un valor de US$73 millones, es decir US$66 millones de utilidad para los barranquilleros en un solo año. Ese escándalo debido a un enfrentamiento político en España salpico al partido de gobierno Poder Popular (PP), y empezaron a salir otros negocios como el de la compra de una empresa de acueductos en Brasil con un sobreprecio igual al de la Triple A, además la lista de dirigentes españoles y colombianos ligados en el manejo de la empresa involucrados en los “papeles de Panamá” llevaron a la cárcel a varios dirigentes entre ellos el presidente de Inassa, y la destitución de otros funcionarios.

En vista de lo que acontecía en España, viajaron a Madrid el Fiscal General de la Nación y el Procurador General de la Nación, para enterarse del proceso de una investigación que habían iniciado y llamado “operación Lezo”. Con base a los datos recogidos la Fiscalía, inició una investigación conjuntamente con la Procuraduría llamada “acordeón” e hizo una serie de denuncias resumidas así: firma de contratos ilícitos por $27.000 millones, inexistencia del contrato de  “Gestión Gerencial” que otorgaba el 4.5% de la facturación y un faltante de subsidios por comprobar de $70.000 millones.

La Procuraduría con Fernando Carrillo Flórez a la cabeza se dedicó a investigar ya a cambiar información con los españoles para esclarecer las cosas. En vista de la demora por parte de los jueces de la Acción Popular del 2.010, decidió con el equipo de Procuradores Regionales del Atlántico impetrar una nueva Acción Popular en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual se encuentra para fallo.

Con esa Acción Popular se pretende recuperar para el Distrito los recursos que se pagaron por una asesoría que según los Organismos de control nunca se prestó, al igual que lo declaro al Fiscal en España Edmundo Rodríguez siendo registrada sus palabras por el periódico “El Confidencial” de España.

El documento de la PGN, consta de 31 páginas, donde se hace primero un recuento histórico de los hechos, que sirven para aclarar todo lo sucedido, al igual que se hizo en el documento de nuestra autoría “Cronología de como los españoles se apropiaron de la Triple A” (abril10/17). En el recuento queda claro que el contrato de costo de “gerenciamiento “se autorizó mediante Acta No 95, del 19 de septiembre de  1.996, el reconocimiento del 4.5% del recaudo de la Triple A a la empresa Inassa S.A, acuerdo que fue modificado el 28 de marzo de 2.000, quedando ese incentivo en el 4.5% , hasta el año 2.033, cuando se termina la concesión.

También se acusa a la Superservicios y al Distrito por no haber tomado las medidas necesarias para impedir el saqueo de la empresa. Del Distrito dicen “no realizó acciones dirigidas a impedir la afectación del patrimonio público, dado que no se opuso al pago de Inassa del 4.5% sobre el valor de la facturación de la Triple A, pese que a los alcaldes desde 1.996, hacen parte de la junta directiva de la empresa” Sigue diciendo “El Distrito no ejerció el debido control de tutela al cual estaba obligado por mandato constitucional y las leyes, sobre la empresa Triple A y tampoco impidió la consumación del saqueo y defraudación descubiertos por las autoridades judiciales y disciplinarias”.

Por su parte de la Superservicios dicen “no impidió que Triple A e Inassa hayan vulnerado los principios de Libertad de Competencia y no utilización abusiva de la posición dominante, de organización de los sistemas de información, capacitación y asistencia técnica y de Prevalencia del interés general sobre el interés particular en la prestación de los servicios públicos domiciliarios” Tampoco la Superservicios dice “no cumplió sus funciones de organismos de control, supervisión, vigilancia y de regulación”

La Procuraduría en su Acción Popular, respalda lo que hemos venido afirmando que entre los culpables principales de lo que venía sucediendo en la Triple A, era el Distrito de Barranquilla y Superservicos tanto el nacional como el regional y por supuesto las firmas auditoras de los estados financieros y la encargada del control interno.

La PGN, pretende en esta acción popular, lo mismo que la impetrada en el 2.010, que se respeten los derechos colectivos, la moralidad administrativa, al patrimonio público y el acceso a los servicios públicos domiciliarios. Igualmente dejar sin efecto el contrato de Asesoría Técnica celebrado entre la Triple A e Inassa, junto con la orden de devolver todos los dineros recibidos por este concepto traído a valor presente. También se solicita devolver los dineros defraudados$27.000 millones y re liquidar las utilidades que en realidad le corresponden al Distrito por el 14.5% de las acciones que posee. Por último pedirle a Superservicios que cumpla con su función y revise todo el sistema contable de la Triple A.

Si  a la acción popular interpuesta en el año 2.010, los jueces administrativos le hubieran dado el trámite de ley y no la hubieran engavetado la crisis actual de la Triple A se hubiera resuelto mucho antes y por lo tanto impedido el

desfalco de los $27.000 millones, que aún no se sabe quiénes se apropiaron de ese dinero en compañía de Ramón Navarro Pereira. Por eso tenemos que felicitar a la Procuraduría por la acción popular impetrada el respaldo que con su seguimiento le están haciendo a la acción popular de las organizaciones cívicas.

Para tener claridad de lo acontecido la Fiscalía como la Procuraduría debe continuar investigando que ha pasado con los $70.000 millones de los subsidios. Igualmente investigar  los contratos firmados por los 14 municipios del Departamento del Atlántico, especialmente el de Soledad  donde no se han realizado las inversiones contempladas en la concesión presentando los acueductos del pueblo en un estado lamentable. Por ello no debería permitirse que el alcalde actual prorrogue el contrato firmado, por el contrario lo que debe exigir es que desarrollen las inversiones programadas.