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Cae montaje contra Uribe, ¿responsables del mismo, pagarán? Por: Duván Idárraga

Dos premisas: Primera, Colombia es un estado derecho y como tal la ley es para todos. Existe la presunción de inocencia y el debido proceso, todos deben ser juzgados conforme a las leyes; estas son garantías del ordenamiento jurídico colombiano (Art. 29 Constitución Política de Colombia). Segunda, existen millones de personas a favor del expresidente Uribe, igualmente un número importante que están en contra; de este grupo hay odiadores profesionales (Don Iván, Montealegre, Juan Manuel Santos y sus aliados, magistrados Barceló y Reyes, gran cantidad de “periodistas”, entre otros) y aficionados. Ambos consideran que Uribe no tiene derechos, no importa que se le violen garantías procesales, ni que haya irregularidades y delitos (acción que va en contra de la ley); importa meterlo preso, para ello todo se vale. De ese nivel es el odio.

En este proceso se dieron irregularidades como que el expresidente Uribe radicó denuncia ante la Corte contra el senador Iván Cepeda por posible manipulación de testigos, basado en la gran cantidad de visitas que el senador realizó a cárceles en Colombia y en el exterior buscando testigos contra el expresidente y su familia, ofreciendo todo tipo de beneficios. El magistrado Barceló archivó ese proceso y abrió uno en contra de Uribe. En cierta ocasión, tratando de explicarle a un amigo odiador de Uribe lo sucedido, ponía el ejemplo de que imaginara si a él le robaran su reloj, instaura la denuncia y el ladrón termina denunciando a mi amigo porque el reloj no era original sino imitación y el juez, en vez procesar al ladrón, enjuicia a mi amigo. Es tal su odio por Uribe que ni así lo entendió.

Juan Guillermo Monsalve fue considerado por la Corte Suprema el testigo estrella, su familia recibió dineros de una fundación por carecer de recursos. Lo particular es que esa fundación recibe apoyo financiero del senador Cepeda, gran enemigo de Uribe y con demasiados intereses en el proceso y en apresar a Uribe. Más irregular aún, por la época de inicios del proceso contra Uribe, la familia de Monsalve, esa que supuestamente necesita apoyo económico, compró una finca en el eje cafetero por valor superior a los $300 millones de pesos, sin una justificación clara del origen de los recursos y siendo socia Deyanira Gomez, la médica esposa de Monsalve.

“Extrañamente” la abogada Mercedes Arroyave (que acompañaba a Cepeda en las visitas a las cárceles) y la ex esposa de Monsalve desaparecieron (aparentemente salieron del país por supuestas amenazas); lo particular es que sus testimonios serían clave para aclarar muchas cosas del caso. Eso ni hablar de la particular caída del celular de Cepeda que hizo se borrara toda su información; mas absurdo, el magistrado Reyes no pidió a compañías celulares recuperarla y analizarla.

En cuanto a delitos (reitero, acción que va en contra de la ley) durante el proceso no se permitió versión libre a Uribe, se le ocultó el inicio del proceso penal en su contra; no se permitió a los abogados de la defensa contra interrogar testigos; no dejaron citar a testigos en favor de la defensa; la CSJ otorgó facultades de policía judicial a Monsalve al permitir grabar ilegalmente conversaciones con el abogado Cadena, esas grabaciones ilegales se usaron en el proceso; se realizaron escuchas ilegales en más de 22.000 llamadas utilizando una orden en contra del congresista Nilton Cordoba, el investigador del CTI advirtió sobre ello y continuaron, a pesar de la ilegalidad de las escuchas fueron incluidas dentro del análisis probatorio; no se realizó inspección judicial a celulares, simcars y computadores que fueron decomisados hace más de un año a Monsalve en su celda; el magistrado Reyes, en plena audiencia, le advirtió al senador Cepeda para que no respondiera una pregunta que podría ser incriminatoria; tampoco Reyes advirtió haber sido contratista del gobierno Juan M Santos; la magistrada auxiliar soplaba respuestas a Monsalve en pleno interrogatorio; filtraciones parcializadas y acomodadas de piezas procesales a “periodistas” enemigos del ex presidente Uribe.

Después de asumir la investigación el Fiscal del caso, en una actuación ajustada a derecho, con una adecuada valoración de pruebas y testimonios (lo que la Corte Suprema no hizo, violando con ello la ley) ha solicitado la preclusión y presentará en audiencia pública ante un juez de control de garantías los argumentos en los cuales basa su decisión. La decisión recibió el rechazo de los odiadores profesionales quienes argumentaron, entre otras cosas, que ese fiscal no podría saber más del código penal colombiano que los magistrados de la sala instrucción de la Corte, precisamente donde violaron el ordenamiento legal con tal de apresar, a como diera lugar, al expresidente Uribe.

Con la solicitud de preclusión queda en evidencia las irregularidades y los delitos cometidos por los magistrados de la sala de instrucción de la Corte, especialmente los magistrados Reyes y Barceló a los que pocos cuestionan y nada les pasa. Se esperaría que sus actuaciones fueran revisadas, que ante tanto delito cometido fueran procesados garantizando su debido proceso (el que ellos negaron a Uribe) y de encontrar culpabilidad fueran castigados conforme a la ley. Las actuaciones de Don Ivan también deben ser rigurosamente examinadas, de encontrarse evidencia de delitos en las pruebas recolectadas, en especial en el análisis forense de los elementos incautados a Monsalve, debe asumir la responsabilidad penal. Se cae el montaje contra el expresidente Uribe, ¿los responsables del mismo pagarán?

EL COLMO 1: Don Ivan y Montealegre anunciaron denuncia penal contra el Fiscal Gabriel Jaimes. Con sus actuaciones puso en evidencia el montaje que llevaban en la Corte y en el cual los enemigos del expresidente Uribe lo pensaban apresar a como diera lugar. NO HAY DERECHO.

EL COLMO 2: Muchos de los que hoy cuestionan la decisión de la preclusión en el caso Uribe hablan de impunidad; son los mismos que apoyan que los jefes narcoterroristas FARC que hoy están en el congreso, responsables de cientos de miles de crímenes de lesa humanidad y condenados por la justicia colombiano por ellos, no paguen un día de cárcel. NO HAY DERECHO.

 

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