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Corte Suprema negó el permiso a la senadora electa Aida Merlano para tomar posesión del cargo este 20 de julio en el Congreso

audiencia-aida-merlanoBarranquilla, 20 de julio de 2018. Este jueves la Corte Suprema de Justicia informó sobre la resolución de acusación contra la congresista Aida Merlano Rebolledo, dictada por la Sala Penal del órgano de justicia por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas,  y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios, partes o municiones, dentro de la investigación que se lleva cabo.

Con esta decisión la Corte Suprema, máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, le negó permiso a la senadora electa para trasladarse, este 20 de julio al Capitolio Nacional, al igual que los demás congresistas a posesionarse como senadora de la República.

Afirma el alto tribunal de justicia que con esta decisión culmina la investigación contra la congresista por parte de la Sala de Instrucción 3 de la Sala de Casación Penal, la que adoptó las determinaciones, según señala textualmente “por las actividades que la involucran como presunta responsable de conductas que atentan contra la libre participación de los colombianos en las justas electorales, con la posible afectación a la libertad de elegir y ser elegido”.

Recordemos que esta investigación data de las elecciones del 11 de marzo en que personal del Cuerpo Técnico de la Fiscalía General de la Nación en Barranquilla, luego de una denuncia ciudadana allanó la sede de campaña al Senado de Merlano Rebolledo ubicadas en el barrio El Golf de esta ciudad. Según señaló la Fiscalía en reiteradas declaraciones, en esa diligencia judicial hallaron elementos probatorios, que se “suman a todas las pruebas posteriormente recaudadas por la Corte”.

Según la Corte, la representante a la Cámara Aida Merlano, habría violado el derecho a elegir, elemento fundante de la organización política nacional, posible afectación que habrían obligado supuestamente a la Sala a “ordenar su detención como medida para evitar el riesgo de que esas conductas se repitan y afecten el sistema democrático, la libre facultad de elegir y ser elegido, protegiendo los fundamentos del Estado Social de Derecho, forma de organización política de la sociedad colombiana”.

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