COLUMNISTAS

La historia que nos arregló la revista Semana hace tres días es digna de Boris Karloff. Es una narración horripilante y aparentemente incontrovertible, a primera vista. Su título contiene los ingredientes necesarios para espantar al lector: “Cementerio del horror: el lugar donde estarían ocultos los falsos positivos que el país no conoce”. ¡Que descubrimiento! Sin embargo, la lectura de ese texto genera una multitud de dudas.

Es un artículo típico de Semana: brutalmente anti fuerzas armadas. Pero su base es débil. La pluma del redactor anónimo presenta al Ejército colombiano como una “organización criminal”, tema que los áulicos de la “justicia especial” empezaron a explotar sin rigor alguno, hace como 10 años, con la teoría cuestionable del “actor mediato”, de un jurista alemán. Ese fue el origen de la charada que hoy vuelven a servir contra el ejército colombiano.

¿Que trata de inculcar Semana? Que el Ejército de Colombia, durante los dos gobiernos del presidente Álvaro Uribe tenía una política para asesinar inocentes y que los asesinaba con la mayor sangre fría para mejorar sus estadísticas de bajas en combate. Empero, el país conoce casos aislados de “falsos positivos” desde 1978, mucho antes de esa presidencia.

Semana agrega que el Ejército actual tiene “estrategias de silenciamiento” para “callar a los militares que están confesando en la JEP su participación, y la de otros, en falsos positivos”. Todo sin presentar una sola prueba, ni siquiera un rastro periodístico de la tal “estrategia”.

Nadie ha olvidado que en la época de Uribe la propaganda de las Farc decía que su derrota militar se debía a los “falsos positivos”. Trataron de convencer a la gente de que gran parte de las bajas infligidas por la fuerza pública a las Farc, y a las otras guerrillas, eran solamente “asesinatos de civiles indefensos”, es decir “falsos positivos”, y que ellos, las Farc, seguían siendo “invencibles”. Lo probado hasta ahora es que hubo casos dispersos muy lamentables de falsos positivos pero no una política sistemática.

Ahora la JEP y Semana tratan de poner de nuevo sobre la mesa la teoría derrotada de la política sistemática, precisamente en medio de un contexto político altamente sensible: el de un violento “paro cívico” dirigido por el sindicalismo comunista que retoma los objetivos, métodos y técnicas de las insurrecciones castro-chavistas en Chile y Ecuador. ¿Coincidencia?

“Los hechos investigados ocurrieron entre 13 y 16 años atrás”, admite Semana. Escoger una temática cuya materialidad es tan distante en el tiempo es típico de este tipo de narraciones y de “investigaciones” que aparecen como novedosas y que son económicamente rentables pero que poco o nada contribuyen a darle a la ciudadanía una información veraz y completa. Son episodios difíciles de valorar pues los testigos son escasos o inexistentes, lo que abre las puertas a la técnica de afirmar cosas sobre la base del “oí decir”.

El artículo de esta semana cuenta las supuestas proezas criminales de una parte del Ejército. Habla de un “batallón” anónimo y de un individuo anónimo, que Semana bautiza como Buitrago, “para no afectar las investigaciones en curso”. Es decir, las bases de ese artículo son inseguras, pues la investigación nada ha concluido.

Todo es secreto en ese artículo. No se sabe quién lo escribió, quien recogió la “información” de la visita al cementerio de Dabeiba, ni qué dijeron exactamente los tres magistrados que la revista dice que están al frente de esa investigación. Todo allí es deliberadamente obscuro e impreciso.

No hay una sola afirmación diáfana. Pero sí hay una cascada de verbos en modo condicional (donde lo dicho es puramente hipotético). Esos verbos, que estructuran el relato de Semana, son “habría”, “podría”, “estarían”. Hay frases donde sólo campea la duda como “Podría tener más de 50 cuerpos”, “pudo haber cometido”, “se presume que”, “ejecuciones supuestamente cometidas”, “víctimas que podrían estar”. Tal es el tono general del artículo. Se le olvidó a Semana que, como dice el libro de estilo del diario español El País, muy acatado en Colombia, “el uso de expresiones como ‘podría’, ‘al parecer’, ‘no se descarta’ o similares solo sirven para añadir hechos no contrastados o rumores”.

