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“¿Dónde están las feministas, a dónde han ido guardando silencio cómplice?”: Ex Magistrada, María Patrícia Ariza- Velasco

Al realizar indagaciones en torno a la actividad de colectivos feministas, es posible encontrar que su activismo se contrae a señalar los actos criminales contra las mujeres ejecutados, perpetrados o concretados por servidores públicos afines a los gobiernos de turno, también por aquellos sujetos que representan estratos socioeconómicos altos. Horrendos si, espantosos y reprochables eternamente, señalan los de las autodefensas, porque los comportamientos comprobados en la Jurisdicción de Justicia y Paz, narrados por los mismos paramilitares autores de manera dantesca, que en ocasiones provocaban nauseas, pero asumieron en su tiempo las responsabilidades a título personal. Pero no pueden contraerse selectivamente los rechazos a conductas violentas contra las mujeres, como está sucediendo, extrayendo con mirada cómplice los ocasionados por individuos de otras vertientes ideológicas. Su activismo, el de las feministas reitero, adicionalmente se concentra en llenar la discursiva de sustantivos, artículos, pronombres, calificativos innecesarios como bien lo ha explicitado la Real Academia de la Lengua Española o lo han informado expertos en filología y lo que es peor, la aparición de términos absurdos como “todes”, “nosotres”, en un afán de inclusión que no llega a cumplir ni en un mínimo apreciable y de manera específica la erradicación de las conductas patriarcales de exclusión y violencia. Callan y pasan de agache, los feminicidios que han ido creciendo desmesuradamente en tiempos del COVID, en proporción aún mucho mayor de los mentados lideres sociales.

No se observa convocatoria alguna por cuenta de las reconocidas activistas del feminismo, para arribar a las inmediaciones de la Fiscalía General de la Nación, Corte Suprema o Corte Constitucional, menos a la JEP y solicitar con arengas que salgan del fondo del corazón adolorido, cual canción de despecho, la investigación inmediata, enjuiciamientos, en fin conclusiones concretas de tanta tropelía contra niños, niñas, adolescentes y mujeres, hechos que pasan sin pena ni gloria y engrosan no  solo los archivos de la Fiscalía, además de los jueces competentes y ahora es de suponer, en algún rincón del archivo de olvidos de la Jurisdicción confeccionada para las Farc; menos se advierte actuación alguna por hechos que han sido denunciados públicamente en el Congreso de la República por las víctimas directas o representantes de organizaciones que aglutinan a tantas mujeres vilipendiadas, que no han recibido el apoyo necesario para poder superar emocionalmente los atropellos, temas estos cubiertos por diferentes medios de comunicación, replicando una y otra vez los dolorosos testimonios, que además revictimizan de nuevo, arbitrariedades perpetradas durante décadas por integrantes de las Farc, de las cuales han informado con nombres propios los autores de los delitos contra la libertad y el honor sexual, la vida, la integridad personal, hechos atribuidos a los cabecillas que hoy ostentan el título de congresistas y que pese a los señalamientos concretos cínicamente eluden sus responsabilidades. ¿Acaso un requisito tan importante para ser parte de la JEP, el primero que se demanda, de quienes gocen las mieles de esta jurisdicción no es la verdad? Esta primera condición, es eludida abierta, cínica y descaradamente, pero siguen gozando de los beneficios pactados impunemente en la Habana.

No ha reseñado el periodismo, algún plantón frente al Congreso, convocado por las feministas, reclamando asuman responsabilidades penales, por todas las conductas degradantes contra niñas, adolescentes y mujeres(me refiero a las adultas), cometidas por quienes se ganaron gratuitamente curules en el legislativo,  contra la voluntad mayoritaria del plebiscito al que se le hizo conejo, porque ese tipo de delitos tipificados durante décadas, no pueden ser predicados como conexos con las conductas de rebelión. Acá o en cualquier latitud los delitos contra la integridad física y el honor y libertad sexual son delitos autónomos que no tienen justificación de ninguna naturaleza y mayormente repudiables en tratándose de menores de edad, así la vicepresidenta del senado dueña de argumentos que rayan en lo estúpido, intente justificar tales conductas punibles con la pretendida “voluntad” otorgada por las víctimas menores de edad, toda vez que el Código Penal tipifica el hecho delictuoso, así mediara la aquiescencia de la menor de edad como lo ha connotado en jurisprudencia reiterada la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,  porque al final no existe la madurez emocional suficiente para autodeterminarse en el mejor de los casos en los temas sexuales, pero además como culmen, es que no puede desconocerse el “poder convincente y libertario” de un arma de corto o largo alcance aniquilando totalmente cualquier asomo de voluntariedad. En otras palabras, la voluntad fue viciada desde todos sus flancos, por estos individuos. La Corporación Rosa Blanca ha hecho denuncias públicas, a través de muchas de sus integrantes, víctimas directas de las tropelías que pretenden pasen inadvertidas los colombianos de bien, concretadas en abusos sexuales, embarazos y abortos, entre otros escenarios en recintos del Congreso en audiencias oficiales. Todo queda en los archivos, gracias a las nuevas tecnologías y por tanto constituyen medios de prueba.

