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Colombia aplazada en las reformas que necesita: María Fernanda Cabal en el 6to Congreso de la ANDI, propone soluciones para sacar al país del atraso al que ha sido sometido

Barranquilla, 16 de agosto de 2021.- Durante el Sexto Congreso Empresarial Colombiano, de la ANDI, la organización gremial más importante del país la senadora y precandidata Presidencial María Fernanda Cabal habló de su propuesta económica para una democracia liberal, donde debe prevalecer la libre empresa, un Estado menos intervencionista, con seguridad como bien fundante. Además de la necesidad de llevar a cabo las reformas que el país ha aplazado repetidamente, lo que es aprovechado por quienes usan esa frustración para convertirse en “salvadores”, cuando realmente lo que representan es un riesgo para la democracia, de cara a las elecciones de 2022.

Marí Fernanda Cabal para demostrar su teoría hizo un recuento de los aplazamientos que se han venido dando durante la vida republicana, de Colombia, al tiempo que dijo que la experiencia que ha tenido el país durante todos esos años son el mejor consejero que la historia.

Iniciando desde 1810 cuando se lanza el grito de independencia, esa aspiración tuvo que ser aplazada, pues en lugar de buscar la unión y la fuerza, en 1812 ya estábamos enfrentados en la primera guerra interna del siglo. Y siguió con cada una estas etapas desde “La Patria Boba” pasando por las grandes batallas de 1819 en Boyacá, y la búsqueda de mecanismos para crear un modelo de organización que permitiera crear instituciones fuertes para consolidar el territorio y administrar la independencia, pero esto no ocurrió.  Y reclamó que en Colombia exista una extraña Incapacidad de aprender de la experiencia.

Vino entonces la primera guerra civil temprana en la hubo 10 Guerras más de carácter nacional durante el fin de siglo y 14 guerras regionales y decenas de revueltas locales por lo que desde épocas remotas, las armas se han institucionalizado como forma de solución de las diferencias.

Pasó al Frente Nacional luego de un recuento, y aseguró que, pese a todo, durante el Frente Nacional hubo un gran desarrollo institucional, sin embargo, la violencia no ha tenido solución de continuidad en la historia del país, con el frente nacional nacen otras dos grandes maldiciones:

*la subversión armada comunista y

*el narcotráfico, que aplazaron el desarrollo integral del país.

La primera es hija de la estrategia de la internacional Comunista, de exportar la revolución armada a Latinoamérica. Así nacen, promovidas, entrenadas y armadas en Cuba, las guerrillas colombianas, entre otras, las Farc en 1964, el ELN en 1965, el EPL en 1968 y el M19 en 1970.

La segunda, el narcotráfico, nace con la “bonanza marimbera” en la Costa Caribe, llevada al extremo con la decisión de López Michelsen de crear la “ventanilla siniestra”, que legalizó millones de dólares de ingresos de la marihuana.

A mediados de los setenta la marihuana fue reemplazada por la coca, los caciques por los capos y los carteles, y el país vive en la década de los ochenta, una ola violencia narcotraficante sin precedentes.

Siguió a épocas más recientes como la del influjo desestabilizador y corruptor en se hizo patente con la elección de Ernesto Samper y el Proceso 8.000, sucedido por Andrés Pastrana, de la quedijo que con más buena voluntad que realismo político, y cómo se dejó embaucar por las Farc y les entrega la Zona de Distensión del Caguán, cuyo estruendoso fracaso, sin embargo, da inicio al Plan Colombia y al fortalecimiento de las Fuerzas Militares.

Continuó su recuento con la llegada al poder de Álvaro Uribe, que coincide con un momento de inviabilidad del Estado y se da inicio a un periodo de gran transformación a través de la política de Seguridad Democrática, al tiempo que se lleva a cabo el sometimiento de las autodefensas a partir de la Ley de Justicia y Paz en el año 2005.

