COLUMNISTAS

Los bogotanos están como los argentinos: eligen a los más ineptos y corruptos y después se quejan de las barbaridades que comete esa gente. Después de haber elegido alcaldes como Antanas Mockus, Luis Eduardo Garzón, Samuel Moreno Rojas y Gustavo Petro, los bogotanos volvieron a dejar que este último, el señor de los talegos, accediera de nuevo a la alcaldía, a través de otra persona. Claudia López no es un clon de Petro pero es la continuidad de Petro, ideológicamente hablando. Ella viene para lo mismo: no a servirle a la ciudad sino a imponerle un programa no enunciado. La barbarie de la lucha de clases, la creencia de que la revuelta anticapitalista y la ecología irracional harán feliz al pueblo. Es lo que ella llama hacer “el cambio de historia”.

Por más de que esos dos hayan protagonizado una comedia para exhibirse como adversarios, ellos tienen la misma agenda. Ambos están convencidos de que hay que cambiar la democracia. Claudia López desliza eso en su frase enigmática sobre la “democracia inclusiva”. La democracia a secas, la auténtica, según ella, es “excluyente”. Es lo que proponía Marx. Los derechos humanos y la democracia deben ser abolidos pues protegen el individualismo, el egoísmo y la sociedad civil. La democracia totalitaria, en cambio, es la única que alcanza el control de la voluntad colectiva sobre la voluntad de los individuos. Tal es el núcleo secreto de esos dos activistas. Según ellos, hay que ir hacia el socialismo que “incluirá a todos”. En realidad, ello conduce al Terror como sistema, algo que esas eminencias se empeñan en ocultar.

Lo ocurrido el pasado 21 de enero fue la primera muestra de la contradicción que hay entre lo que dice y hace la alcaldesa.

Hay un esfuerzo tenaz para golpear y humillar a la policía de la capital. Para desestabilizarla y acabarla, para dejar a Bogotá sin seguridad. Esa estrategia abrió una fase nueva el 17 de enero de 2019 cuando un elemento del ELN le quitó la vida a 22 jóvenes cadetes de la Escuela de Policía General Santander al detonar una bomba de 80 kilos de pentolita.

La opinión pública olvida que la destrucción de la Policía Nacional fue teorizada por un miembro de la dirección del PCC, en septiembre de 2010, luego de la muerte del jefe militar de las Farc, Víctor Julio Suárez Rojas, alias Jorge Briceño Suárez, alias Mono Jojoy. Ese directivo decidió que la inteligencia de la Policía había descubierto el lugar donde se escondía ese verdugo, lo que habría facilitado el ataque aéreo de las fuerzas militares, la Operación Sodoma, contra el búnker y los túneles de Jojoy, en la zona “la Escalera” de La Macarena, Meta.

Es obvio que esa campaña sigue y se oculta detrás de diferentes formas para desgastar, desacreditar y apartar a la policía de los asuntos de la seguridad urbana. La decisión de Claudia López de estigmatizar y marginalizar al Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) emerge en un contexto muy curioso.

La política de terror directo está siendo combinada con otras técnicas de terror de baja intensidad. La aparición de “marchas de protesta” sobre todo desde 2018, que se dicen “pacíficas” pero que culminan en orgías de destrucción contra la sociedad civil y contra la fuerza pública, encajan, quiéranlo o no los miembros del “comité del paro cívico”, en esa estrategia de tensión.

Aunque no representa nada, ni fue elegido por nadie, ese “comité”, donde hay agentes de las Farc y de los sindicatos Fecode y Cut, lanza cuando quiere, en medio de la indiferencia del gobierno de Iván Duque, marchas ruidosas pero poco nutridas. Y los encapuchados que emergen de la masa son los que dirigen el baile: hieren brutalmente a los uniformados, incendian, destruyen lo que pueden, siembran el pánico, roban y destruyen buses y estaciones de transporte, agreden a los usuarios, saquean tiendas y supermercados y degradan edificios públicos y privados. El 21 de noviembre pasado, los vándalos golpearon, en especial, en diez ciudades: Bogotá, Cali, Neiva, Medellín, Manizales, Popayán, Pamplona, Bucaramanga, Cartagena y Santa Marta. Ese día fueron heridos 37 policías y 42 civiles. 420 amotinados fueron detenidos. Sumando las marchas anteriores, hasta ese día los civiles heridos por los brotes de violencia subieron a 177 y a 271 policías (26 de ellas mujeres) y dos militares heridos (1). Julián Andrés Orrego, un encapuchado, murió en Medellín, el 2 de diciembre, al estallar los explosivos que llevaba.

En noviembre de 2018, un manifestante arrojó una bomba incendiaria que causó quemaduras graves a los policías que custodiaban la sede de RCN Radio, en Bogotá. Todo eso justificado con la mentira de un supuesto “derecho a la protesta”. Ese “comité” llega al cinismo de incluir en su programa los gritos de guerra de la banda que ordenó el atentado contra los cadetes de la Policía. Ese “comité” dice tener una meta a corto plazo: obtener que el gobierno de Duque realice la totalidad de las concesiones hechas por Santos a las Farc. Ello equivaldría a completar la infiltración de las Farc en las instituciones y a poner a la subversión narco-comunista a las puertas del poder.