Estamos pues ante una historia de horror, pero en modo de rumor, pues nada allí es contrastado, ni siquiera superficialmente. ¿Para esa revista decir lo que realmente existe es poco importante? Lo central es crear una expectativa y cebar los sentimientos más peligrosos como son el miedo y la cólera. Cólera destructiva e irracional que no ha pasado por el tamiz de la razón, del libre examen. ¿Para que provoque accesos de furia en el “paro cívico”?

¿Pero cuáles son los hechos? No encontré una frase que diga: en tal lugar, la unidad, llamada tal, dirigida por tal oficial, realizó tal operación y sus víctimas son éstas y están en tal lugar. No, el artículo habla de un cementerio rural donde unos funcionarios que cavan encuentran unos cadáveres enterrados. ¿No es lo propio de un cementerio tener cadáveres enterrados? ¿Es raro que en un cementerio rural, en regiones de ultra violencia, haya una fosa común donde se inhuman cadáveres sin nombre?

El artículo habla de “indicios” y no de hechos, a pesar de que han pasado entre 10 y 15 años desde que esos crímenes habrían sido cometidos. ¿Por qué las investigaciones anteriores, que resultaron en sanciones penales, no coinciden con lo que cuenta Semana? Esa publicación sugiere que nada de eso sirve. Tal postura es inverosímil.

Hasta las fechas de los crímenes son brumosas en ese artículo. Las circunstancias de las mismas son aún más opacas. La acción es siempre escrita en modo condicional: tal unidad militar podría haber hecho tal cosa. Eso no es serio.

El choque que quiere causar el redactor en el lector ingenuo no es tenue ni espiritual, es explosivo: la convicción de que esas personas fueron “asesinadas por el ejército” de Colombia. En todo caso, es así como toman las cosas las agencias extranjeras de prensa con oficinas en Bogotá y algunos diarios extranjeros, que no tienen ni siquiera un corresponsal en Bogotá que pueda indagar un instante sobre lo que cuenta el cable de una agencia de prensa. Fue lo que hizo el diario católico de izquierda francés La Croix, quien este 14 de diciembre tituló así esa historia: “Colombie: exhumations dans une fosse commune de civils tués par l’armée”.

Semana monta su acusación sobre una base endeble: el “testimonio” del tal Buitrago y de unos “denunciantes” anónimos, que serían, según ella, “algunos campesinos”. ¿Cómo así? ¿Hacer semejantes acusaciones sobre la base de declaraciones de “algunos campesinos”? ¿La ética del periodismo no tiene nada que decir al respecto? ¿Esa forma de lanzar acusaciones tan graves es aceptable?

El redactor respalda sus fuertes afirmaciones sobre unos fantasmas. Por ejemplo, habla de unos “archivos” y de unos “folios que reseñan todo tipo de irregularidades” y de unos “actos que evidencian la manipulación de los elementos materiales probatorios”. Pero no dice qué archivos son esos, ni dónde están. No dice si son consultables o si esos “folios” son simplemente inferencias de personas interesadas en golpear al Ejército, o si son textos que hacen parte de un proceso penal que están cubiertos por el secreto judicial. Si ello es así ¿por qué Semana tuvo acceso a esos “folios”?

La receta del hábil redactor es, pues, esta: a una afirmación gratuita agréguele unas gotas de acusaciones contundentes.

El artículo está plagado de descripciones absurdas. Por ejemplo: supone que en Antioquia sólo existía el Ejército. ¿Quiénes intervenían militar y paramilitarmente en ese departamento? Semana no lo dice. El único actor, para esa revista, es el “ejército asesino” y una cosa abstracta que ella llama “el conflicto”. El Ejército peleaba contra “el conflicto” y mataba gente inocente. Esa es la acuarela que nos ofrece la revista. Conclusión: parece que las Farc nunca existieron en Antioquia. Tampoco el Eln, ni los narcos.

Todo eso porque la idea es hacer creer que las personas muertas y enterradas en la zona del cementerio de Dabeiba eran civiles ultimados por el Ejército. No se le pasa un segundo por la cabeza al redactor que algunos de esos muertos pudieron ser víctimas de los guerrilleros o de los milicianos o de los delincuentes locales o de enfrentamientos de éstos con particulares o con la fuerza pública. En el artículo, esas categorías criminalísticas –guerrilleros, terroristas, paramilitares, autodefensas, milicias, carteles, micro carteles, delincuencia común– no existen en Antioquia.

Las guerrillas Farc, Eln, Epl, desaparecen así por completo. El artículo no menciona ni una sola vez esas falanges narco-criminales, las mayores generadoras de violencia en Colombia. ¿Es eso serio?