Al final de sus dos periodos de gobierno las Farc están diezmadas y el narcotráfico en su más bajo nivel desde el inicio del Plan Colombia. 

Sin embargo, dejó claro que no obstante el paso de Álvaro Uribe Vélez en el poder el país de aplazamientos y retrocesos, donde surge una amenaza por el nuevo entorno continental, sumada a una enorme traición política local.

Ese entorno encarnado en Hugo Chávez que asume como presidente de Venezuela en 1999, dando entrada a un factor perturbador que no estaba en las cuentas de nadie: El Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, que empieza a inyectar los petrodólares de Venezuela al Foro de Sao Paulo, para avanzar en la nueva estrategia del comunismo internacional hacia la toma del poder en las urnas, comenzando por Lula da Silva en Brasil 2002, y luego en Uruguay, Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, El Salvador, Perú y Argentina.

A finales de la era Chávez, la economía venezolana empieza su caída libre y el dictador encuentra otra fuente de financiamiento ya probada en Colombia por las FARC y el ELN: el narcotráfico. Venezuela se convierte en asilo permanente de estos grupos mafiosos, y el presidente Uribe rompe relaciones diplomáticas y comerciales.

En Colombia, mientras tanto, llega al poder Juan Manuel Santos en 2010, elegido con los votos de Uribe y con la bandera de la Seguridad Democrática, pero más se demoró en terciarse la banda presidencial que en traicionar a sus electores y dar comienzo a un verdadero y enorme retroceso.

Empieza con su “nuevo mejor amigo” y el restablecimiento de relaciones; La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras como una señal para las Farc 2011; el inició de negociaciones secretas ¡en Cuba! Sumado al reconocimiento del “conflicto interno” para dar estatus a la FARC como “parte”. La polarización del país entre “amigos y enemigos” de la paz; el show de Cartagena en agosto de 2016; el plebiscito del 3 de octubre y la victoria del NO; la renegociación que no lo fue y el show de cierre en el Teatro Colón, validado ilegalmente por el Congreso de la República.

Y llegó el desagradable tema del proceso de negociación con las Farc en el que se perpetró un asalto a la democracia y todas las instituciones fueron pervertidas:

1. El Ejecutivo, que traicionó a sus electores y se entregó a unas negociaciones bajo la amenaza extorsiva de la violencia;

2. El legislativo, que entregó su competencia deliberante y su iniciativa legislativa, bajo el régimen del “fast track”, la antítesis de la democracia.

3. El sufragio, que perdió su condición soberana de expresar la voluntad popular, cuando el Acuerdo regaló curules sin votos; 

4. la lucha contra el narcotráfico, negociada con la principal mafia narcotraficante…;

5. y la justicia, que aplazó una vez más la reforma mil veces aplazada, y aceptó la impunidad total en la JEP y la participación en política de culpables de crímenes de lesa humanidad.

Es así como empalmó con el día de hoy en que continúa el país en modo aplazamiento, por cuenta de la pandemia, en una realidad compleja agravada por la revuelta social violenta, que un gobierno bienintencionado no logra controlar, con algo de temor al “qué dirán”, alimentado por la propaganda falaz de la izquierda y en medio de una difusa mezcla de garantismo excesivo y ausencia orientadora de la preeminencia de la Ley y de la autoridad legítima del Estado.

Y pese a todo lo anterior, el país avanzó. Demostrando el coraje del pueblo colombiano.  Aunque en lo político perdió la asignatura, por el desprestigio de la clase política sumida en la corrupción y en el leguleyismo frente a la urgencia de menos pero más eficaces leyes.

El “aplazamiento” del futuro siempre prometido, es una frustración permanente para los colombianos, y peligrosa para la continuidad de la democracia.

El país, que es la sumatoria de 50 millones de historias individuales, de colombianos de carne y hueso que merecen salir de la trampa de aplazamientos sucesivos, necesita volver a creer en sus gobernantes.