El 21 de enero vimos lo que buscaba Claudia López: hacer el simulacro de contener a los violentos mediante grupos de uniformados aislados y protegidos con láminas de plástico. Ella quería ver en acción su gran invento: las “madres gestoras de paz”. El resultado no pudo ser más patético: tuvo que admitir la intervención del Esmad en cuatro puntos de la ciudad y aún así once policías fueron heridos, 37 buses y 15 estaciones de Transmilenio fueron averiados. Sólo dos vándalos fueron acusados por un fiscal.
La orden irresponsable de la señora López de marginalizar al Esmad no es un error de cálculo. Es un acto consciente destinado a debilitar a la policía de la capital, aunque en sus discursos ella promete “construir una ciudad cuidadora” (sic).

¿Cómo puede ella afirmar eso si su plan para reprimir a los violentos es substituir la policía profesional por grupos de madres de familia? Ese modelo demente es, además, inconstitucional. Si tuviéramos una Corte Constitucional ésta ya se habría pronunciado contra eso. Pero no. No hay nada de eso.

Mucha razón tuvo la Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, al denunciar las graves fallas del protocolo de intervención de la policía inventado, sin consulta alguna, por Claudia López. A su vez, Alberto Brunori, representante en Bogotá de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, mostró su asombro por lo ocurrido el 21 de enero: “Veo con preocupación que algunos individuos, afortunadamente una minoría, atacaron violentamente y hostigaron a miembros de la Policía Nacional”, además de atacar a “manifestantes e infraestructura pública y privada”.

La alcaldesa envió piquetes de policías inexpertos para que fueran cercados y salvajemente lapidados. Es un milagro que ninguno de ellos haya muerto en la emboscada de Suba. López justifica el retiro del Esmad diciendo que la muerte de Dylan Cruz se debe exclusivamente al Esmad, descartando la responsabilidad del “comité” que lanzó la violenta “protesta”. Claudia López no cesa de acusar al Esmad de practicar el “abuso de autoridad” y de ir “contra la legítima expresión ciudadana”.

Los vándalos no son manifestantes, ni son una “expresión ciudadana”. Ni son la punta de un movimiento social. Son antisociales. Sus desmanes son de tipo criminal. La policía le incautó a uno de ellos una libreta con notas y dibujos. Ese documento revela que la subversión intoxica con mentiras a sus tropas y les dice cómo armar bombas molotov y otros elementos letales. Les dice, además, qué atuendos llevar a los ataques y cómo formar líneas de defensa y repliegue. ¿Ese adiestramiento en técnicas del combate urbano indica que hay una guerrilla en formación?

Claudia López trata de esquivar lo que ocurrió el 21 de enero. ¿Lo logrará? Algunos juristas han hecho un llamado de atención. Uno de ellos, Francisco Bernate, experto en derecho penal, definió como “intento de homicidio agravado” los actos de los encapuchados en sus ataques contra la policía. El vio en eso no unos actos de “protesta” sino intentos de matar seres humanos. “No son vándalos, son asesinos”, remató Bernate. Esos hechos deben ser investigados. Realmente investigados. Sin embargo, la alcaldesa se abstiene de dar instrucciones al respecto, y la Fiscalía, organismo llamado a hacer eso de oficio, sigue acéfala pues la Corte Suprema ha sido incapaz de designar un nuevo fiscal general.

En las redes sociales muchos están pidiendo la destitución de la alcaldesa de Bogotá por lo ocurrido el 21 de enero. Dicen que no se puede tolerar que sigan esas “marchas de protestas”. La Casa de Nariño y los servicios del Estado deben parar la dinámica de desestabilización recurrente. La seguridad de Bogotá y de Colombia está en juego. A las alcaldías de las grandes ciudades, comenzando por Bogotá, hay que retirarles los poderes de policía. En los tiempos que corren esa alta tarea debe recaer en manos del Jefe de Estado y de los organismos especializados.

El papel del “comité de paro” en los disturbios sangrientos es cada vez más obscuro. Dice condenar la acción vandálica pero no hace nada para retirarle el piso a los violentos y las “marchas de protesta” siguen generando revueltas. Ese “comité” debe ser disuelto.

Bogotá ha sido víctima en años recientes de atentados monstruosos. La capital no puede habituarse ahora a una ola de violencias de nuevo tipo con el pretexto de que hay un “derecho a la protesta”. Ese derecho no existe, si la protesta consiste en utilizar la fuerza contra las personas y los bienes públicos. Esas marchas deben ser prohibidas. La opinión sabe que esas destrucciones responden a dictados de Nicolás Maduro quien intenta castigar a Colombia por recibir la emigración venezolana y por ayudar diplomáticamente al pueblo venezolano a liberarse de esa abyecta dictadura.

(1).- Ese día, en Bogotá, grupos de encapuchados trataron de irrumpir en el Capitolio, sede del parlamento colombiano. Fueron contenidos por la policía. También intentaron entrar por la fuerza al Palacio de Justicia y a la sede de la Alcaldía de Bogotá. Fueron repelidos por el Esmad. Otro grupo de vándalos quiso invadir el aeropuerto ElDorado, pero fue parado por la fuerza pública.