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Demanda de Marines y Civiles logra que Jueces Federales le pongan freno a los tiránicos mandatos de aplicación de bilógicos de Biden

Barranquilla, 29 de octubre de 2021.- Una demanda contra el presidente Joe Biden luego por la orden ejecutiva del presidente del 9 de septiembre que exige vacunas para los empleados federales, según a respuesta de primera instancia a la acción civil presentada el domingo, este jueves un juez de un Tribunal de Distrito emitió una orden minuciosa que impide que la administración de Biden ordene que los miembros civiles y militares en servicio activo estén obligados a dejarse aplicar los biológicos promovidos por la Organización Mundial de la Salud, con lo que se impedirá que además sean obligados a vacunarse.

La orden judicial de la jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly además impide que los demandantes civiles y militares en servicio activo sean despedidos después de que demandaron a la administración de Biden por las exenciones religiosas a las vacunas COVID-19.

“Ninguno de los demandantes empleados civiles estará sujeto a medidas disciplinarias mientras su solicitud de excepción religiosa esté pendiente”, ordenó la jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly.

El juez también dictaminó que “los demandantes militares en servicio activo, cuyas solicitudes de excepción religiosa han sido denegadas, no serán sancionados ni separados durante la tramitación de sus apelaciones”.

El tribunal ordenó además a los acusados en la administración de Biden que presentaran un aviso complementario antes del mediodía de este viernes que indique si estarán de acuerdo en que ningún demandante será sancionado o despedido en espera del fallo del tribunal.

Por su parte el abogado de los demandantes Michael Yoder en un comunicado dijo a Fox News, que “La administración Biden ha mostrado una actitud arrogante sin precedentes hacia el estado de derecho y una absoluta ineptitud en los contornos constitucionales básicos”

“Esta combinación es peligrosa para la libertad estadounidense”, continuó Yoder. “Afortunadamente, nuestra Constitución protege y asegura el derecho a permanecer libre de persecución y coerción religiosa. Con esta orden, estamos un paso más cerca de volver a poner a la administración Biden en su lugar al limitar al gobierno a sus poderes enumerados. Es hora de que los ciudadanos y los tribunales digan no a la tiranía. La Constitución no necesita ser reescrita, necesita ser releída”.

Así también a principios de esta semana, el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, presentó una orden de restricción temporal con la que mandó a parar los tiránicos mandatos de vacunación de Biden. En un comunicado, Brnovich dijo que quiere retrasar cualquier implementación del mandato de vacunación de Biden mientras una demanda presentada en septiembre se abre paso en el sistema legal.

“Una vez que se ha administrado una vacuna, nunca se puede deshacer. El mandato de la vacuna COVID-19 es una de las mayores infracciones a la libertad individual, el federalismo y la separación de poderes por parte de cualquier administración en la historia de nuestro país ”, dijo Brnovich.

“Creo que es realmente importante en tiempos de crisis que protejamos la Constitución y seamos aún más vigilantes cuando se trata de proteger nuestros derechos”, dijo Brnovich.

“La conclusión es esta, si desea recibir la vacuna debe ser su elección. El gobierno federal nunca debería decirle a nadie lo que tiene que poner en su cuerpo, y queremos asegurarnos de que ningún presidente, ahora o en el futuro, tenga esa discreción ilimitada para decirle qué hacer”, agregó.

La semana pasada, la procuradora general republicana de Florida, Ashley Moody, respondió a Biden y sus mandatos de vacunas: Moody dijo que los mandatos de la vacuna “no serán tolerados” y que se enfrentará a Biden.

Al igual que el gobernador republicano de Florida DeSantis, Moody, el cirujano general de Florida Joseph Ladapo y otros anunciaron que están pidiendo una sesión especial para legislar las protecciones para los floridanos contra los mandatos de vacunas impuestos por las localidades, las empresas y el gobierno federal.

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