AGRONOTAS, COLUMNISTAS

Uno de mis pasatiempos favoritos en las frías madrugadas de Bogotá, es revisar diariamente los indicadores económicos del país. Esta semana encontré dos que me dejaron muy preocupado.

Entre enero y febrero de este año, el Dane reveló que 255.000 personas perdieron sus empleos en el sector comercio y 218.000 en el sector agrícola. En el mismo periodo, las exportaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas cayeron en más de US$ 129 millones, mientras que las importaciones se incrementaron en más de US$ 88 millones, a pesar de la trepada de la divisa por encima de los $4.000.

Claramente, estos resultados negativos en estos dos sectores, obedecen a la ausencia de una política de concertación productiva y de comercio exterior entre las carteras de Agricultura y Comercio con las cadenas agroalimentarias del país. Para la muestra un botón. El pasado martes 7 de abril, el gobierno expidió el Decreto 523, el cual permite importar sin arancel aproximadamente 2.4 millones de toneladas de maíz amarillo, sorgo, soya y torta de soya, desde Argentina, sin haber previsto un mecanismo que asegurara la compra de la cosecha nacional, evitara la caída del precio interno y la quiebra de miles productores del campo.

Para ponerlos en contexto. En Colombia se producen al año alrededor de 14.600 millones de huevos y 1.6 millones de toneladas de carne de pollo, para atender el consumo nacional. Según las estadísticas oficiales, cada colombiano consume en promedio 294 huevos y 34 kilos de pollo al año. Para producir estos alimentos se requieren alrededor de 590.000 toneladas de frijol soya; 1.4 millones de toneladas de torta de soya y 5.3 millones de toneladas maíz amarillo, de las cuales el 85% son importadas por un valor superior a los 1.900 millones de dólares.

Aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué ayudamos a generar esos ingresos y empleos en Estados Unidos y Argentina, teniendo más de 18 millones de hectáreas aptas para desarrollar esos cultivos acá?. Pienso que la razón fundamental es la ausencia de instrumentos eficaces de fomento al desarrollo productivo, ligados a los modelos de clúster agroindustriales. Me explico.

Hoy en día, los recursos de ayudas, subsidios e incentivos que entrega el Estado, son adjudicados: i) de forma injusta. Ii) con criterios políticos. Iii) a quienes menos los necesitan y iv) con poco impacto en la productividad del sector primario.

Si  el gobierno a través de los ministerios de Agricultura, Comercio y Hacienda, direccionan los recursos de subsidios (líneas de crédito subsidiadas con respaldo estatal, coberturas de precios y seguro de cosecha) al fomento agrícola, condicionados a la integración de una cadena productiva mediante contratos de asistencia técnica, transferencia de tecnologías y compra de cosecha, les aseguro que en un año pasaremos de sembrar 250.000 hectáreas de maíz amarillo tecnificado a sembrar un millón de hectáreas, en los cuatro principales centros de producción avícola del país. Con este modelo, recuperaríamos los 250.000 empleos rurales que se perdieron este mes.

Cuando las cosas no están saliendo bien, hay que ser creativos y cambiar de estrategias. Si van a impulsar una campaña de comprar lo nuestro, el ejemplo debe comenzar por casa.