Dijo que “para eso, es vital para la democracia la recuperación de la confianza ciudadana, que se reconstruye con resultados y evidencias de cambio, de retorno a los valores fundacionales de la patria, que pueden resumirse en el lema de nuestro escudo”, E INICIÓ con la exposición de sus propuestas en el sentido económico ligadas a la seguridad  

Libertad y Orden. Y la recuperación del Orden se hace a partir de tres premisas fundamentales:

La Primera: El imperio de la ley como máxima norma de convivencia, frente a la cual todos tenemos los mismos derechos y nos asisten las mismas obligaciones.

La Segunda: La justicia debida y oportuna, para todos, como el instrumento para garantizar el imperio de la Ley.

La Tercera: La seguridad, en su sentido más amplio, como bien fundante de la sociedad que no se limita a la preservación de la vida sino también de la “libertad integral”: libertad de expresión y opinión, libertad de emprendimiento empresarial, libertad de credo, de trabajo, de asociación alrededor de objetivos lícitos.

Dentro de ese orden de ideas, el “desAplazamiento” del país, en cuanto al orden se refiere, reclama de compromisos en varias direcciones:

1. Colombia necesita una reforma política, que dignifique el papel de los partidos políticos y el ejercicio individual de la política; que erradique la corrupción derivada de confundir el poder con el manejo de la burocracia y la contratación, usados para sostenerse indefinidamente en el poder.

Una reforma política que redefina las competencias de las tres ramas del poder público, que evite las puertas giratorias y las componendas; en últimas, una reforma que le devuelva la confianza al ciudadano.

2. Colombia necesita una reforma profunda a la justicia, que siempre se ha estrellado con los intereses de la magistratura, con los intereses del Congreso, con los intereses y la falta de gobernabilidad del Ejecutivo, con los intereses ideológicos de los sindicatos de la rama judicial y hasta con los intereses de las mafias del narcotráfico.

Colombia necesita una justicia que garantice los logros de la Constitución de 1991, especialmente la tutela, pero que evite su abuso sistemático, que se ha convertido en una nueva trampa para el acceso que buscaba facilitar.

Que sea una justicia oportuna, articulada desde la acusación, la investigación y la transparencia en los procesos, hasta la debida sentencia.

“Y para ello se necesita voluntad política y gobernabilidad”.

Recordó las palabras de Álvaro Gómez que decía: “Hemos llegado a una situación escandalosamente paradójica en la que nuestro sistema de justicia parece estarse pasando al bando de los criminales”.

3. Colombia necesita una reforma laboral, tantas veces prometida y tantas veces impedida por los sindicatos de izquierda, que sea la palanca de la formalización y de la creación de más y mejor empleo, diverso en sus modalidades, como diverso es el país; que garantice el bienestar y la dignidad del trabajador, en el campo y en las ciudades, en todos los oficios y competencias, en los pequeños emprendimientos y en los grandes.

4. Colombia necesita una reforma pensional, tantas veces intentada y tantas veces torpedeada por las centrales de trabajadores de orientación comunista. El actual sistema es insostenible para el erario. Y la incapacidad para “tocar las pensiones”, derivada de una falta de “gobernabilidad real”, es uno de los aplazamientos más costosos, tanto en lo económico, como en lo social por el abandono en que mantiene confinada a la gran mayoría de la población de la llamada “tercera edad”, dentro de la cual están los ancianos más pobres del país. 

5. Colombia necesita una reforma educativa, para acabar con el “analfabetismo efectivo” de bachilleres y profesionales. Una educación en que la formación en valores ciudadanos se recupere y deje de ser una “costura”.

Una educación que valore al maestro, pero que también le exija; y permita la evaluación y el crecimiento del docente; una educación que no adoctrine ni que esté secuestrada por FECODE.

En esa dirección, he presentado un proyecto de Ley que permite la contratación con la educación privada, cuando no exista oferta pública o porque la calidad ofrecida por el Estado en sus diferentes niveles, no alcance los estándares aceptables de la evaluación institucional de calidad.

