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Corrupción Gobierno Santos: Procuraduría abrió indagación preliminar al director de la Agencia Nacional de Infraestructura

Los funcionarios estarían ante conductas de carácter continuado, debido a que se investiga la conducta en varios contratos durante varios años.

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Barranquilla, enero 25 de 2017.- Desde que la Fiscalía General de la Nación llamó a entrevista en diciembre 28 de 2016, a Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura, quien fue el primer citado para responder por los contratos entregados en licitaciones a la empresa Odebrecht, para que respondiera un cuestionario respecto de la investigación que lleva a cabo el ente acusador debido al escándalo mundial de la empresa Odebrecht, y la conspiración para sobornar en 12 países, entre ellos Colombia, y que fue dado a conocer por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no se había sabido más nada sobre el tema hasta este miércoles en que señaló el procurador general de la nación, Fernando Carrillo que abrió indagación preliminar al alto funcionario.

Andrade le respondió a la Fiscalía durante más de cuatro horas a un grupo de investigadores de la Fiscalía General de la Nación Especializada en Corrupción, quien tiene a su cargo la investigación en la que se están confrontando los datos suministrados en los documentos, como también la información entregada por los funcionarios como por los demás actores, entre servidores públicos y privados.

Por su parte la Procuraduría afirmó que seguirá una ruta la ruta en la que según ellos, buscan cerrarle las vías a la corrupción en el caso de los sobornos de Odebrecht.

Informó además que estas indagaciones tienen que ver con el contrato Ruta del Sol II y los otrosí que se firmaron; el préstamo del Banco Agrario a Navelena; el contrato suscrito por la empresa de Acueducto de Bogotá y Odebrecht para el proyecto de interceptores Tunjuelo – Canoas y el contrato firmado por el Invías para la ejecución de la obra que comunica a Puerto Boyacá con Chiquinquirá, en todos ellos habría intervenido el funcionario Luis Fernando Andrade.
Expresó además que en lo que tiene que ver con la adjudicación del Contrato Ruta del Sol II se indagará a: Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte; Otto Nicolás Bula, exsenador, altos directivos de Odebrecht y funcionarios de la ANI: Alexandra Lozano Vergara, José Andrés Torres Rodríguez, Daniel Francisco Tenjo Suárez, Ernesto Durán Vargas, Mauricio Orlando Castro Castaño, Andrés Figueredo Serpa y Luis Fernando Andrade, presidente de la agencia.
Sobre el crédito otorgado por el Banco Agrario a Navelena afirmó la Procuraduría que se ordenaron algunas inspecciones e indagar a los miembros de toda la junta directiva para la época que intervinieron en este proceso.
Como quinto tema está incluido el referente al contrato a Odebrecht en el Acueducto de Bogotá, donde al parecer se habrían dado presuntas irregularidades en la adjudicación de este contrato, por lo que se indagará al gerente de la empresa para la época, Jorge Pizano, quien después pasó a ser funcionario de Odebrecht, y se realizarán otras inspecciones.
6. Sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación, firma y ejecución del contrato que suscribió el Invías con el consorcio integrado por CBPO y Proyectos de Infraestructura PISA, filiales de Odebrecht en Colombia, se indagará igualmente a todos los funcionarios que intervinieron en el proceso.
7. La indagación permitirá establecer, entre otras cosas, si a pesar de que los hechos aceptados por el mencionado exviceministro de Transporte datan de los años 2009 y 2010, estos tienen trascendencia en la ejecución del contrato, y, por lo mismo, estarían ante conductas de carácter continuado.
Es clara y será una política de esta Procuraduría que la prescripción no puede ser un cómplice ni un amparo para los corruptos. Los términos legales no pueden ser un camino a la impunidad.
8. Sobre la acción popular que instauró la Procuraduría en defensa del patrimonio público y frente al daño moral que causó Odebrecht al Estado Colombiano, el Ministerio Público solicitó:
A. Que se establezca que la protección de los derechos colectivos de la sociedad colombiana está por encima de los patrimoniales de la empresa Odebrecht, toda vez que esa firma espera que un tribunal de arbitramento condene al Estado colombiano a pagar cerca de 263 millones de dólares. Óigase bien: 798 mil millones de pesos.
Inaceptable, inadmisible e indignante.
B. La restitución inmediata de los 11,1 millones de dólares de los sobornos que pagó Odebrecht en el país, como blindaje jurídico y judicial al compromiso que fue anunciado por el fiscal General hace unos días.
C. Adicionalmente, que Odebrecht responda por el daño patrimonial en términos de reparación que este caso de corrupción ha generado al desarrollo económico y social del proyecto Ruta del Sol II (Puerto Salgar – San Roque).
D. Que el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca ordene las medidas necesarias para garantizar que esta obra no quede paralizada, tal como ocurrió en el pasado con proyectos afectados por hechos de corrupción como la Fase III de Transmilenio.
E. Estas medidas de intervención administrativa y judicial serán trabajadas en coordinación con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y con el gobierno, al más alto nivel, para su eficiencia y efectividad.

Andrade en sus declaraciones luego de la cita con la Fiscalía, afirmó que entregó detalles sobre los contratos entregados a Odebrecht desde el año 2008, del que aseguró que la Ruta del Sol era un contrato de 2.4 billones de inversiones se le adicionaron lo equivalente a 600 y pico mil millones del año 2008.

La Fiscalía igualmente se encuentra en el proceso de investigación por lo que se esperan más entrevistas que al parecer continúan igualmente estas indagatorias o investigaciones a los presuntamente involucrados.

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