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Aprobada en Comisiones Primeras conjuntas prórroga a la Ley de Orden Público. Pasa a Plenarias de Senado y Cámara

comisiones-primeras-conjuntas-1Barranquilla, 20 de noviembre de 2018.- Este lunes aunque las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron la prórroga de la Ley de Orden Público por cuatro años más, para que el Gobierno, basado en herramientas que contiene la norma, explore eventuales diálogos de paz con grupos alzados en armas, no obstante la aprobación el senador Germán Varón, ponente de la iniciativa, aclaró que el Consejo de Seguridad Nacional es el que tiene la potestad para determinar con qué grupos se negocia.

Sobre el tema, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, afirmó ante las comisiones conjuntas que “es precisamente el jefe de Estado, Iván Duque, es quien preside el Consejo de Seguridad Nacional, que además lo integran varios ministros y otros altos funcionarios del Estado”.

Sobre la aprobación Varón Cotrino afirmó que se le eliminaron una serie de condiciones que según él, “le restaba flexibilidad a una determinación presidencial de entrar a negociar a otros grupos distintos a las Farc”. Añadió que si no hay una calificación política dentro de la negociación, el que debe entrar a juzgar es la justicia ordinaria. “Creemos que el Estado ya ha extendido la mano y ahora hay que apretar”.

Para la congresista de la izquierda Verde, Juanita Gobertus, quien también actuó como ponente, “el balance es agridulce. La buena noticia es que tenemos la prórroga de la ley de orden público que es la ley que permite conducir a una negociación con el Eln. Eso nos alegra”.

Sin embargo, comentó que el texto aprobado incluye una serie de modificaciones. Por ejemplo, crea las zonas estratégicas de intervención integral, que podrían competir con los PDETS (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial). “Además, eliminamos una serie de proposiciones que pretendían favorecer nuevos procesos de desmovilización individual”.

Recalcó que en el proyecto original se creaba un fondo y en lo aprobado se crea una subcuenta.

Por su parte, el senador Iván Cepeda, también de la izquierda pero del ala radical del Polo Democrático, afirmó que con las zonas estratégicas de intervención se pretende debilitar el acuerdo de paz. “¿Para qué crear otro tipo de inversión y para qué crear facultades que ya existen? Y amenazó con demandar el artículo porque según él, “es inconstitucional”.

El senador Julián Gallo, de la ex guerrilla de las FARC por su parte descalificó el avance porque según él, “lo que busca esa disposición es el regreso de la seguridad democrática.

Por su parte la senadora María Fernanda Cabal, aseguró que los que se oponen a la norma “viven en otra realidad”, a la vez que dijo que “el presidente Duque busca concretar en el país la paz real.

La Ley de Orden Público establece que las citadas zonas estratégicas de intervención integral estarían en regiones afectadas por la criminalidad.

Para el senador Luis Fernando Velasco, lo importante es que el gobierno impulsó la prórroga, ya que se brindan herramientas para desarrollar un acuerdo de paz. “Lo primero que quiero destacar es un hecho político. Si el gobierno nacional está impulsándola la prorroga 418 de orden público, es porque evidentemente lo va a utilizar y desea tener el instrumento para iniciar o mantener un proceso de paz”, afirmó y así lo reitera un comunicado del Congreso de la República. Agregó que allí existe un mensaje político muy importante que se debe valorar. “El otro tema son los instrumentos que pide el gobierno para atender algunas zonas que consideran que tienen problemas de orden público”.

Mientras que el senador Carlos Guevara del Partido MIRA, añadió: “Se logra integrar las dos visiones frente a la posibilidad de un proceso de paz. Se mantienen los Pedets, que son las zonas estratégicas donde el gobierno quiere interponer una nueva visión para procesos de paz, y la regularización del porte de armas en el país, para empadronar todas las armas”.

De la misma manera se creó un centro de organización contra las finanzas de las organizaciones de delitos transnacionales y terrorismo y se facultó al Gobierno para reglamentar inhibidores, bloqueadores y amplificadores de señales radioeléctricas.

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