La fuente también genera problemas. El artículo descansa sobre la palabra del tal Buitrago. ¿Ante la ausencia de pruebas técnicas o científicas cómo saber si él dice la verdad? Parece que Buitrago es un ex militar, autor material de uno o varios falsos positivos. Según el artículo, ese individuo está en libertad provisional. ¿Cómo saber si no está recitando la versión que difunde Semana a cambio de beneficios judiciales? En el artículo, entre bambalinas, en el recodo de una frase, aparece un organismo conocido por sus andanzas no muy santas. El Movice, el cascarón de proa del senador comunista Iván Cepeda, es muy activo en la dudosa actividad de buscar en las cárceles “testimonios” de ex delincuentes contra el ex presidente Uribe. ¿El tal Buitrago está declamando un guión preparado por el Movice? ¿Por qué Semana no hace un solo gesto para despejar esa duda?

Otra curiosa imprecisión. Dice Semana que los militares “reportaban las muertes en zonas altas de difícil acceso y riesgosa seguridad, para que la Fiscalía no pudiera entrar al lugar”. ¿La Fiscalía de qué año? ¿Quién dirigía la Fiscalía General? ¿La mayoría de los fiscales generales de esa época no eran enemigos jurados del gobierno de Uribe? Si ello fue así ¿por qué el caso de Soacha hizo, con razón, tanto ruido y terminó en condenas penales?
Es imposible en el artículo glosado ubicar los nombres de esos Fiscales pues no hay fechas de los pretendidos falsos positivos, solo la vaga alusión a que “ocurrieron entre 13 y 16 años atrás”. ¿Qué es eso? ¿Periodismo o propaganda?

Semana dice que los forenses desenterraron el pasado 12 de diciembre “ocho cuerpos en Dabeiba”, pero que de esos ocho descartaron algunos “por su edad”. Es decir, desenterraron cadáveres regulares de ese cementerio, entre otros. ¿Por qué no da siquiera las cifras de ese hecho elemental? ¿Cuántos fueron los descartados “por su edad”? ¿Cuántos por “muerte violenta”?

Señores de Semana, ¿creen que con artículos así de taimados e imprecisos van a ganar lectores? Semana está ante una disyuntiva: o mejora su manera de presentar sus supuestas “investigaciones” y “revelaciones”, ofreciendo hechos y no suposiciones, o terminará contribuyendo a oscurecer aún más el asunto de los falsos positivos.

No tratamos aquí decir que nunca hubo falsos positivos. Jamás diremos eso. Lo que decimos es que no se puede seguir tratando ese tema de manera partidaria. Semana debe presentar hechos y no rumores. Debe abstenerse de combinar elementos de lenguaje con conclusiones arbitrarias. Ese tipo de malabarismo no le sirve a nadie: ni a las víctimas de los falsos positivos, ni al Estado colombiano al que le quieren adjudicar montañas de crímenes imaginarios. Tampoco ayuda a restablecer la verdad de los hechos a quienes deben impartir justicia.

La verdad es siempre la sacrificada en el periodismo de sensación que funde verdades a medias, mentiras disimuladas, embuchados grotescos con una que otra verdad incontestable.

Para finalizar: ¿Cómo saber si los cadáveres que están desenterrando en Dabeiba resultan de falsos positivos o corresponden a bajas legítimas de combates de la fuerza pública? Distinguir entre una cosa y otra tomará tiempo. ¿Por qué Semana se anticipa a todo examen forense para afirmar desde ya que son víctimas del Ejército?

Semana ha hecho cosas reprochables en el pasado: la campaña de intoxicación noticiosa que, en 2005, llevó injustamente a la cárcel al coronel Alfonso Plazas Vega, veinte años después del asalto del M-19 al Palacio de Justicia de Bogotá, comenzó con un artículo de Semana basado en testimonios que después se derrumbaron espectacularmente. Ese héroe militar fue absuelto ocho años después, pero el daño hecho fue inmenso. También Semana jugó un papel central, en 2014, en la mediatización del escándalo del hacker, montado para arrebatarle el triunfo en la carrera presidencial de Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático. Semana acusó además en 2014 a la inteligencia militar de estar “interceptando ilegalmente” las comunicaciones de los enviados a Cuba a dialogar con las Farc. Los hechos no fueron constatados. Son sólo algunos casos, entre tantos otros.

Semana no aprende de sus errores. Los lectores deberían entonces sacar sus propias conclusiones.