Respecto a la financiación de la educación superior, tanto pública a través del ICETEX, como privada a través del sistema financiero, no puede terminar en exacción amenazante para un egresado sin empleo. El Estado debe subsidiar los intereses durante la etapa de estudio y, con los controles debidos, debe consultar también las posibilidades de pago del egresado.

6. Colombia necesita una reforma tributaria estructural que contenga los instrumentos para su actualización cuatrienal, presentada por el Gobierno para la ejecución de su Plan de Desarrollo, que supere la colcha de retazos de las reformas anuales; una reforma que NO pueda ser revisada durante el cuatrienio, sino por circunstancias sobrevinientes de grave afectación de la economía, como la pandemia.

Es necesaria una estructura tributaria que brinde seguridad jurídica para fomentar la inversión nacional y extranjera, pero que diferencie en la tributación los emprendimientos por su tamaño y su condición rural o urbana.

Una reforma tributaria que fomente la formalización empresarial, como el camino hacia el pleno empleo, porque la informalidad prevalente es uno de los mayores factores de inequidad.

Y, a la par con la recuperación del ingreso tributario, el Estado debe comprometerse con la reducción del gasto. El Congreso puede ser más pequeño y ya hay proyectos de ley en esa dirección, las consejerías y otras instancias deben ser evaluadas con el prisma del costo – beneficio.

7. Colombia necesita una política de generación de empleo, con la “desregulación” como herramienta principal.

El Estado tiene que facilitar el camino, porque en la excesiva regulación y en los trámites se esconde la corrupción y se ahoga la iniciativa privada.

Colombia necesita una política de empleo que reconozca la diferencia en tamaños de emprendimiento, pues los requisitos de una empresa de cinco empleados no pueden ser los que aplican para un gran conglomerado.

El crédito para la pequeña empresa, el microcrédito, no puede seguir siendo de usura, bajo el alegato del mayor riesgo.

La dificultad de acceso y los intereses del microcrédito, son la puerta al delito del “gota a gota” y una expresión de inequidad sin parangón. El Estado debe subsidiar el riesgo del microcrédito, como un camino para la formalización del empleo de baja y mediana escala, que, paradójicamente, sustenta una gran tajada de la actividad económica del país.

Colombia necesita una política de empleo que reconozca la diferencia entre el entorno rural y el urbano. Y algo muy importante para contrarrestar el discurso populista de la izquierda: el campo necesita con urgencia una política pública que rescate de su pobreza al pequeño productor rural, a través de una política pública y sostenida de ASOCIATIVIDAD RURAL que construya tejido social y posibilite el encadenamiento con medianos y grandes productores.

8. En el tema ambiental, el Gobierno debe encontrar el equilibrio entre la necesaria conversión energética progresiva y la dependencia innegable de los combustibles fósiles.   

Explicó cómo es de fácil rechazar la dependencia del petróleo y perseguir su extracción sin tener en cuenta el costo impagable de importarlo en su totalidad, lo cual haría inviable la economía nacional.

La recuperación de la naturaleza exige también el apoyo gubernamental a los sistemas de producción sostenible de alimentos, a partir, entre otras opciones, de los Sistemas Silvopastoriles Intensivos para la producción de carne y leche, pero también de la persecución del narcotráfico, de la tala ilegal que alimenta el comercio informal de madera, y la minería ilegal.

Y de debe evitar caer en tentaciones populistas donde se cede la soberanía del estado y se pone en riego el derecho al desarrollo, como el Acuerdo de Escazú, que judicializa cualquier actividad que afecte el medio ambiente, sin determinar cuál, dándole competencia a agentes extranjeros para actuar judicialmente en Colombia y ante los tribunales internacionales de DDHH, reviviendo la Corte Internacional de justicia, qué nos quitó buena parte del mar de san Andrés.

Debemos defender a Colombia, para que las elecciones de 2022 no sean las últimas en democracia y con garantías, como ya ha sucedido en buena parte del vecindario.

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