JUDICIALES

Barranquilla, 14 de enero de 2019.- Este lunes fue llamado por la Fiscalía a juicio el General en retiro Humberto Guatibonza Carreño por las chuzadas ilegales que se generaron de Ipiales, Nariño, con oficinas también en Bogotá. El llamado fue extensivo a su jefe de prensa Carlos Arenas, y al ex agente de Interpol, Julián Villarraga. El caso reúne a cerca de 10 personas que estarían involucradas, entre estos surgió el nombre del senador Armando Benedetti Villaneda.

Kos demás vinculados responden a los nombres de: Carlos Andrés Pérez Cardona, coronel en retiro del Ejército Nacional, jefe de seguridad de la Alcaldía de Ipiales, Nariño, cuyo mandatario local es Ricardo Romero, padre del gobernador de Nariño, Romero. Jorge Humberto Salinas Muñoz, coronel en retiro del Ejército Nacional y especialista en inteligencia. Luis Mesías Quiroga Cubillos, mayor en retiro del Ejército Nacional. Y María Alicia Pinzón Montenegro – exfuncionaria del Ministerio de Tecnología de   la información y Comunicaciones, quien era la supuesta ‘hacker’ que habría sido contratada para el robo de información.

El caso de Guatibonza, quien tiene casa por cárcel, luego de que manifestara que su nombre fue utilizado por terceros, y que no reconociera los 6 delitos que le imputó la Fiscalía, inició a principios del mes de agosto de 2018, cuando el CTI, capturó a tres oficiales retirados del Ejército y a una civil, a quienes acusa, de presuntamente, “obtener ilegalmente información reservada de políticos, empresas, integrantes de la fuerza pública, parejas, funcionarios judiciales y de la Fiscalía, para venderla a terceros interesados”.

Según las investigaciones de la Fiscalía estas habrían establecido el uso de dos empresas en Cali, y un centro de operaciones criminales en Ipiales Nariño, como fachada utilizadas, y desde allí se habría acopiado información de inteligencia sobre movimientos, ubicación y operaciones de objetivos militares, políticos y sus familiares, y otras personalidades nacionales e internacionales. La Fiscalía también relacionó a la empresa ‘A&G seguridad’ de propiedad del general en retiro de la Policía, Humberto Guatibonza Carreño, instalaciones que fueron allanadas en Bogotá. 

El portafolio ilegal de servicios era ofrecido a entidades del Estado y particulares. Publicitaban su capacidad de interceptar comunicaciones telefónicas, correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea. La red delincuencial cobraba al menos tres millones de pesos $3’000.000 por cada actividad ilícita.

Las capturas se dieron con la coordinación de un fiscal de la Dirección contra el Crimen Organizado, en articulación con investigadores del CTI de la Fiscalía, afirmó el ente investigador quien considera la existencia de esta presunta red de chuzadas.

A los cuatro detenidos la Fiscalía General de la Nación informó que les imputará cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado. Utilización ilícita de redes de comunicaciones agravada. Acceso abusivo a un sistema informático agravado. Violación de datos personales agravados. Uso de software malicioso agravado. Daño informático agravado.

El ente acusador señaló en su momento que los investigadores realizaron siete operativos simultáneos de allanamiento y registro en inmuebles ubicados en Bogotá, Cali e Ipiales (Nariño), donde hacía presencia la red criminal. En el municipio fronterizo fueron incautados los siguientes elementos: Seis torres de cómputo de diferentes marcas. Cuatro computadores portátiles. Cinco teléfonos celulares. Dos maletines con documentos varios. Dispositivos USB. Agenda de datos. Dos routers. Tres discos duros externos. Un reproductor MP4. Al igual que en Cali, los investigadores de la Fiscalía allanaron las oficinas de una empresa de seguridad y las viviendas de los oficiales en retiro. Asegura que en las diligencias se encontraron más equipos tecnológicos.

La Fiscalía dijo finalmente que buscaba elementos que permitirían corroborar la presunta relación del general en retiro, Humberto Guatibonza Carreño con la empresa de seguridad registrada en Cali, de acuerdo con pruebas técnicas recaudadas en los últimos meses.