Tampoco han convocado las representantes de los colectivos autodenominados feministas, a plantones de protesta en inmediaciones donde opera la famosa Comisión de la Verdad, para que relacione sin sesgo, sin esa selectividad que divide más a los colombianos por ramplona,  todos los vejámenes de que fueron objeto niñas, adolescentes y mujeres, llevadas a los campamentos de las Farc, a fin de servir no solo como “combatientes”, sino como  “carne dispuesta u obligada” para los servicios sexuales, parodiando un poco a las “soldaderas” de los bandidos mexicanos en la época de la rebelión zapatista. Este es un tema de conocimiento público, no solo en los sectores rurales, también en los citadinos, pues niñas y adolescentes de colegios públicos especialmente, fueron y siguen siendo reclutadas, porque el fin primario era precisamente las satisfacciones fisiológicas de los machos cabecillas y de paso para el resto de los integrantes de las filas subversivas, además de cumplir las otras “tareas femeninas” contraídas a roles de la cocina y sus variables. A propósito, no he leído algún escrito autoría de una mujer francesa, feminista que abandera las causas de reivindicaciones de mujeres en Colombia, sobre este tema en específico.

Por eso parodiando la letra de la canción de los años cincuenta “¿Dónde están las flores?”, resulta válido preguntar, ¿dónde están las feministas, a dónde han ido, dónde están las feministas, que les pasó?, cuándo el feminicidio ocurre en estratos menores, cuándo las tentativas de este son recurrentes, qué se hicieron frente al alto índice de delitos perpetrados contra las mujeres por el hecho de serlo, teniendo en cuenta que a las autoridades competentes solo les reportan el 30% de los casos, porque no hay credibilidad frente a las actuaciones de estas, además de las prácticas irrespetuosas, los protocolos atrevidos por quienes investigan, en donde a las víctimas las llevan a sentir que fueron culpables de lo ocurrido o pasar de víctimas a victimarios. Insólito, pero no por ello irreal.

En estos últimos días, una de las noticias ha girado en torno a la violación en varias oportunidades a una de esas adolescentes hoy mayor de edad, cometida por alias Timochenko, quien presenta su rostro ante cámaras, relata los abusos y la existencia de un niño producto de los actos libidinosos y cobardes. “Don Timo” es uno de los que ha reiterado, al igual que sus otros parches en ruedas de prensa que jamás recurrió a esa clase de conductas, casi que, con voz trémula, trata de persuadir, que las niñas, adolescentes y mujeres reclutadas, eran reunidas para enseñarles reglas de alto civismo y las olvidadas de la urbanidad, que las reunían para instruirlas además en los avances de la ciencia, las artes y las culturas; que las convocaban para comprender el sentido más profundo de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y por sobre todo el sentido de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer o de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.  Que además cumplía el señor de marras, el rol de uno de esos personajes mitológicos (al fin y al cabo, producto de fantasías remotas o cercanas), encargados de “resguardar” sigilosamente la virtud de estas mujeres, cumpliendo un papel más o menos similar al de Argos Panopte, lo cual es un divertimento del que a veces echan mano en la literatura. ¡Miren pues!. Lo único que falta es que lo propongan para otro desprestigiado nobel de la paz.

En fin, la JEP ha tardado como en todo lo relacionado con sus obligaciones, en pronunciarse frente a tanta denuncia sobre abusos sexuales reiterados por cuenta de la Farc, pese a que las denuncias han sido públicas, aún cuando han sido documentadas cuidadosamente por un periodista dedicado a la investigación y con el apoyo de la Corporación Rosa Blanca. Pero como tenaza de la sociedad civil, las feministas guardan silencio cómplice y con ello justifican lo injustificable, conductas deleznables para quienes tenga una pizca, tan solo ese mínimo conocimiento de hechos punibles que no requieren calificación o especialidad en el sujeto activo, es decir en aquel que se erige en delincuente con la perpetración de una sola conducta, frente a las cuales no hay lugar o cabida para predicar la ausencia de responsabilidad. Por algo existen varios instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, focalizados en el amparo de las mujeres, con la clara intención de evitar la perpetración de tales conductas, entre ellos la Convención Sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belem do Pará,   además la proscripción desde el  art. 8 del Estatuto de Roma de las conductas aberrantes de esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazó forzado, esterilización y cualquier otra forma de violencia sexual, razón por la cual, sino se cumple en territorio colombiano, responsabilizando a estos individuos, sancionándolos y aun cuando sea reparen con un trapero (traperos, escobas, trastos viejos fue lo que entregaron los “sometidos de las Farc” con propósitos de reparación), a sus víctimas, tendrán que hacerlo ante la Corte Penal Internacional, ya debida y no amañadamente informada de la realidad de los crímenes de Timo, Alape, etc, con anuencia de la Vicepresidenta del Senado y las otras “damas” de las Farc.

En el Sistema Interamericano, se encuentran documentados muchos casos, que llegaron a feliz término, si así puede calificarse,  en la Comisión Interamericana de DDHH y otros pocos, pero contundentes que finalizaron en la Corte Interamericana, donde los Estados Partes, fueron condenados por no cumplir con el deber de investigar y sancionar a los autores de delitos contra niñas y mujeres, como en el caso del “Campo Algodonero Vs. México”, “Rosendo Cantú Vs. México”, “Vélez Franco Vs Guatemala y recientemente en este 2020 “Guzmán y Albarracín Vs Ecuador”. No sea que de nuevo Colombia sea objeto de queja ante el Sistema Interamericano, por la mora que ya está adecuada por tantos hechos que eran de conocimiento de la jurisdicción ordinaria y pasaron a la Corte de las impunidades hoy conocida como la JEP y,  por tanto pasible de ser sancionada nuevamente y si llegará a serlo, que en la acción de repetición, la Agencia de Defensa del Estado se pellizque para recuperar las condenas dinerarias, llamando a los magistrados de la mencionada corporación en las consecuentes acciones de repetición.

“Donde están las feministas, a dónde han ido, donde están las feministas, qué les pasó?.”¡entre tanto la música hace eco en mi memoria!

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